Marco De León Quiroga
Expediente 1314/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2022
Partes del expediente
- Marco De León Quiroga
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a través del cual, acusa recibo del juicio de amparo 1314/2021-IV-A, de este índice, y comunica que aceptó la competencia declinada en el presente sumario. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno, así como, el diverso 8.1.2, inciso 10 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ++++++++++++++, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1314/2021-IV-A. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda que se recibe, se aprecia que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1. C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 2. C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 3. C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 4. C. JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 5. C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 6. C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 7. C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS: 1. C. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. C. TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. - ACTO RECLAMADO RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORA Y EJECUTORAS: LA INFUNDADA E INMOTIVADA ORDEN DE APREHENSIÓN, LIBRADA EN MI CONTRA Y TODO ACTO TENDIENTE AL CUMPLIMIENTO Y MATERIALIZACIÓN DE LA DETENCIÓN." INCOMPETENCIA Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De los preceptos aludidos se destaca que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en turno. Lo anterior es así, ya que del escrito de demanda se advierte que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-Chiapas". En ese sentido, cabe aducir que la ejecución material del acto tildado de inconstitucional será en el lugar en donde se encuentra interno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1ª./J.37/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 90, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1314/2021-IV-A, del índice de este órgano de control constitucional, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 30 fracción II y 31 de la Ley de Amparo, fracción II, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el usuario electrónico "Omar82garcia", asimismo se autoriza para la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico y un número telefónico a efecto de poder establecer comunicación. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. En el entendido de que cuando las partes requieran de las mismas, deberán generar su código QR para que el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes; para acudir al área indicada y se realice el fotocopiado respectivo; sin embargo, para cumplir con la entrega recepción los solicitantes deberá realizar lo siguiente: Como se dijo deberá generar su código QR para que el día asignado se baje al área respectiva y se realice el fotocopiado de las constancias solicitadas. En caso de ser certificadas, al día siguiente, se hará la certificación correspondiente de las constancias, es decir, el entre sello, folio, rubrica y la certificación respectiva. ( De ser el caso) Y, en un tercer día, la entrega de las mismas. Para el caso de que las partes necesiten el fotocopiado de varios tomos derivados del juicio principal o incidental, según corresponda, dicha labor se hará en varios días; en el entendido de que el máximo de copias a sacar por día será de trescientas fojas; por ello, si las copias solicitadas rebasan ese límite, se irán sacando por día hasta concluir con las mismas y, después conforme a los puntos anteriores, en otro día la certificación y en un diverso momento la entrega de las mismas. Lo anterior es así, por la reducida plantilla del personal que fue asignado para laborar en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; aunado a las cargas de trabajo y el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los asuntos que se ventilan de forma cotidiana en este Órgano jurisdiccional. Se hace de su conocimiento que, en el día autorizado para el acceso al inmueble del órgano jurisdiccional, deberá de estar presente a la hora indicada, ya que, de no ser así, no se esperará y deberá solicitar nueva diligencia para esa labor. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Marco Antonio Villegas Saavedra921/2018
- Marco Antonio Villegas Saavedra868/2017
- Marco Antonio Villegas Vara201/2021
- Marco Antonio Zamora Madero1563/2019
- Marco Antonio Zepeda García1275/2019
- Marco de León Quiroga454/2023
- Marco de León Quiroga1387/2022
- Marco Enrique Yepes Uribe505/2020
- Marco Enrique Yépez Uribe1533/2018
- Marco Hernández Méndez y Otros.317/2015
- Marco Omar Castillo Cabllero1542/2015
- Marco Pascual Hurtado Rojas1578/2016