Marco Enrique Yepez Uribe
Expediente 1231/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2018
Partes del expediente
- Marco Enrique Yepez Uribe
Actuaciones
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual remite el escrito signado por Delfino Arturo Velázquez Falcón, en su carácter de defensor público federal del agraviado Marco Enrique Yepes Uribe, circunstancia de la que se toma conocimiento. Atento a lo anterior, téngase por recibido es escrito signado por Delfino Arturo Velázquez Falcón, en su carácter de defensor público federal del agraviado Marco Enrique Yepes Uribe, a través del cual da cumplimiento a los requerimientos formulados en auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 05 a 09). En ese sentido, téngase por cumplidos y déjese sin efecto el apercibimiento ahí inserto, toda vez que fue presentado en tiempo ante el juzgado homologo. Causa de improcedencia. Ahora, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 940/2003, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama: * El acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 940/2003, por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Expuesto lo anterior, se considera que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, el quejoso en su escrito aclaratorio refiere "bajo protesta de decir verdad", que el acuerdo reclamado fue dictado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, y el veinte posterior, le fue notificado; por tanto, desde ese entonces se encontraba en aptitud de combatir el acto reclamado. Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado pero aplicable al caso, no establece el momento en el cual surte efectos las notificaciones, pues el artículo 71 del citado código establece: "ARTICULO 71. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente." Por tanto, debe estimarse que en el caso, ocurre en el mismo instante de la notificación, por lo que el computó para la presentación de la demanda inicia a partir del día siguiente. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P./J-11/2017 (10a), publicada en la página 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, con número de registro 2014199 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Y, la tesis I.10o.P.19 P, publicada en la página 1448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, con número de registro 177316, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la promoción del juicio de garantías es de quince días contados desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Penales, no contiene disposición expresa a partir de cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo el artículo 71 prevé que: "Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación ..."; de ahí se infiere que, de acuerdo a dicho precepto, las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realizan, comenzando a correr el término para efectos de la interposición del amparo, al día siguiente al de la notificación." Por ende, si el agraviado "bajo protesta de decir verdad" refirió que el auto reclamado se le notificó el veinte de julio de dos mil dieciocho, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día, de ahí que el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado, antes precisado, transcurrió del veintitrés de julio al diez de agosto de dos mil dieciocho, previo descuento del veintiocho, veintinueve de julio, cuatro y cinco de agosto de dos mil dieciocho, en razón de que fueron sábados y domingos considerados inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de la materia. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, según se advierte del sello impreso en la parte superior derecha de la demanda de amparo. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo, al no hacerse dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el catorce de agosto pasado, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la tesis consultable en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Marco Enrique Yepez Uribe, por conducto de su defensor público Delfino Arturo Velázquez Falcón, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Demanda. Por recibida la demanda de amparo por Delfino Arturo Velázquez Falcón, quien se ostenta como Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México a favor del quejoso Marco Enrique Yepez Uribe, contra actos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1231/2018-IV. A fin de proveer lo conducente sobre la demanda, es necesario tener presente el contenido de los numerales 108 y 114 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo trascrito evidencia que el precepto 114 de la Ley de Amparo, no limita las facultades del juzgado federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que lo hace, como lo confirma la fracción I del primer numeral aquí citado. En otras palabras, la facultad de requerir aclaración de demanda no se constriñe a la carencia en tal libelo, de los requisitos que prevé el numeral 108, ni a los que de manera ejemplificativa pero, desde luego, no limitativa, se exponen en las fracciones II a V del precepto 114 de la Ley de Amparo. En torno a tal requerimiento aclaratorio, el penúltimo párrafo del artículo 114 referido dispone, que si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Además, la parte final de dicho precepto (114) menciona que en caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley; la omisión de exhibirlas para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Por ende, una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el numeral 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la promovente por el plazo de cinco días para que por escrito, con dos copias de éste, y entendida de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán en razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según sea el caso, de manera conjunta o distinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Realice lo siguiente: Primero. Deberá aclarar el acto que por esta vía reclama específicamente, toda vez que refirió: "ACTO RECLAMADO: De la autoridad anteriormente señalada como responsable reclamo el acuerdo de fecha diecinueve de julio de os mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 940/2003 seguido en contra de mi defendido, por los delitos de homicidio y Delincuencia Organizada". Sin embargo, en el aparatado de antecedentes refiere: "Mediante acuerdo de fecha diecinueve de julio del año en curso, la autoridad señalada como responsable, al acordar lo relativo a la solicitud de esta defensa mediante el cual se interpone recurso de revocación contra el proveído de nueve de julio del presente año, por los que se desechó el incidente no especificado de sobreseimiento planteado." Lo anterior, crea incertidumbre a este juzgado sobre la pretensión de la promovente, es decir, si reclama proveido de diecinueve de julio o el proveído de nueve de julio del presente año. Sobre el particular, se invoca la tesis consultable en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Segundo. De conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá realizar de manera sucinta y cronológica los antecedentes en el acto reclamado en el capítulo de hechos o abstenciones que les constan. En el entendido que el requerimiento formulado en párrafos precedentes, se vierte de manera enunciativa, más no limitativa, por ende, el impetrante del amparo deberá hacer referencia a cualquier dato que pudiera resultar trascendente para el conocimiento claro y preciso de los antecedentes del acto reclamado, porque al promover en la vía indirecta es evidente que el juzgado de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Al respecto, se estima pertinente hacer hincapié en el hecho de que dada la naturaleza de lo requerido, se traduce en hacer suyos hechos que les constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda, circunstancia que los obliga a narrar cada uno los antecedentes del acto reclamado, por tratarse de hechos propios. Sobre el particular se invoca, la tesis I.7o.A.100 K, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, con el número de registro 175345, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Tercero. Toda vez que el quejoso omitió indicar la fecha de notificación del acto reclamado, de conformidad con los ordinales 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, deberá indicar la fecha exacta en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional. Se justifica lo anterior, pues es un requisito que debe contener la demanda de amparo, por tanto, la omisión de ésta constituye una irregularidad en el libelo de garantías que debe ser subsanada. En lo conducente, es aplicable la tesis publicada en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1994, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado". Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. En conformidad con en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Al caso, por analogía, es aplicable la tesis publicada en la página tres mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Laboral, Quinta Época, con el rubro y texto siguiente: "HORAS INHÁBILES, HABILITACIÓN DE. No existe infracción a los artículos 455 y 456 de la ley, cuando las Juntas están en posibilidad de habilitar las horas inhábiles del día en que llevan a término la audiencia de demanda, excepciones y pruebas, para los fines que señalen." Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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