Marco Aurelio Tello Molina
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Aurelio Tello Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintisiete de junio de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito depositado el uno de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial el uno de junio de dos mil veintidós, registrado en la misma data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado... promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en esencia en: la omisión de pronunciarse respecto a la demanda que presentó el ocho de octubre de dos mil veintiuno, el cual le fue asignado el número de juicio laboral 759/2021 (foja 2). Asimismo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que no existe el acto reclamado (foja 25), en atención a que en proveído de ocho de octubre de la anualidad pasada, acordó el escrito que le fue presentado en esa misma data, en los siguientes términos: ".Por recibida y radicada la demanda de cuenta esta Junta Especial.- Tramítese bajo el número de expediente con que ha quedado registrado al rubro.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 892 a 896 y 899-A, 899-B y 899-E de la Ley Federal del Trabajo vigente, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN." (foja 34). Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Se afirma de esa manera, en atención a que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, con fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó el escrito de la parte quejosa presentado en esa misma data, por los motivos ahí expuestos; el cual le fue notificado a través de su autorizada a las nueve horas con treinta minutos del uno de junio esta anualidad (foja 39); de ahí que a la presentación de la demanda de amparo (once horas con veintisiete minutos del uno de los corrientes), la omisión reclamada ya no existía. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razón, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas del doce de julio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito depositado el uno de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial el uno de junio de dos mil veintidós, registrado en la misma data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado... promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en esencia en: la omisión de pronunciarse respecto a la demanda que presentó el ocho de octubre de dos mil veintiuno, el cual le fue asignado el número de juicio laboral 759/2021 (foja 2). Asimismo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que no existe el acto reclamado (foja 25), en atención a que en proveído de ocho de octubre de la anualidad pasada, acordó el escrito que le fue presentado en esa misma data, en los siguientes términos: ".Por recibida y radicada la demanda de cuenta esta Junta Especial.- Tramítese bajo el número de expediente con que ha quedado registrado al rubro.- con fundamento en lo dispuesto por los artículos 892 a 896 y 899-A, 899-B y 899-E de la Ley Federal del Trabajo vigente, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN." (foja 34). Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Se afirma de esa manera, en atención a que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, con fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó el escrito de la parte quejosa presentado en esa misma data, por los motivos ahí expuestos; el cual le fue notificado a través de su autorizada a las nueve horas con treinta minutos del uno de junio esta anualidad (foja 39); de ahí que a la presentación de la demanda de amparo (once horas con veintisiete minutos del uno de los corrientes), la omisión reclamada ya no existía. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razón, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas del doce de julio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que el tercero interesado Agente del Ministerio Público Exer Ricardo Rosales Quinteros, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, haga valer los derechos que a su parte corresponde dentro del presente juicio de amparo; para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1ª./J. 84/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo XXII, correspondiente al mes de Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCA A HACER VALER SUS DERECHOS DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SURTE EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO EFECTUADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación armónica de los artículos 24, 34 y 167 de la Ley de Amparo, se concluye que los plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva y tratándose del tercero perjudicado, dicha notificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación. Entonces, si el mencionado artículo 167 establece que la autoridad responsable entregará una copia a las partes emplazándolas para que dentro de un término máximo de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, dicho plazo debe comenzar a computarse para el tercero perjudicado el día siguiente hábil al en que surta efectos el emplazamiento, pues éste corresponde precisamente a la notificación a que se refiere el citado artículo 24, ya que, además, ese es el momento en que dicha parte tiene conocimiento del contenido de la demanda de amparo y es cuando está en posibilidad de establecer su defensa, sin que sea necesario esperar hasta que el Tribunal Colegiado le notifique el acuerdo de admisión de la demanda de garantías, pues de hacerse así se prorrogaría indefinidamente el plazo establecido por el referido artículo 167 y éste se haría nugatorio. Por otro lado, la circunstancia de que se desconozca cuál es el órgano colegiado al que correspondería conocer de la aludida demanda, tratándose de las plazas en donde existen dos o más tribunales que pudieran hacerlo, no exime al tercero perjudicado de respetar el mencionado plazo, pues en estos casos podrá presentarse ante la oficina de correspondencia común". En relación con la diversa tesis V.4º.1 K, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Notifíquese.
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