Marco Aurelio Torres Chalico
Expediente 1357/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Aurelio Torres Chalico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de enero de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2", de esta última, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la Secretaría del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del envió del expediente original del presente juicio, e informa que acepta la competencia planteada; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega en autos tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior, toda vez que en el expediente en que se actúa no hay nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, visto el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Diana Vargas Díaz, autorizada del quejoso, por medio del cual solicita se le indique la fecha en que fue remitido el presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno y si fue aceptada la incompetencia planteada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido y dígase a la quejosa que el presente expediente fue remitido el día cinco enero de dos mil veintidós, mediante oficio 413/2022, asunto del que tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el cual lo radicó bajo el número de expediente 94/2022-II. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos se estima que respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición presentada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se admitió la demanda en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se actualiza un causa de improcedencia que faculta a este juzgador a SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, por las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)." Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113, de la misma Ley. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17, del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de emitir respuesta a la petición del quejoso, formulada mediante escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y en la Gerencia de Salud y Bienestar Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, toda vez que el quince de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la respuesta respectiva, la cual le fue notificada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, tal como lo manifiesta en su escrito recibido en este juzgado el once de noviembre de dicha anualidad. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. .(Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar lo siguiente: Por escrito recibido en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y en la Gerencia de Salud y Bienestar Social del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el pago de su sueldo íntegro y demás prestaciones desde el treinta de junio de dos mil veinte y hasta la fecha de su escrito, estimando encontrarse incapacitado para desempeñar su labor; se FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? realizaran las gestiones necesarias para que se otorgue certificado médico de incapacidad parcial por riesgo de trabajo y, para el caso de no ser favorable su solicitud, se le fundara y motivara; asimismo, que se le proporcionara el informe del área de medicina del trabajo de catorce de febrero de dos mil veintiuno. Petición a la que, a la presentación de la demanda motivo del presente juicio, no había recaído acuerdo alguno, por lo cual, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito la admitió a trámite. Sin embargo, mediante escrito presentado por el quejoso el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, recibido en este juzgado el once de dicho mes y año, exhibió el oficio 53100/G.S.B.S./M.T.12620, de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que en atención a su escrito de petición de tres de agoto de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad el cuatro de dicho mes y año, emitió la respuesta en la que se le informó que el diagnostico que prevalece, es el de "SÍNDROME DE MANGUITO ROTADOR", patología que no corresponde al mecanismo de producción del accidente de trabajo calificado y que se consideró de origen degenerativo, por lo tanto, pertenece a la rama de enfermedad general, correspondiéndole la aplicación de los artículos 36 y 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que las incapacidades a partir del uno de julio de dos mil veinte, pertenecen a la rama de enfermedad general. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En ese sentido, la autoridad responsable acreditó haber emitido la respuesta correspondiente al escrito presentado por el quejoso cuatro de agosto de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por lo que resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.. (No. Registro: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Página: 313) Resulta aplicable, por analogía, la tesis número P.CL/97, que expresa: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) En las relatadas circunstancias, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de la omisión de dar respuesta a la petición formulada en escrito de tres de agosto de dos mil veintiuno, presentado el cuatro siguiente ante las responsables, y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las once horas con diez minutos de día de hoy. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en relación con el oficio 53100/G.S.B.S./M.T.12620, de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se le dio contestación a su escrito de petición presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el que este juzgado admitió a trámite la FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ampliación de demanda presentada por el quejoso el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, debe conocer un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Con el propósito de sustentar esta aseveración, es importante destacar que el estudio que se realizará en líneas subsecuentes se efectuará en términos de la jurisprudencia 40/2000, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32) La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, de manera que si el promovente designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Expuesto lo anterior, del estudio integral del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la misma, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, que en su parte conducente, establece: Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa; y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. De igual manera, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Dichos criterios justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 Expuesto lo anterior, del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Encargado de Despacho de la GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS. El oficio 53100/G.S.B./M.T.12620/2021, de 15 de octubre de 2021, por el cual se da contestación a mi escrito de fecha 03 de agosto de 2021, presentado el día 04 de agosto 2021. De la transcripción que antecede, se desprende que el quejoso reclama el oficio 53100/G.S.B./M.T.12620/2021, de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en respuesta al escrito de petición presentado por él, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante los Integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y Gerente de Salud y Bienestar Social, ambos del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, a través del cual, la autoridad responsable le informó que el diagnostico que prevalece, es el de "SÍNDROME DE MANGUITO ROTADOR", patología que no corresponde al mecanismo de producción del accidente de trabajo calificado y que se consideró de origen degenerativo, por lo tanto, pertenece a la rama de enfermedad general, correspondiéndole la aplicación de los artículos 36 y 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que las incapacidades a partir del uno de julio de dos mil veinte, pertenecen a la rama de enfermedad general. En ese orden de ideas y atendiendo a la naturaleza FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ??????????????? de este acto y las acciones que, en su caso, se deben llevar a cabo para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, es inconcuso que el órgano jurisdiccional que debe conocer del presente asunto, es un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DEL TRABAJO, toda vez que el acto reclamado en el presente asunto, aun cuando formalmente es administrativo, afecta prestaciones de carácter laboral establecidas en favor del trabajador; en ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado tiene naturaleza netamente laboral, ya que lo que controvierte el quejoso son derechos en materia de trabajo, puesto que la concesión o no de los beneficios o prestaciones a que se refiere, derivan de una relación laboral que tiene el quejoso y el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, por lo que resulta evidente que quien debe conocer del presente asunto es un juzgado especializado en dicha materia. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. (Séptima Época, 232057, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205- 216, Primera Parte, Materia Administrativa, Laboral, página 9.) Aunado a lo anterior, se advierte que la negativa implícita de la autoridad responsable de pagar al quejoso su sueldo íntegro y demás prestaciones con motivo de la afección a su salud que padece, al parecer por un riesgo FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 de trabajo, tendrá de analizarse a la luz de los ordenamientos en materia de trabajo aplicables, puesto que derivan de una relación laboral que guarda el quejoso con el referido Sistema de Transporte. En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el artículo en mención, dispone que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo conocerán de los juicios que se promuevan en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, del tenor siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. (Registro 180735, visible en la página 1714 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, relativo a la Novena Época, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito) Máxime que el quejoso no se ubican en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militares, marinos, agentes del ministerio público, peritos, personal del servicio exterior o miembros de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. En estas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de demanda de amparo????????????? respecto del oficio reclamado, ya que, como se ha expuesto, la naturaleza del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente ampliación de demanda no corresponde a este órgano jurisdiccional; por ello, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo y el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito, DECLARA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL OFICIO 53100/G.S.B./M.T.12620/2021, DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, Y SE ORDENA REMITIR DE MANERA ELECTRÓNICA VÍA INTERCONEXIÓN LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS, AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer del presente asunto, se sirva acusar el recibo de estilo, informando si acepta o no la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Diana Vargas Díaz, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 124 de la Ley de Amparo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la citada Ley, agréguese el escrito de cuenta para que obre como corresponda, téngase por hechas las manifestaciones que vierte la ocursante, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, informa la imposibilidad que le asiste para proporcionar un perito en materia de contabilidad, por los motivos que refiere. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto conviene destacar que los artículos 14, y 42, fracción XIII, ambos de la Ley de la Fiscalía General de la República, establecen siguiente: Artículo 14. La Agencia de Investigación Criminal, sin perjuicio de las facultades que se establezcan y desarrollen en el Estatuto orgánico, será la encargada de llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la Fiscalía General. [.] Artículo 42. Las personas peritas además de las facultades previstas en otras disposiciones aplicables, actuarán bajo la autoridad, conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, y contarán con las siguientes facultades: [.] XIII. Promover la cooperación y colaboración con los servicios periciales de las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, así como con otras instituciones;" Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 17 lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a le Ley de la Materia, establece: ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. En ese sentido, no obstante no se ignora que la fiscalía referida es un órgano público autónomo, lo cierto es que de las disposiciones transcritas se observa que los peritos de la Fiscalía cuentan con facultades para colaborar con otras instituciones, como lo es este juzgado. Ahora bien, por disposición constitucional, la administración de justicia es un derecho de los mexicanos, la cual debe ser pronta, completa e imparcial, y que toda autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a privilegiar la solución del conflicto sobre cualquier formalismo procedimental, a efecto de garantizar el derecho de los gobernados, previsto en el artículo17 Constitucional. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia que indica: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. Registro digital: 2023741, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 16/2021 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Jurisprudencia. Cabe destacar que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial", el cual en su artículo 9, fracción I, dispone: "Artículo 9. Procedimiento El Solicitante para designar a los peritos registrados en la Lista, deberá agotar el siguiente procedimiento: I. Formular en dos ocasiones, solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito que se encuentre en aptitud de proporcionar los servicios sin costo para el Consejo. (.)" Disposiciones de las cuales en su conjunto, evidencian que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para requerir a cualquier persona o autoridad, a efecto de resolver los asuntos que aquí se tramitan, privilegiando la solución de conflictos sobre cualquier formalismo o tecnicismo, como los que pretenden hacer valer la autoridad oficiante, toda vez que si bien ahora la Fiscalía es una institución autónoma, continua siendo una institución de carácter público integrante del Estado Mexicano, por lo que resulta inconcuso que en los casos en que si cuenta con perito en la especialidad solicitada, se encuentra aptitud de proporcionarlo, y por tanto constituye una obligación de su parte. En tales circunstancias, no obstante la existencia de una lista de peritos de los cuales los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación pueden disponer, ello ocurre únicamente en los casos en que después de la búsqueda realizada, no se hubiese encontrado una institución pública o educativa, que proporcione el auxilio de un perito que se encontrase en aptitud de proporcionar sus servicios sin costo para el Consejo de la Judicatura Federal; lo que no acontece en la especie, en razón de que es un hecho conocido para el suscrito que la Fiscalía General de la República sí cuenta con peritos en la materia solicitada, toda vez que incluso muchos de ellos, aún continúan auxiliado en diversos de los asuntos que se substancian ante el suscrito. Considerar lo contrario, implicaría una erogación adicional de recursos económicos por parte del Estado Mexicano, al tener que cubrir los honorarios de un perito, no obstante que existe una Institución pública que lo puede proporcionar sin costo, como lo es en el caso, la Fiscalía General de la República. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dispone: PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROPORCIONAR UN EXPERTO EN DETERMINADA RAMA PARA QUE RINDA EL DICTAMEN REQUERIDO, AUN CUANDO RECONOCE CONTAR CON PERSONAL QUE CUBRE EL PERFIL SOLICITADO, SIN EXPONER RAZONAMIENTOS FUNDADOS DEL IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO, NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR FEDERAL DEBA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL 37/2001 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA NOMBRAR UN PERITO. De conformidad con los artículos 4o., 52, 59, 79, 80 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2o., párrafo segundo, para el conocimiento de la verdad el juzgador está facultado para valerse de toda persona, sea parte o tercero (especialista en determinada materia), para decretar en todo tiempo la práctica de cualquier diligencia mientras esté reconocida por la ley, tenga relación inmediata con los hechos y no afecte a las partes. Así, dichos terceros están obligados a prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales en aras de alcanzar el fin citado; para tal efecto, los juzgadores están dotados de atribuciones para hacer cumplir ese deber, y en caso de oposición, oír las razones en que la funden y resolver sin ulterior recurso. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la fracción XXIX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene entre sus facultades formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder de la Unión aludido. En congruencia con ello, el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el diverso acuerdo 34/2004 del propio Pleno, que establece algunas de las formalidades que deben cumplir los titulares de los órganos jurisdiccionales para nombrar a alguno de los peritos de la lista mencionada, consistentes en recabar la cotización de honorarios del especialista requerido y solicitar la autorización respectiva a la Comisión de Carrera Judicial del indicado consejo, para lo cual deben acreditar en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable. En ese orden de ideas, el cumplimiento de las referidas formalidades no es exigible cuando una institución pública de educación superior se niega a proporcionar un experto en determinada rama para que rinda el dictamen pericial requerido, aun cuando reconoce contar con personal que cubre el perfil solicitado, sin que exponga razonamientos fundados del impedimento legal para ello, en atención a que el juzgador federal de amparo debe agotar los medios de apremio más eficaces para que las instituciones requeridas proporcionen gratuitamente al especialista de que se trate, en apoyo a la debida impartición de justicia. Registro digital: 169237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.7o.A.119 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1835, Tipo: Aislada. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la Fiscalía en las que aduce que no puede prestar el auxilio solicitado conforme a lo dispuesto del artículo 47, fracción II, de la Ley de la Fiscalía General de la República, que establece lo siguiente: Artículo 47. Son obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes: (.) VIII. Abstenerse de realizar cualquiera de las conductas siguientes: a) Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, poder legislativo, judicial u órgano constitucional autónomo, en alguno de los órdenes de gobierno, así como trabajos o servicios en instituciones privadas cuando resulten incompatibles o representen un conflicto de interés con sus funciones públicas. Los remunerados de carácter docente, científico u honorario en todos los casos deberán ser comunicados por escrito, a la persona superior inmediata para contar con la autorización de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona servidora pública que se determine en el Estatuto orgánico; De la lectura del precepto transcrito se advierte que la prohibición de desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el poder judicial, como lo es la designación de un perito en auxilio a las labores de este juzgado, se refiere únicamente a aquellos casos en que resulte en un conflicto de interés con sus funciones públicas, lo cual en la especie no acontece. En tales circunstancias, y toda vez que es obligación de las instituciones públicas que integran al Estado Mexicano prestar su auxilio en la impartición de justicia, con copia del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso en que se formuló el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial, se requiere al Fiscal General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un perito en materia de contabilidad, para que funja como perito en auxilio de las labores de este Juzgado Federal. Lo anterior en atención al conocimiento técnico que se requiere para el desarrollo de la pericial contable, cuyo conocimiento técnico no causa perjuicio a las labores criminalísticas en que se especializa la Fiscalía General de la República, en observancia al texto de la ley citada. Aunado a que lo aquí ordenado, constituye un mandato judicial, que debe ser atendido sin excusas ni pretextos. Apercibido que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, vistos los oficios signados por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio de los cuales, solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento de veintinueve de noviembre del año en curso y remite diversas constancias. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, las documentales que exhibe, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Sin que haya lugar a conceder la prórroga solicitada toda vez que no se le realizó requerimiento alguno el veintinueve de noviembre del año en curso, sino que únicamente se le dio vista con la prueba pericial anunciada por este juzgado, a efecto de que adicionara preguntas al cuestionario propuesto y propusiera a un perito de su parte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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