Marco Brallan Vallejo Zuñiga
Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Brallan Vallejo Zuñiga
- Gabriela Fernanda Cardiel Falcon, Presidente de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En León, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
León, Guanajuato; siete de septiembre de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********, parte quejosa, a través del cual cumple con los requerimientos que se le formularon en proveídos de veintidós de julio, tres y diez de agosto del año en curso, y en atención a ello, se acuerda: Acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el expediente laboral ************, a través del cual tuvo como demandada en el contradictorio de origen a la persona moral denominada Hospital Guadiana, Sociedad Civil, ordenando el emplazamiento de ésta y no así a la moral que el impetrante del amparo denominó en su escrito inicial de demanda como Hospital Ramírez Guadiana, Sociedad Civil; lo que trajo como consecuencia que la totalidad del juicio se continuara con el aludido error, imposibilitándole la ejecución del laudo decretado a su favor. Acuerdo el anterior, que el quejoso afirma bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el uno de octubre de dos mil veinte. Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se determina que es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En la especie, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, en el escrito con el que se dio cuenta, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el uno de octubre de dos mil veinte, se le notificó el auto reclamado de veintiocho de septiembre del mismo año, que contiene el error en el nombre de la parte demandada en el juicio de origen. Manifestación a la que se le otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", por lo que se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, afirmó que el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte se le notificó desde el uno de octubre del mismo año. Por tanto, de la fecha en que la peticionaria fue notificada del acto reclamado (uno de octubre de dos mil veinte), a la data en que promovió el presente juicio constitucional (veinte de julio de dos mil veintidós), ya había transcurrido en demasía el plazo legalmente previsto para impugnar mediante juicio de amparo el acto que reclama. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto, es decir, el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de dicho auto. Entonces, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, hasta el veinte de julio de dos mil veintidós, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fue tácitamente consentido el acto reclamado en esta vía constitucional. Ante lo cual, resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Sin que pase inadvertida para la suscrita la manifestación del quejoso en el sentido de que se percató del error en el nombre de la demandada hasta la diligencia de seis de julio del año en curso, en la que el actuario designado se abstuvo de ejecutar el laudo decretado a su favor; sin embargo, al ser el impetrante parte actora en el contradictorio de origen y al ser el acto reclamado un acuerdo dictado dentro de éste, el término de los quince días para promover la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Aunado a que de las documentales que el quejoso allegó al juicio de amparo en copia simple se desprende que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el siete de diciembre de dos mil veinte, también se tuvo como demandada al Hospital Guadiana, Sociedad Civil; audiencia en la que estuvo presente el apoderado del quejoso, de ahí que no puede alegar desconocimiento de tal situación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Robustece la improcedencia de la demanda en estudio, el hecho de que en el contradictorio de origen el laudo fue dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, operando con ello un cambio de situación jurídica que imposibilita a este juzgado analizar una actuación anterior al dictado de aquél, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; de ahí que en el caso a estudio también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, al haberse emitido el laudo correspondiente, no es jurídicamente posible analizar una actuación dictada con anterioridad a éste, pues no debe perderse de vista que el quejoso no es tercero extraño, sino parte demanda en el juicio de origen; de ahí que estuvo en aptitud de controvertir el error del que ahora se duele una vez que le fue notificado el auto que lo contiene, o bien, alegarlo como violación procesal en el amparo directo promovido contra dicho laudo; máxime si se toma en cuenta que en el laudo también se tuvo como demandada a Hospital Guadiana, Sociedad Civil. Finalmente, este juzgado también está imposibilitado para analizar el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Presidenta de la junta responsable, en la que ordenó requerir a la persona denominada Hospital Guadiana, Sociedad Civil, el pago de las prestaciones a que fue condenada, así como la diligencia de seis de julio del año en curso, en la que el actuario se abstuvo de ejecutar aquella resolución; pues aunado a que no se señalaron como actos reclamados destacados, dichas actuaciones se gestaron en la etapa de ejecución del laudo, de ahí que deben ser impugnadas por el quejoso a través del recurso de revisión previsto por los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo.
- Principal
León, Guanajuato; diez de agosto de dos mil veintidós. I. Parte quejosa cumple parcialmente. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Marco Brallan Vallejo Zuñiga, mediante el cual cumple parcialmente con los requerimientos de fechas veintidós de julio y tres de agosto, ambos de dos mil veintidós; lo anterior, ya que únicamente cumple con los puntos 1) y 3), sin embargo, por lo que hace al punto 2), si bien narra antecedentes relativos al acto reclamado, lo cierto es que no lo hace de manera completa, cronológica y detallada, puesto que no precisa las fechas en que le fueron notificados los acuerdos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintitrés de mayo de dos mil veintidós; asimismo, tampoco precisa la fecha en que fue dictado el laudo en el contradictorio de origen, así como la data en el que le fue notificado el mismo; por tanto, resulta necesario requerírselo nuevamente al aquí quejoso; en consecuencia, deberá: Relatar, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto que reclama, incluyendo las fechas en que le fueron notificados los acuerdos de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y veintitrés de mayo de dos mil veintidós, así como la fecha en que fue dictado el laudo y la data en que le fue notificado el mismo; datos que está en aptitud de proporcionar, por ser la parte actora en el juicio laboral de origen; asimismo, de ser posible, deberá exhibir copia de los aludidos autos, laudo y sus respectivas notificaciones, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de verificar la fecha en que se practicaron aquéllas. Sin que este órgano de control constitucional soslaye que el quejoso refiera que se dio cuenta del error en el nombre de la parte demandada en el contradictorio de origen en la diligencia de seis de julio del año en curso, derivado de la abstención del actuario de ejecutar el laudo; sin embargo, al emanar el acto reclamado de un juicio laboral en el que el quejoso tiene el carácter de actor, es necesario que informe, bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que le fueron notificados dentro del aludido juicio los autos y el laudos anteriormente descritos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, página 32, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Ahora bien, en virtud de que la parte promovente fue notificada del auto de requerimiento el tres de agosto de dos mil veintidós, surtiéndole efectos dicha notificación al día hábil siguiente (cuatro de agosto), de tal suerte que el término concedido empezó a computarse a partir del día cinco del mes y año que transcurre y fenecería el ocho de agosto de este año, presentando su promoción el cinco de agosto de dos mil veintidós, indíquese al promovente que cuenta con un día para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Finalmente, hágasele saber al peticionario del amparo que sigue subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintidós de julio del año en curso. II. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Parte quejosa pretende cumplir prevención. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ********************por medio de cual pretende cumplir la prevención de demanda que se le formuló en proveído de veintidós de julio pasado; sin embargo, previo acordar lo conducente, es menester precisar que este órgano jurisdiccional previno a la parte quejosa para los siguientes efectos: "1) Precise de manera clara cuál es el acto que en concreto reclama u omisión en la presente instancia constitucional. Ya que por una parte señala que se trata de la "determinación asumida por el responsable en el auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, no precisa en que consiste esa determinación ni señala el nombre del responsable; pues de su escrito de demanda solo se obtiene que se duele de la notificación del auto en que se ordenó la ejecución del laudo y la abstención de ello, sin especificar de manera clara los motivos de ello y la determinación asumida por la responsable para su afectación. 2) Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera enunciativa más no limitativa, clara, cronológica y detallada todos los antecedentes relativos al acto reclamado en ejecución del laudo, actividad procesal que hubieren llevado a cabo las partes, considerando que en la etapa de ejecución, la injerencia o intervención corresponde a la parte actora en cuyo favor se pronunció el laudo, de acuerdo a los numerales 838, 740, 764, 765, 772, 847, 940, 941, 945 y 950, al tratarse de una actividad procesal u omisión (notificación) por parte de la autoridad responsable en la etapa de ejecución del laudo, y la afectación generada si actuó de manera oficiosa. 3) Aclare su petición a que alude en su escrito de demanda, cuando solicita se requiera a la responsable para que envíe los autos originales del expediente laboral número ********************, a fin de rendir pruebas en el juicio de origen; si su pretensión es, que este órgano jurisdiccional llevé a cabo el procedimiento de ejecución de laudo." Ahora, del escrito de referencia, se advierte que la parte promovente, es omisa en dar cumplimiento a los requerimientos formulados, pues para satisfacerlos, anexa una nueva demanda de amparo en la que refiere cumplir con las exigencias que le fueron solicitadas, lo cual resulta improcedente; toda vez que en auto de prevención de veintidós de julio de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento que no debía formular nueva demanda, sino limitarse a cumplir con lo ahí requerido. Por tanto, se determina que el ocursante no cumple a cabalidad con la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena la devolución del nuevo escrito de demanda. II. Se requiere nuevamente a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, resulta necesario requerir nuevamente a ********************a fin de que se constriña a cumplir lo requerido en el citado auto de prevención de demanda, en los términos que le fueron solicitados. Ahora bien, en virtud de que la parte promovente fue notificada del auto de requerimiento el veinticinco de julio de dos mil veintidós, surtiéndole efectos dicha notificación al día hábil siguiente (veintiséis de julio), de tal suerte que el término concedido empezó a computarse a partir del día veintisiete de julio del año que transcurre y fenecería el dos de agosto de este año, presentando su promoción el veintinueve de julio de dos mil veintidós, indíquese al promovente que cuenta con dos días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TERMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATO LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO." Asimismo, cabe invocar por identidad de razonamiento, la Jurisprudencia 1a./J. 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 400, Libro VIII, Tomo 1, Mayo de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Finalmente, hágasele saber al peticionario del amparo que sigue subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintidós de julio del año en curso. III. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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