Marco Aurelio Zarate Huerta
Expediente 352/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Marco Aurelio Zarate Huerta
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
- Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Ponente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Ahora, en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA."; se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 349/2018, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término a que se refiere el citado precepto 202 de la ley de la materia, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados (foja 175), siendo que a la tercera interesada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, realizó manifestaciones al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de julio de dos mil diecinueve, este órgano colegiado concedió a Marco Aurelio Zárate Huerta, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta laboral, deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que: Se pronuncie fundada y motivadamente sobre la existencia de la relación laboral entre Marco Aurelio Zarate Huerta y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, tomando en consideración todas las pruebas admitidas y desahogadas; valorándolas de manera pormenorizada. De manera congruente y con libertad de jurisdicción resuelva lo que proceda" (foja 139). Mediante oficio 6474/2019, este órgano jurisdiccional remitió testimonio de dicha ejecutoria, así como las constancias de autos que sirvieron para el conocimiento del asunto, previniendo a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia. Así, en la etapa de ejecución de sentencia de amparo, la autoridad responsable envió a este tribunal, el oficio 1564/2019, mediante el cual en cumplimiento al fallo pronunciado en el juicio de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente el laudo de seis de febrero de dos mil dieciocho; y ordenó el turno para el dictado de un nuevo laudo; luego mediante oficio 1696/2019, remitió copia certificada del laudo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que concluyó con los resolutivos siguientes: "Primero. Se dicta la presente resolución en cumplimiento a las ejecutorias dictadas dentro de los juicios de amparo directo 349/2018 relacionado con el 352/2018, ambas dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Segundo. El actor Marco Aurelio Zárate Huerta, probó su acción.- Tercero. La demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, no logró demostrar con sus pruebas ofrecidas que no existió relación laboral con el actor Marco Aurelio Zárate Huerta, en consecuencia.- Cuarto. Se condena a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor Marco Aurelio Zárate Huerta, las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio y diferencias salariales, en cantidad total de la cantidad total de $1,034,174.36 (un millón treinta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos M.N.) más los intereses capitalizables que se generen hasta el momento en que se dé cumplimiento a la presente resolución; así como a realizar las aportaciones de seguridad social, en términos del considerando VI y VII de la presente resolución.- Quinto. Se absuelve a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor horas extras y de la declaración por parte de esta junta respecto de que como secretario académico debió percibir la cantidad de $48,336.00 en forma mensual, en términos de lo analizado en los incisos g) y h) del considerando VII, de la presente resolución.- Sexto. Se absuelve al demandado Leoncio González Fernández, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor en términos del considerando VI, de la presente resolución.- Séptimo. Notifíquese." (fojas 172 vuelta y 173). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Fijó la litis en determinar si existió la relación laboral consentida fictamente por la Universidad demandada, como consecuencia de su incomparecencia a la etapa de demanda y excepciones, o bien, con las pruebas ofertadas por la demandada, ésta no existió. Consideró que por regla general cuando el demandado niega la existencia de la relación laboral, se revierte la carga de la prueba a la parte actora para demostrar lo contrario a dicha negativa; sin embargo, señaló que en el caso, dada la omisión de la demandada de comparecer a la etapa de demanda y excepciones, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, se generó en su contra la presunción de ser ciertos los hechos afirmados por el actor en su escrito inicial de demanda, ello, sin perjuicio de que en la siguiente etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era su trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, de conformidad con el párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo; recayendo en consecuencia en la demandada, la carga de la prueba para demostrar, como lo afirmó al comparecer a esta última etapa que el actor nunca ha sido su trabajador. Por lo que analizó las pruebas al tenor siguiente: Las ofrecidas por la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente: a) Confesional a cargo de Marco Aurelio, desahogada el veintiséis de enero de dos mil quince; a la que le negó valor probatorio en razón a que las respuestas dadas al pliego de posiciones le fueron desfavorables al oferente (fojas 163 y 164). b) Inspección; al no haberse desahogado conforme a los artículos 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, le restó valor probatorio (fojas 164 y 165). c) Documental pública consistente en informe que debía remitir el Contralor Ejecutivo y el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior, ambos del Estado de Tlaxcala; le negó valor probatorio al considerar que no le beneficiaba al oferente de la prueba por no demostrar los hechos pretendidos (fojas 165 vuelta y 166). d) Documental pública consistente en el informe rendido por el Director General de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación Pública y Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de dicha Secretaria; le negó valor probatorio ya que con éstos no demostró que no fue su trabajador (foja 166). e) Instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana; determinó que con el análisis de las constancias que integran el expediente no se deriva dato o indicio a favor de la universidad demandada por el que desvirtúe la presunción en su contra como resultado de tenerle por contestada la demanda en sentido afirmativo (foja 166). Por lo que con base en la fracción IV, del artículo 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, resolvió que con los anteriores medios de convicción la Universidad demandada no demuestra que el actor no fue su trabajador (foja 166 vuelta y 167). Respecto de las pruebas ofrecidas por el actor consideró lo siguiente: a. Confesional ficta a cargo de Efrén Amaro Suárez (abogado general de la universidad demandada); tiene alcances para beneficiar a la parte actora [expresa motivos] (fojas 166 vuelta y 167). b. Documental consistente en informes solicitados a: - La Coordinación Nacional de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; no le beneficia a la actora [expresa los motivos] (foja 167). Al instituto Mexicano del Seguro Social; le beneficia y robustece la presunción del actor [expresa sus motivos] (foja 167). c. Documentales consistentes en: - Tabulador genérico de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente. - Comprobante de pago de nómina expedido por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, por los periodos del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno, ambos de diciembre de dos mil trece. Respecto a las cuales la junta tuvo como ciertos los hechos que se pretendieron demostrar [expresó los motivos] (fojas 167 vuelta y 168). d. Testimoniales a cargo de Juana Sandra Sánchez Badillo y Radal Cuapio Tzompa, de las que la junta concluyó que los citados testigos son coincidentes en señalar que fueron compañeros del actor en la universidad demandada, así como respecto del último puesto que ocupó el quejoso (foja 168). e. Inspección sobre listas de raya o nómina de pago, recibos de pago, tarjetas checadoras y controles de asistencia; refuerzan la presunción de la relación laboral [expresa los motivos] (foja 168 vuelta). f. Documentales consistentes en estados de cuenta mensuales emitidos por Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, le negó valor probatorio (foja 168 vuelta). g. De la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, determinó que con la confesional a cargo de Efrén Amaro Suárez, abogado general de la universidad demandada; la documental consistente en informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, nombramiento a favor del actor, tabulador y comprobante de nómina; testimonial a cargo de Radai Cuapio Tzompa y Juana Sandra Sánchez Badillo; y, lista de raya o nómina de pago, recibos de pago, tarjetas cehadoras y controles de asistencia, le benefician al actor, por lo que tuvo como ciertos los hechos afirmados en su escrito inicial de demanda (foja 8 vuelta). II. Así, con libertad de jurisdicción, resolvió: "En definitiva, al haberse corroborado la presunción de ser ciertos los hechos antes indicados, así como de que el demandado no demostró con sus pruebas ofertadas que no haya existido relación laboral con el actor, con fundamento en los artículos 48 primer párrafo y 841 de la Ley Federal del Trabajo, se condena a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor su correspondiente indemnización constitucional a razón de tres meses de su salario diario ($1,611.20) y el cual ascendiese a la cantidad de $145, 008.00 (ciento cuarenta y cinco mil ocho pesos con cero centavos M.N.)..- Salarios caídos o vencidos..- Por cuanto hace a los meses transcurridos después del doceavo mes, es decir, del día siguiente al en que se cumplieron los primeros doce meses de salarios caídos a la fecha de la presente resolución, procede condenar al demandado a pagar al actor los intereses sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago y que se generaron durante este periodo, más los intereses que se sigan generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, lo anterior con fundamento en la parte final del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo..- Prima de antigüedad." (foja 169). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: a) Dejó insubsistente el laudo reclamado. b) Fijó la litis en determinar si existía la relación laboral consentida fictamente por la Universidad demandada, como consecuencia de su incomparecencia a la etapa de demanda y excepciones, o bien, con las pruebas ofertadas ésta no existió. c) Con libertad de jurisdicción resolvió lo procedente. III. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. IV. Ahora bien, el apoderado de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que la junta responsable dictó un laudo defectuoso, ya que no fijó la litis de acuerdo a la ejecutoria que se cumplimenta; esto es, que si la relación laboral admitida fictamente por la universidad demandada quedó desvirtuada o no con las pruebas en contrario ofrecidas en la etapa de ofrecimiento y admisión de las mismas. Son infundadas las manifestaciones alegadas, pues contrario a ello, en el laudo dictado en cumplimiento se advierte que la responsable sí fijó la litis en los términos dados por este tribunal (como se explicó con antelación), y emprendió el estudio de las pruebas ofrecidas por la demandada, con el objeto de analizar si éstas desvirtuaban la presunción generada ante la incomparecencia de la enjuiciada en la etapa de demanda y excepciones. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y dispone de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "ARTÍCULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo."
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados (foja 175), siendo que a la tercera interesada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, realizó manifestaciones al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de julio de dos mil diecinueve, este órgano colegiado concedió a Marco Aurelio Zárate Huerta, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".para que la junta laboral, deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que: Se pronuncie fundada y motivadamente sobre la existencia de la relación laboral entre Marco Aurelio Zarate Huerta y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, tomando en consideración todas las pruebas admitidas y desahogadas; valorándolas de manera pormenorizada. De manera congruente y con libertad de jurisdicción resuelva lo que proceda" (foja 139). Mediante oficio 6474/2019, este órgano jurisdiccional remitió testimonio de dicha ejecutoria, así como las constancias de autos que sirvieron para el conocimiento del asunto, previniendo a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia. Así, en la etapa de ejecución de sentencia de amparo, la autoridad responsable envió a este tribunal, el oficio 1564/2019, mediante el cual en cumplimiento al fallo pronunciado en el juicio de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente el laudo de seis de febrero de dos mil dieciocho; y ordenó el turno para el dictado de un nuevo laudo; luego mediante oficio 1696/2019, remitió copia certificada del laudo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que concluyó con los resolutivos siguientes: "Primero. Se dicta la presente resolución en cumplimiento a las ejecutorias dictadas dentro de los juicios de amparo directo 349/2018 relacionado con el 352/2018, ambas dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Segundo. El actor Marco Aurelio Zárate Huerta, probó su acción.- Tercero. La demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, no logró demostrar con sus pruebas ofrecidas que no existió relación laboral con el actor Marco Aurelio Zárate Huerta, en consecuencia.- Cuarto. Se condena a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor Marco Aurelio Zárate Huerta, las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio y diferencias salariales, en cantidad total de la cantidad total de $1,034,174.36 (un millón treinta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos M.N.) más los intereses capitalizables que se generen hasta el momento en que se dé cumplimiento a la presente resolución; así como a realizar las aportaciones de seguridad social, en términos del considerando VI y VII de la presente resolución.- Quinto. Se absuelve a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor horas extras y de la declaración por parte de esta junta respecto de que como secretario académico debió percibir la cantidad de $48,336.00 en forma mensual, en términos de lo analizado en los incisos g) y h) del considerando VII, de la presente resolución.- Sexto. Se absuelve al demandado Leoncio González Fernández, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor en términos del considerando VI, de la presente resolución.- Séptimo. Notifíquese." (fojas 172 vuelta y 173). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Fijó la litis en determinar si existió la relación laboral consentida fictamente por la Universidad demandada, como consecuencia de su incomparecencia a la etapa de demanda y excepciones, o bien, con las pruebas ofertadas por la demandada, ésta no existió. Consideró que por regla general cuando el demandado niega la existencia de la relación laboral, se revierte la carga de la prueba a la parte actora para demostrar lo contrario a dicha negativa; sin embargo, señaló que en el caso, dada la omisión de la demandada de comparecer a la etapa de demanda y excepciones, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, se generó en su contra la presunción de ser ciertos los hechos afirmados por el actor en su escrito inicial de demanda, ello, sin perjuicio de que en la siguiente etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era su trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, de conformidad con el párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo; recayendo en consecuencia en la demandada, la carga de la prueba para demostrar, como lo afirmó al comparecer a esta última etapa que el actor nunca ha sido su trabajador. Por lo que analizó las pruebas al tenor siguiente: Las ofrecidas por la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente: a) Confesional a cargo de Marco Aurelio, desahogada el veintiséis de enero de dos mil quince; a la que le negó valor probatorio en razón a que las respuestas dadas al pliego de posiciones le fueron desfavorables al oferente (fojas 163 y 164). b) Inspección; al no haberse desahogado conforme a los artículos 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, le restó valor probatorio (fojas 164 y 165). c) Documental pública consistente en informe que debía remitir el Contralor Ejecutivo y el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior, ambos del Estado de Tlaxcala; le negó valor probatorio al considerar que no le beneficiaba al oferente de la prueba por no demostrar los hechos pretendidos (fojas 165 vuelta y 166). d) Documental pública consistente en el informe rendido por el Director General de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación Pública y Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de dicha Secretaria; le negó valor probatorio ya que con éstos no demostró que no fue su trabajador (foja 166). e) Instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana; determinó que con el análisis de las constancias que integran el expediente no se deriva dato o indicio a favor de la universidad demandada por el que desvirtúe la presunción en su contra como resultado de tenerle por contestada la demanda en sentido afirmativo (foja 166). Por lo que con base en la fracción IV, del artículo 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, resolvió que con los anteriores medios de convicción la Universidad demandada no demuestra que el actor no fue su trabajador (foja 166 vuelta y 167). Respecto de las pruebas ofrecidas por el actor consideró lo siguiente: a. Confesional ficta a cargo de Efrén Amaro Suárez (abogado general de la universidad demandada); tiene alcances para beneficiar a la parte actora [expresa motivos] (fojas 166 vuelta y 167). b. Documental consistente en informes solicitados a: - La Coordinación Nacional de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública; no le beneficia a la actora [expresa los motivos] (foja 167). Al instituto Mexicano del Seguro Social; le beneficia y robustece la presunción del actor [expresa sus motivos] (foja 167). c. Documentales consistentes en: - Tabulador genérico de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente. - Comprobante de pago de nómina expedido por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, por los periodos del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno, ambos de diciembre de dos mil trece. Respecto a las cuales la junta tuvo como ciertos los hechos que se pretendieron demostrar [expresó los motivos] (fojas 167 vuelta y 168). d. Testimoniales a cargo de Juana Sandra Sánchez Badillo y Radal Cuapio Tzompa, de las que la junta concluyó que los citados testigos son coincidentes en señalar que fueron compañeros del actor en la universidad demandada, así como respecto del último puesto que ocupó el quejoso (foja 168). e. Inspección sobre listas de raya o nómina de pago, recibos de pago, tarjetas checadoras y controles de asistencia; refuerzan la presunción de la relación laboral [expresa los motivos] (foja 168 vuelta). f. Documentales consistentes en estados de cuenta mensuales emitidos por Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, le negó valor probatorio (foja 168 vuelta). g. De la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, determinó que con la confesional a cargo de Efrén Amaro Suárez, abogado general de la universidad demandada; la documental consistente en informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, nombramiento a favor del actor, tabulador y comprobante de nómina; testimonial a cargo de Radai Cuapio Tzompa y Juana Sandra Sánchez Badillo; y, lista de raya o nómina de pago, recibos de pago, tarjetas cehadoras y controles de asistencia, le benefician al actor, por lo que tuvo como ciertos los hechos afirmados en su escrito inicial de demanda (foja 8 vuelta). II. Así, con libertad de jurisdicción, resolvió: "En definitiva, al haberse corroborado la presunción de ser ciertos los hechos antes indicados, así como de que el demandado no demostró con sus pruebas ofertadas que no haya existido relación laboral con el actor, con fundamento en los artículos 48 primer párrafo y 841 de la Ley Federal del Trabajo, se condena a la demandada Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, a pagar al actor su correspondiente indemnización constitucional a razón de tres meses de su salario diario ($1,611.20) y el cual ascendiese a la cantidad de $145, 008.00 (ciento cuarenta y cinco mil ocho pesos con cero centavos M.N.)..- Salarios caídos o vencidos..- Por cuanto hace a los meses transcurridos después del doceavo mes, es decir, del día siguiente al en que se cumplieron los primeros doce meses de salarios caídos a la fecha de la presente resolución, procede condenar al demandado a pagar al actor los intereses sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago y que se generaron durante este periodo, más los intereses que se sigan generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, lo anterior con fundamento en la parte final del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo..- Prima de antigüedad." (foja 169). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: a) Dejó insubsistente el laudo reclamado. b) Fijó la litis en determinar si existía la relación laboral consentida fictamente por la Universidad demandada, como consecuencia de su incomparecencia a la etapa de demanda y excepciones, o bien, con las pruebas ofertadas ésta no existió. c) Con libertad de jurisdicción resolvió lo procedente. III. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. IV. Ahora bien, el apoderado de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que la junta responsable dictó un laudo defectuoso, ya que no fijó la litis de acuerdo a la ejecutoria que se cumplimenta; esto es, que si la relación laboral admitida fictamente por la universidad demandada quedó desvirtuada o no con las pruebas en contrario ofrecidas en la etapa de ofrecimiento y admisión de las mismas. Son infundadas las manifestaciones alegadas, pues contrario a ello, en el laudo dictado en cumplimiento se advierte que la responsable sí fijó la litis en los términos dados por este tribunal (como se explicó con antelación), y emprendió el estudio de las pruebas ofrecidas por la demandada, con el objeto de analizar si éstas desvirtuaban la presunción generada ante la incomparecencia de la enjuiciada en la etapa de demanda y excepciones. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y dispone de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "ARTÍCULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo."
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de once de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo únicamente la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. Finalmente, agréguese para los efectos legales procedentes, la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 349/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, la cual guarda relación con el expediente en que se actúa.
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