Marco Edgar Morales Espinosa

Expediente 638/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
638/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Marco Edgar Morales Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    (6) Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de abril del año en curso (fojas 390 y 391), en el que se les dio vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional dictada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina oficiosamente si la misma ha sido cumplida en todos sus extremos. Así, en sentencia terminada de engrosar el veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 252 a 269), se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, (i) dejara insubsistente la resolución *** emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el expediente ***; y, (ii) siguiendo los lineamientos de dicha sentencia, dictara otra en que niegue revocar la autorización a la quejosa para operar como Unidad de Verificación Vehicular Cuarenta y cuatro, ubicada en ***, en virtud que no se actualizó ninguna de las infracciones por las que se inició el citado expediente administrativo Resolución que fue recurrida por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (fojas 311 y 312), y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito (fojas 347 a 368). Luego, la encargada de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, remitió la fotocopia certificada de la resolución ***, y oficio con número ****, ambos de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, constancias que cuentan con valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se sigue lo siguiente: 1. Se dejó insubsistente la resolución *** de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro del sumario administrativo ***, y emitió otra en que dejó insubsistente orden de inspección efectuada dentro del expediente administrativo número ****, así como todo lo actuado con posterioridad. Por tanto, toda vez que se dejó insubstente la resolución *** emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintidós emitida en el expediente administrativo de origen, y si bien el efecto no fue para que dejara insubsistente la orden de visita y todo lo actuado, pues de la simple lectura de la ejecutora de amparo no se advierte que ese haya sido efecto, empero en todo caso dejó insubsistente todo lo actuado desde dicha orden de inspección así como lo actuado con posterioridad, lo que se traduce que se volvió al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos humanos por parte de la responsable; en consecuencia, a juicio de quien esto resuelve, al haberse acatado la totalidad de los efectos señalados en la ejecutoria de amparo, se declara que ésta ha quedado cumplida, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se cita: Época: Décima Época Registro: 2010987 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.) Página: 832 SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.

  2. Principal

    (1) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número *** III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el acaso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, fracción III y quinto transitorio, párrafo primero todos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días:." Las normas transcritas disponen en su conjunto que el plazo para presentar una demanda de amparo es de quince días; ello, sin que la norma reclamada haga excepción alguna respecto de actos dictados dentro del proceso penal, como sucede con la vinculación a proceso. Apoya lo anterior, el precedente cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2009174 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 12/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Luego, en el caso, de acuerdo a la lectura integral del escrito de demanda, el quejoso precisó que en esta instancia se reclaman "la orden de aprehensión y/o detención y/o búsqueda y/o localización y/o orden de presentación y/o citatorio". Al narrar los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, se colige, que el día trece de marzo de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del acto reclamado precisado en el párrafo que precede, debido a que fue notificado mediante llamada telefónica, a fin de que se presentara el jueves dieciséis de marzo del año en curso, a las doce horas en los juzgados en materia penal en el Estado de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, además sus vecinos le comentaron que fueron dos personas del sexo masculino a buscarlo para presentarlo ante ese juzgado y dijeron ser oficiales pero sin identificarse; situación que lo obliga acudir ante esta instancia constitucional a fin de solicitar la protección de la justicia federal. Por lo que, conforme al numeral 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el presente juicio de amparo comenzó a correr al día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del mismo, esto es, del catorce de marzo de dos mil veintitrés, y concluyó el diez de abril del mismo año, previo descuento de los días dieciocho a veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, uno, dos y cinco a nueve de abril por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la Ley de Amparo establece el término genérico de quince días para la promoción del juicio constitucional, es evidente que, el plazo para la presentación de la demanda en relación con los actos reclamados por la parte quejosa había feneció antes de la fecha de presentación de la demanda constitucional, esto es, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (foja 1). Luego, el plazo genérico de quince días previsto en la Ley de Amparo para reclamar los citados actos reclamados, ha transcurrido en exceso. Así, al existir fecha cierta de conocimiento del acto reclamado, expuesta bajo protesta de decir verdad por el quejoso, es indudable que la presentación de la demanda de amparo en veinticuatro de abril de dos mil veintitrés resulta a todas luces extemporánea. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los precedentes siguientes: "Registro digital: 2010471 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 713 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." En consecuencia, la presentación extemporánea de la demanda de amparo, actualiza la improcedencia de la acción constitucional al tenor del artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, en términos del diverso ordinal 113 de la ley reglamentaria en cita, procede desechar la demanda de cuenta. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ********************. a. Domicilio. Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados que ocupan éste órgano jurisdiccional. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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