Marco Flores Martinez
Expediente 892/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Marco Flores Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. No obran para su devolución. Documentos originales. No existen para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LOS TERCEROS INTERESADOS *****, NO ATENDIERON EL AVISO QUE LES FUE DEJADO EL 1 DE MARZO DE 2021, SE LES HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LES NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: i. La omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente *****, y fijar el desahogo de los medios de prueba dentro del término de diez días conforme a lo establecido en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo; así como la omisión de su notificación. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, de emitir acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en el expediente 1602/2019-4B, y fijar el desahogo de los medios de prueba dentro del término de diez días conforme a lo establecido en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo; así como la omisión de su notificación. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la Junta señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictó el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas en cuestión, y señaló para el desahogo de los diversos medios de prueba los días siete y ocho de diciembre de dos mil veinte, es decir, dentro del término de diez días conforme a lo establecido en el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo, acuerdo que les fue notificado a las partes, máxime que el día siete de diciembre del año próximo pasado se desahogaron diversos medios de prueba; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. [.] Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta minutos del veinticinco de febrero del dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado mediante proveído de veintidós de enero de la presente anualidad. Diferimiento. Atento a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva fecha y hora para su verificativo las once horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes
- Marco Arturo Pizano Gamez1273/2023
- Marco Aurelio Mondragon Torres209/2023
- Marco Aurelio Mondragon Torres1755/2022
- Marco Aurelio Mondragon Torres1328/2022
- Marco Aurelio Mondragon Torres1431/2023
- Marco Edgar Sandoval Serena133/2018
- Marco Herubiel Gómez Cuevas115/2017
- Marco Jovani López Jiménez13/2021
- Marco Paolo Espinoza Espino931/2022
- Marco Polo Tejada Escandon42/2021
- Marco Randy Campos Ibañez939/2019
- Marco Vinicio Vásquez Cabrera868/2021