Marco Cesar Ibañez Barrera

Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
907/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Marco Cesar Ibañez Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta signado por la parte promovente, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Procedencia. Atento al contenido de la demanda de amparo, así como al del ocurso aclaratorio, este órgano jurisdiccional procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por las razones expuestas a continuación, el suscrito considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la trascripción de los artículos y fracciones que contienen la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando dichos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Caso concreto. De la lectura íntegra del escrito de demandada se desprende que el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la resolución de seis de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, en autos del expediente 548/2019, relativo al juicio de alimentos y pago de pensión alimenticia; determinación que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dos de octubre de este año, en el que por la aquí tercera interesada fue declarada rebelde, y en su lugar, determinó que era dable tenerla contestando el incidente de sustitución de custodia planteado por el aquí quejoso. En este sentido, debe destacarse que el referido acto reclamado fue dictado dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, en el cual el promovente del amparo es el demandado en lo principal y actor incidentista, por lo que se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Además, la determinación reclamada tampoco constituye un acto procesal de ejecución irreparable, pues únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales; ello es así, pues la consecuencia que pudiera acarrear sería que al resolver el incidente de substitución de custodia propuesto por el ahora quejoso, se tomen en cuenta las manifestaciones expuestas por la demandada incidentista, en cuyo caso, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene resolución favorable a sus intereses al momento de que se resuelva la cuestión incidental que se trata. En caso contrario, el juicio biinstancial podrá promoverse contra la interlocutoria que resuelva en definitiva la incidencia de que se trata, en el cual se podrán reclamar las violaciones procesales cometidas dentro de éste. Al caso se cita la tesis emitida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página: 1729, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO: Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional". Igualmente, las tesis de jurisprudencia 244 y 774, que obran a fojas 164 y 523, respectivamente, publicadas en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 1995, cuyos rubros dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS"; y "EJECUCIÓN IRREPARABLE. ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL)". En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Marcó César Ibáñez Barrera, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales S.D.I.G., contra el acto del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. En el dictado de la presente resolución cabe la precisión que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley".

  3. Principal

    Vista, la demanda de amparo requiérase a la parte promovente para que señale, bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del término de cinco días, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

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