Marco de León Quiroga

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Marco de León Quiroga

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual, remite testimonio de la resolución dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 222/2021 de su índice, y devuelve el original del Juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Ahora, de la aludida resolución, se advierte que el tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja y determinó confirmar el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado que desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se ordena el desglose de los documentos originales que obren dentro del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto, y glósense a los autos originales. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 2 En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, en virtud de que se trata de un juicio en el que se desechó la demanda de amparo, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha; de igual forma, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez transcurridos los tres años para la destrucción, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Finalmente, se hace saber a las partes que mediante oficio SEADS/1160/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, comunicó la adscripción del suscrito Oswaldo Alejandro López Arellanos, como titular de este órgano jurisdiccional. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 3 ??????????????? Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Fernando de Jesús Aguilar Villalobos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. FJAV/Gilberto En esta fecha se gira el oficio 4275. Conste. FERNANDO

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso Marco de León Quiroga, en la constancia de notificación de diecinueve de octubre del año en curso, en la que señala que interpone recurso de queja contra el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítase de inmediato el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Turno, adjúntese copia certificada de la referida diligencia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal. Se instruye al Secretario para que bajo su más estricta responsabilidad, remita los autos del presente juicio, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal de Circuito, con residencia en aquella ciudad, para la substanciación del recurso correspondiente. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 Por otra parte, comuníquese al Tribunal Colegiado que en el presente juicio de amparo no se ha interpuesto diverso recurso. De igual manera, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, manifestando que es cierto el acto que recurre la parte quejosa, pues este juzgado dictó el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda promovida por la parte quejosa. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese cuadernillo de antecedentes.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Marco de León Quiroga, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, y otra, contra el acto reclamado que se hace consistir en la omisión de dar las cinco horas de visita por semana, separadas de la visita familiar y visita íntima, y pedir en cada visita certificado médico de 48 horas de anticipación de no contagio del covid-19. Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 477/2021. En ese sentido, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable para las personas privadas de su libertad, con motivo de prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal, establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capitulo relacionado con el régimen de internamiento, el cual menciona que las condiciones de internamiento son para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Bajo las circunstancias expuestas, conviene señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Establecido lo anterior, esta Juzgador estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Lo anterior, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Como se puede ver, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora bien, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 18 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2001988 del rubro y texto siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas.". Por su parte, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 52, 107, 114, 115 y 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, el siguiente derecho: (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (.)" "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. (.) IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil.." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Ahora bien, el promovente en el presente sumario constitucional reclama la omisión de no dar las cinco horas de visita por semana, separadas de la visita familiar y visita íntima, y pedir en cada visita certificado médico de 48 horas de anticipación de no contagio del covid-19. Como puede advertirse, el promovente pretende acudir a esta instancia constitucional en contra de una condición de internamiento. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian se contempla el recurso de apelación y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Asimismo, por analogía la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1701, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Materia Común, Decima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, que precisa: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Decima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que precisa: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones." Así también, sirve de apoyo la jurisprudencia 573, publicada en la página 515, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que precisa: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 ??????????????? medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. En términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese las notificaciones al quejoso en el lugar que se encuentra recluido. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de ROSA PATRICIA CORDOVA RANGEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.38.38.39.36.31.33 23/06/25 09:21:58 transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que otorga el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final.??????????????? Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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