Marco Aurelio Rodríguez Beltrán

Expediente 992/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
992/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Aurelio Rodríguez Beltrán
  • Marco Aurelio Rodríguez Beltrán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós dictado en este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que en autos se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo se notifica a la quejosa por medio de listas fijadas en los estrados de este juzgado de distrito del auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós que dice: Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Salud del Estado de México, informando el lugar, fecha, horario y documentación, que debería presentarse para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus Covid-19, al menor de edad de lo cual se hizo del conocimiento de manera personal a la parte quejosa para que acudiera a la inoculación del infante. Posteriormente, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Gobernador del Estado de México, por conducto de su representante legal, informando que se giró oficio de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Coordinador Jurídico y de Igualdad de Género de la Secretaría de Salud del Estado de México, por el que se le instruyó para que de manera inmediata realizara las acciones correspondientes, a efecto de satisfacer la obligación que derivó de la medida cautelar decretada e informara la fecha que se tiene programada para la inoculación del menor, así como la sede en que tendrá lugar ello y se requirió al Gobernador del Estado de México, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, comunicara a este órgano jurisdiccional cuál había sido el resultado de esa instrucción. En auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el representante legal del Gobernador del Estado de México, por medio del cual informó que el Coordinador Jurídico y de Igualdad de Género de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante oficio de cinco de abril de dos mil veintidós, comunicó que no se había presentado el menor con sus padres o un tutor, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna el veintitrés de marzo del año en curso; en consecuencia, se REQUIRIÓ a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, informara y acreditara ante este órgano jurisdiccional, la imposibilidad para que asistiera el menor el veintitrés de marzo de la presente anualidad, a la aplicación de la primera dosis de la vacuna requerimiento que fue notificado de manera personal a la parte quejosa, sin que diera cumplimiento a ese mandato judicial, dado el comportamiento omisivo que desplegaron quienes acudieron en representación del menor ya que no dieron respuesta al requerimiento, esa cuestión debe ser tomada como una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado., lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo 992/2021. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para hoy. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Citatorio

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Salud del Estado de México, informando el lugar, fecha (veintitrés de marzo de dos mil veintidós), horario y documentación, que debería presentarse para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus Covid-19, al menor de edad de iniciales M.A.R.T. (directo quejoso), de lo cual se hizo del conocimiento de manera personal a la parte quejosa para que acudiera a la inoculación del infante. Posteriormente, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Gobernador del Estado de México, por conducto de su representante legal, informando que se giró oficio número 22202001010005L/2950/2022, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Coordinador Jurídico y de Igualdad de Género de la Secretaría de Salud del Estado de México, por el que se le instruyó para que de manera inmediata realizara las acciones correspondientes, a efecto de satisfacer la obligación que derivó de la medida cautelar decretada e informara la fecha que se tiene programada para la inoculación del menor, así como la sede en que tendrá lugar ello y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requirió al Gobernador del Estado de México, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, comunicara a este órgano jurisdiccional cuál había sido el resultado de esa instrucción. En auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el representante legal del Gobernador del Estado de México, por medio del cual informó que el Coordinador Jurídico y de Igualdad de Género de la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante oficio 20800000040000S/0689/2022, de cinco de abril de dos mil veintidós, comunicó que no se había presentado el menor con sus padres o un tutor, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna el veintitrés de marzo del año en curso; en consecuencia, se REQUIRIÓ a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, informara y acreditara ante este órgano jurisdiccional, la imposibilidad para que asistiera el menor de edad de iniciales M.A.R.T., el veintitrés de marzo de la presente anualidad, a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, requerimiento que fue notificado de manera personal a la parte quejosa, sin que diera cumplimiento a ese mandato judicial. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, dado el comportamiento omisivo que desplegaron Marco Aurelio Rodríguez Beltrán y Rosa Isela Tapia García, quienes acudieron en representación del menor directo quejoso de iniciales M.A.R.T., ya que no dieron respuesta al requerimiento, esa cuestión debe ser tomada como una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, en los términos previstos en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo, lo que provoca el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63, de la norma invocada. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada consultable en la página 13, volumen 139-144, primera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 232527, estableció lo siguiente. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De tal manera que el consentimiento entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado y que son los siguientes: a) La existencia del acto o ley reclamados. b) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Ahora, en relación con el requisito identificado en el inciso a), se tiene que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de incluir al menor de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2"y en consecuencia, la falta de aplicación de vacuna, siendo que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este juicio, la Secretaría de Salud del Estado de México, señaló como fecha para la aplicación de la primera dosis el veintitrés de marzo de dos mil veintidós; lo cual se notificó de manera personal a los amparistas a efecto de que acudieran para la inoculación del infante, sin que se hubieran presentado, tal como lo informó el representante legal del Gobernador del Estado de México. Ante tal circunstancia por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se formuló requerimiento a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, informara y acreditara la imposibilidad para que asistiera el menor de edad a la aplicación de la vacuna, sin que se diera cumplimiento a ese mandato judicial. Por otro lado, el requisito señalado en el inciso b también se encuentra satisfecho, pues la parte promovente fue debidamente notificada de los proveídos de diecisiete de marzo y dieciocho de abril de dos mil veintidós, sin que haya atendido el requerimiento formulado, ni realizado manifestación alguna respecto a si era aún su deseo que le fuera aplicada la vacuna al menor de edad de iniciales M.A.R.T., de tal manera que esa falta de contestación deba de entenderse como aquella manifestación de la voluntad que entraña el consentimiento de la omisión reclamada en esta instancia. Ello es así, pues si bien ese silencio pudiera considerarse como inexpresivo, debe decirse que esto surge únicamente cuando aquél se encuentra aislado, de tal manera que por sí solo no formaría un consentimiento tácito al no manifestarse nada; sin embargo, hay ocasiones en que la inacción de las partes se efectúa de tal manera que al no expresar nada, aceptan o consienten la proposición que se les hace; lo que acontece cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañan al silencio y que le dan una significación que no tiene por sí mismo. En ese sentido, el silencio aquí expresado para las resultas del juicio, genera la consecuencia del desinterés en la inoculación inicialmente solicitada y por ende, el consentimiento de la omisión reclamada, pues no se atendió al mandato judicial que se dirigió a quienes acudieron en representación del menor quejoso y que se acompañó de una notificación practicada de manera personal, de manera que no pueda considerarse inexpresivo, pues no surgió aisladamente. Finalmente, se precisa que aunado al desinterés de la parte quejosa, en este tipo de asuntos y por la situación que aún prevalece respecto al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, es de trascendental importancia asegurar que no se desaprovechen los recursos humanos, materiales y farmacéuticos que la autoridad de salud ha puesto a su disposición, pues en cumplimiento a la suspensión de plano que fue concedida, señaló fecha para la aplicación del biológico, lo que ha provocado que ante la inasistencia y desinterés de los promoventes, se desperdicie la dosis ya destinada al no ser reutilizable. De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento del acto reclamado; por lo tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la norma en comento, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 del mismo ordenamiento legal, y a su vez, este Juzgador ha advertido que se actualizó la hipótesis contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo 992/2021. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para hoy. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

  4. Principal

    ... se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de México, a efecto de que, reagendara la fecha de aplicación de la vacuna e informara a este órgano jurisdiccional con una semana de anticipación para hacerle del conocimiento a la parte quejosa y se encuentre en condiciones de acudir para la inoculación del menor directo quejoso, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a ese mandato judicial, a pesar de encontrarse notificado, lo que aconteció el veintinueve de abril de año en curso, mediante correo electrónico. Finalmente, para dar margen a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para su celebración.

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