Marco Efren Canul Avila
Expediente 1929/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Efren Canul Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1929/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****** y/o *******, contra actos de la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por Marco Efrén Canul Ávila y/o Marcos Efrén Canul Ávila, contra actos de la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda fue enviada por razón de turno a este Juzgado de Distrito. En acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1929/2023, y se admitió a trámite. (...) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y el Departamento Jurídico en Materia de Amparo de la Policía Estatal de Investigación, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en contra de **** y/o M****, manifestación que se considera acertada. En efecto, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, los actos materia del juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Ahora, por lo que hace a los actos positivos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para efectos de determinar la existencia de un acto de esta naturaleza, la afectación no debe provenir de actos que en lo futuro pudieran generarla, sino que su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Es decir, para analizar un acto de autoridad de naturaleza positiva, éste necesariamente debe existir desde antes de ejercer la acción constitucional, esto es, que la autoridad en uso de su potestad, realice la acción que el particular considera violatoria de derechos fundamentales, aun cuando ésta no se haya ejecutado al ejercer la acción constitucional, pues esto sólo es consecuencia de alguna eventualidad que haya impedido su materialización, mas no por la falta de pronunciamiento de la autoridad. Lo anterior, pues la Suprema Corte ha emitido diversos criterios en los que ha establecido la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes, sin embargo, de su propio contenido se advierte que por tales se entienden aquéllos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. C(...)." Expuesto lo anterior, en el particular la parte quejosa ejerció la acción constitucional el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la que señaló como acto reclamado la orden de reaprehensión decretada en su contra el once de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **/2019. Por su parte, en su informe con justificación, la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, reconoció que emitió el auto de once de agosto de dos mil veintitrés; para corroborarlo remitió el disco óptico de almacenamiento digital con las constancias de la causa penal natural; documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. Ahora, del análisis de las constancias enviadas por la responsable, se desprende que el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, sólo contiene el apercibimiento formulado al quejoso para que exhibiera la garantía económica determinada en la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, apercibido que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. Así, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se ha librado la orden de reprehensión, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado La Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, aceptó la existencia del auto de once de agosto de dos mil veintitrés. Además, acompañó fotocopia de las constancias de la causa penal natural, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. (...) OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados En este considerando se realizará el análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En su único concepto de violación, el quejoso sostiene que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 Constitucional. Además, sostiene que la cantidad exigida por la responsable es desproporcional, pues se impuso sin valorar su condición económica, ya que dentro de la causa penal acreditó que tiene un ingreso mensual de diez mil setecientos pesos. Lo argüido por el quejoso es infundado e inoperante. En primer lugar, contrario a lo que arguye el impetrante del amparo, la autoridad responsable no vulneró los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Para justificar lo anterior, primero debe decirse que los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas contenidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referidos a los actos de las autoridades jurisdiccionales, se cumplen con el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y con una sentencia que resuelva la totalidad de las cuestiones efectivamente planteadas, durante el juicio. La obligación de fundar y motivar las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, implica que éstos expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que consideraron para resolver la problemática jurídica sometida a su conocimiento, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de fuerza legal suficiente. Ahora, a parte de una adecuada fundamentación y motivación, la resolución debe ser congruente y exhaustiva. El principio de congruencia obliga a que la sentencia debe tener concordancia no sólo consigo mismo, sino también con la materia del juicio, tal y como se haya establecido en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. La primera, es aquella característica en que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. La congruencia externa, atañe a la relación que debe existir con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que no distorsione o altere lo pedido o lo alegado, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir alguna que no se reclame, ni se condene o se absuelva a alguien que no es parte en el juicio. Por otra parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad, respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes. En otras palabras, para que una decisión judicial cumpla con los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, deberá atender a todos y cada uno de los argumentos que aduzcan las partes, a fin de solucionar la totalidad de los puntos materia de la controversia. Además, no contendrá contradicciones en las consideraciones contenidas en ella o con lo pretendido por las partes. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Ahora, en la especie el análisis del auto reclamado arroja que fue correcta la determinación de la autoridad responsable, pues fue emitida de manera fundada y motivada. Lo anterior es así, pues de la lectura del auto de once de agosto de dos mil veintitrés, se advierte que la responsable citó expresamente los preceptos legales en que sustentó su actuación, en el sentido de que concedió al quejoso, el plazo de diez días hábiles, para que exhibiera la garantía fijada en la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través de la cual se declaró procedente la revisión de las medidas cautelares, con el apercibimiento que de no cumplir se decretaría su reaprehensión. Ello, en razón de que, no obstante haber interpuesto el recurso de apelación contra de la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, debía cumplir con exhibir la cantidad fijada en dicho auto, en función de que la apelación interpuesta contra dicha resolución, no tiene efectos suspensivos, sustentado su determinación en los artículos 387 y 429 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado. De lo anterior, se advierte, que tal requerimiento es una consecuencia directa de la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal donde la autoridad fijó la cantidad para sustituir la medida de prisión preventiva. A su vez, las razones que la Jueza responsable expuso para ordenar al inculpado que cumpla con exhibir la garantía, fueron plasmadas en el acto reclamado; consistieron en que la tramitación del recurso de apelación interpuesto no tiene efectos suspensivos, en razón de que el acuerdo en el que se fijaron dichas cantidades, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 387 y 429 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado. Preceptos que, al encontrarse situados en el capítulo VI, titulado "De la Apelación" y III "De la suspensión del Procedimiento", regula en concreto el trámite, efectos y resolución del recurso de apelación, de los que se advierte que dicho medio de impugnación únicamente tiene efectos suspensivos, tratándose de las siguientes: I. Sentencias definitivas condenatorias; y, II. Autos que ordenen suspender el proceso. Lo considerado por la responsable se estima correcto, toda vez que la Jueza se apoyó en las hipótesis en las que la interposición de la apelación tendrá efectos suspensivos, es decir, tratándose de la resolución impugnada, la interposición de dicho recurso no suspende la ejecución de la determinación apelada, por no haberse interpuesto contra alguna de las resoluciones que se relacionan en los preceptos invocados. En consecuencia, es dable concluir que no existía impedimento alguno para continuar con la ejecución de la resolución impugnada a través del recurso de apelación, es decir, para que se conminara al quejoso a cumplir con las obligaciones que ahí le fueron impuestas, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, emitiría la orden de reaprehensión en su contra. De ahí que, contrariamente a lo que aduce el quejoso, la Jueza responsable atendió al mandato constitucional consagrado en el artículo 16 Constitucional. En otro orden de ideas, es inoperante lo argüido en el sentido de que las cantidades impuestas para obtener el beneficio de libertad provisional, son inasequibles, pues no se tomaron en consideración las circunstancias que integran la causa penal; lo anterior, pues dichos argumentos están dirigidos a controvertir el monto de la cuantía, la cual fue determinada en la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, y no forma parte de la materia de estudio del presente juicio constitucional. En razón de que los fundamentos y motivos que la responsable estimó para fijar los parámetros para conceder al quejoso el beneficio solicitado, fueron fijados en la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el cual será analizado en el recurso de apelación que el impetrante interpuso en su contra, el cual se encuentra pendiente de resolver. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***** y/o *******, contra actos de la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****** y/o ********, contra el acto reclamado a la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******, la determinación de 30 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante proveído de fecha dieciocho de octubre del presente año, se ordenó emplazar a juicio como tercero interesada a ********************como apoderada legal de********************, sin que obre en autos la constancia de emplazamiento de la misma. En relación con lo anterior, también se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante proveído de fecha dieciocho de octubre del presente año, se ordenó emplazar a juicio como tercero interesada a ********************como apoderada legal de********************, sin que obre en autos la constancia de emplazamiento de la misma. En relación con lo anterior, también se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto de nueva cuenta el informe justificado rendido por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (registro 14236), del que se advierte que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado en los presentes autos a ******************** como apoderada legal de ********************, la cual puede ser emplazada en el ********************. En tal virtud, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya al domicilio antes citado y emplace a ******************** como apoderada legal de ********************, entregándole copia simple de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, deberá hacerle saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses, debiendo prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, sin necesidad de ulterior acuerdo que así lo ordene. Hágasele saber que se encuentran fijadas las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TERINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, désele vista con los informes justificados que obran en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO ******************** COMO APODERADA LEGAL DE ********************. NOTIFÍQUESE.
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