Marco Henry Santillan Danforth

Expediente 913/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
913/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Marco Henry Santillan Danforth

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 18062018

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTA LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE Y ADVIRTIENDOSE DE LA MISMA LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DEL PRESENTE MES Y AÑO, POR LAS RAZONES INDICADAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION III INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO HAGASE DICHA NOTIFICACION POR LISTA, LAS SUBSECUENTES Y AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SE SEÑALE DOMICILIO PARA TALES EFECTOS. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 4716/2018 con el que rinde su informe justificado y remite original y copia de la demanda de garantías promovida por Marco Henry Santillán Danforth por propio derecho, constancia de emplazamiento en tres fojas, oficios 2002/2018 y 673/2018, así como copias certificadas del toca civil 85/2018 y del testimonio de apelación 176/2017; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos como autoridad ordenadora a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y como ejecutora C. Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, con domicilios oficiales conocidos en esta ciudad de Pachuca. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- El auto de fecha 16 de noviembre de 2017 y la sentencia de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió una resolución en el toca civil 85/2018, relativa al recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso, resolución en la cual la sala civil responsable confirmó el auto de dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete dictado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dentro del expediente 176/2017. Inconforme con dicha resolución Marco Henry Santillán Danforth, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 85/2018, en la cual se confirmó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dentro del expediente 176/2017 por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Como lo solicita el quejoso, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de garantías y, por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la ley de Amparo a la persona que refiere en su escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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