Marco Aurelio Rioja Alanis

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Marco Aurelio Rioja Alanis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. N OTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 327/2022, y está pendiente de dictarse la sentencia que corresponde, por lo que se ordena formar el expedientillo con la promoción de cuenta y, se provee: Agréguese el escrito del autorizado en términos amplios por la parte tercera interesada (personalidad reconocida en autos); en atención a su contenido, dígase que no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en la audiencia mencionada se acordó lo conducente respecto del ocurso que refiere. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 327/2022 promovido por ... por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El seis de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra un acto que consideró violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El siete de abril posterior, se admitió la demanda, dio intervención a la Fiscalía federal adscrita, requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindió el informe de ley, se emplazó a la parte tercera interesada; la representante social adscrita no intervino y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103 fracción I, 107 fracción III inciso a), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución emitida el veintitrés de marzo de dos mil veintidós en el toca ... por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el proveído de veintiséis de agosto anterior dictado en el expediente ... por el Juez Trigésimo Séptimo Familiar de esta Ciudad, donde se decretó el veinte por ciento de las percepciones totales del quejoso, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la actora. Tercero. Existencia. La certeza del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se proveyeron alimentos por comparecencia a la ahora tercera interesada, y se decretó el veinte por ciento mensual del total de ingresos ordinarios y extraordinarios del ahora inconforme. 2. Inconforme, el quejoso apeló la decisión, recurso resuelto el veintitrés de marzo de dos mil veintidós en el toca ... por la sala responsable, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha sido INFUNDADOS los DOS AGRAVIOS, hechos valer por ..., respecto del auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, emitido por el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, en la Controversia del Orden Familiar, Alimentos por comparecencia, promovida por ... versus ..., tramitada bajo el número de expediente ..., Secretaría "B", en consecuencia: SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución apelada, para quedar la misma en los términos del penúltimo considerando. (.)" Esta última resolución integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: Aunque la autoridad responsable analizó los agravios conjuntamente, que es incorrecto porque se alegaron temas diversos; en el primero se sostuvo que no se acreditan las condiciones de los artículos 302, 311 y 323 del Código Civil local, para estimar acreedora a la colitigante. En el diverso se razonó que la actora no ofreció pruebas o manifestación bajo protesta de decir verdad, que evidencié la urgencia de los alimentos, y tampoco es un caso de menores o discapacitados. Tampoco se alegó la necesidad de los alimentos por haberse dedicado preponderantemente al hogar, ni el hecho generador de la obligación, o algún indicador sobre sus gastos, lo que equivale a una reducción injustificada de los ingresos. En los hechos narrados por la contraparte no se acredita separación, divorcio, nulidad de matrimonio o caso análogo, porque aunque afirmó que se le dio un término para salir del hogar que habitaba, no indicó cual día, una fecha cierta o prueba de la realización de ese hecho, por lo cual es una circunstancia futura e incierta que no acredita la separación, y por ende tampoco obliga a uno de los cónyuges. Si bien sostuvo que en siete meses previos a demandar, el quejoso le negó el apoyo económico, se trata de una confesión de tener medios y recursos de subsistencia Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por implicar temas afines, aunque no necesariamente corresponda al planteamiento de la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste razón a la inconforme en los conceptos de violación porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, puesto que la sala responsable se refirió a los hechos que integraron la medida provisional solicitada, y a las circunstancias que concurrieron en el entorno familiar que originaron la controversia. A demás, la Ad Quem expuso premisas, razones y argumentaciones para sustentar sus conclusiones, pues invocó la facultad que le confieren los artículos 942 primer párrafo y 943 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia y decretar las medidas precautorias, de preservación como los alimentos, y para atender la causa de pedir sostuvo: "(.) En ese sentido, dentro del presente negocio, la apelada solicitó, el pago de alimentos de manera provisional, fundándose para ello en los hechos narrados en la comparecencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mismos que fueron considerados por el Primigenio como suficientes para decretar una pensión alimenticia provisional a su favor, por lo que en términos de lo establecido por el número 943 primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles, se fijaron los mismos mientras se resuelto el presente juicio. De tal manera, que la determinación contenida en la resolución impugnada, no genera agravio alguno al apelante, pues la legislación familiar contempla el derecho de alimentos entre los consortes, mismo que nace de los derechos y obligaciones recíprocos que por virtud del matrimonio se generan y de los que es dable decretarlos de manera provisional, en lo que es resuelto el fondo del negocio, esto es en la sentencia definitiva, que será el estadio procesal, en el que atendiendo a las constancias de autos y probanzas aportadas por ambas partes, que se establezca si resulta fundado o no el derecho invocado por la accionante respecto de los alimentos que en su caso se decreten de forma definitiva o no. En efecto, por lo que hace al porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia provisional, el mismo fue decretado por el Juzgador de Origen, en aras de la mayor protección para los miembros de la familia (para la actora exclusivamente), siendo relevante mencionar que dicho porcentaje no tiene el carácter de definitivo, por lo que el mismo puede ser reconsiderado por el Primigenio, en términos de lo establecido por los artículos 88 y 94 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se dejan a salvo los derechos del divergente, para que pueda hacer valer los mismos, en la forma y términos que corresponda. A virtud de lo antedicho, es dable CONFIRMAR el auto apelado de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, al no irrogar agravio alguno al disidente. (.)" Con ese ejercicio judicial se satisface la garantía de legalidad y el principio de seguridad jurídica, porque se cumple el deber de fundamentación y motivación. Esto es, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En ese sentido es infundado el concepto de violación donde se alega falta de fundamentación y motivación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También es infundado el concepto de violación donde se alega que no se aportaron elementos suficientes, para acreditar el derecho a los alimentos. En efecto, al comparecer a demandar alimentos, la solicitante basó su acción en las siguientes circunstancias: "(.) UNO.- Hago del conocimiento de su Señoría que me casé con el hoy demandado el día veintiséis de mayo del año dos mil nueve, viviendo juntos hasta la fecha pero ya me corrió de la casa, me dijo que tengo hasta el lunes para sacar mis cosas. DOS.- De esa relación no procreamos hijos, manifestando que los gastos de la compareciente son: alimentos, vestido, calzado, luz, agua, médicos, medicamentos, renta. TRES.- Manifestando que el hoy demandado durante el tiempo que vivimos juntos me proporcionaba cantidad de mil quinientos a dos mil pesos quincenales, pero desde hace siete meses no da cantidad alguna. CUATRO.- Manifiesta la compareciente Bajo Protesta de Decir Verdad que el hoy demandado trabaja para LA UNIVERSIDAD ..., donde tiene el puesto de Técnico, donde sabe que tiene ingresos por la cantidad de catorce mil pesos mensuales. CINCO.- Hago del conocimiento de su Señoría que la suscrita actualmente no trabajo, motivo por el cual acudo ante su Señoría a fin de que se otorgue una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva para la parte actora." Para sustentar los alimentos demandados la actora exhibió el acta de matrimonio celebrada entre las partes, la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto legal y humano. Como se advierte, la parte actora solicitó una medida provisional consistente en la determinación de alimentos propios, la cual se fijó en el proceso sin intervención del ejecutado tanto en la primera instancia como en la apelación, y esos hechos y pruebas aportados son suficientes para demostrar el derecho y la necesidad, provisional, de otorgar alimentos, porque demuestran la existencia de un vínculo jurídico entre las partes, a través de una institución reconocida por la legislación que es el matrimonio. De igual modo, se puede advertir que las partes mantuvieron una relación constante, estable y conformaron una familia hasta el rompimiento de hecho de ese vínculo, de igual modo se puede sostener que durante esa unión la solicitante de los alimentos tuvo dependencia económica del demandado. Acorde a lo cual debe estimarse que las partes conformaron una familia unida bajo alguna de las figuras reconocidas en la ley, de forma constante y estable, con el ánimo de generar una relación duradera para lograr los fines de una pareja en familia, y que la solicitante de los alimentos realizó un trabajo en un entorno familiar respecto del otro integrante, que le ministraba ingresos variables acorde a sus posibilidades salariales. Lo cual permite sostener que la pareja entonces constituyó una familia por haber conformado una relación estable con la intención de ser permanente, y que uno de los roles y/o acuerdos internos fue asumir la dirección y sustento económico en uno de ellos, y que la ahora contraparte al ser receptora y dependiente de fondos para hacer operativas las funciones de la familia, se colocó en una posición de desventaja financiera. Entonces, es que contrario a lo alegado las partes se ubicaron en el supuesto regulado por la ley, que establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos, porque sobre esos principios de afectividad, convivencia constante y estable, se fundó el vínculo humano y jurídico de origen. Esto es, de los hechos alegados se advierte que la pareja tuvo una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios, para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio, que ante su quebrantamiento, originó una obligación asistencial derivada del desequilibrio económico que se presentó entre la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos. Dichos elementos constituyen las protecciones mínimas que prevé el derecho de familia, que no necesariamente exigen demostrar un caso de urgencia, pues basta como en el caso acreditar el derecho a los alimentos bajo las condiciones descritas, para exigirlos del deudor. De igual modo, tampoco es necesario que la actora acredite fehacientemente en cual día "lunes" salió, saldría o habría de salir del domicilio conyugal, si ha demostrado el derecho a solicitar alimentos del demandado, así como la necesidad de medios de subsistencia por haber estado en situación de desequilibrio respecto de su cónyuge. Esa conclusión se respalda en que el derecho de alimentación proviene de la ley y no de circunstancias disponibles, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular de la prerrogativa para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, en base a que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Dado que al nacer esta obligación del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no autoriza arriesgar esa situación mediante exigencias probatorias o requisitos extraordinarios o fehacientes, o bien, que necesariamente demuestren circunstancias específicas más allá de toda duda razonable, para decretar los alimentos. Pues así estimarlo podría conllevar a aceptar por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador, sobre todo si apelamos al desequilibrio habido entre cónyuges que abandonaron una actividad económicamente remunerada, en beneficio de la familia. De ahí que también se comprenda el porqué el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido a futuro, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. En tal orden de ideas es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia PC.I.C. J/45 C (10a.), de registro digital: 2013735, de la Décima Época, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES DE HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES. PARA DECRETAR SU PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO EN COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL CUIDADO DE ÉSTE. El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; asimismo, el artículo 4o., primer párrafo, constitucional señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por su parte, los artículos 146 y 291 bis del Código Civil y 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia, ambos ordenamientos aplicables en la Ciudad de México, describen tipos de familias conformadas por una pareja y tienen como común denominador el mantenimiento de una convivencia constante y estable. Derivado de lo anterior, los derechos establecidos para la protección de la familia, entre los que destacan los alimentarios, no son exclusivos del matrimonio, del concubinato o de la sociedad de convivencia, pues las legislaciones que impongan la obligación de reconocerlos solamente en favor de sus integrantes, excluyendo a otro tipo de parejas de hecho que al convivir de forma constante generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua pero que por algún motivo no cumplen con todos los requisitos para ser considerados en alguna de las instituciones citadas, constituye una distinción con base en una categoría sospechosa -el estado civil- que no es razonable ni justificada y que coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación con su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Ello es así, porque la obligación de otorgar alimentos entre los integrantes de una relación de hecho, es una institución inherente a la familia y se fundamenta en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que puede presentarse entre la pareja al momento de disolverse la relación, resultando indispensable que entre la pareja exista o haya existido una relación de familia, basada en una convivencia constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, porque las protecciones alimentarias o compensatorias no son extensibles a uniones efímeras o pasajeras. Consecuentemente, si dos personas procrearon un hijo y una de ellas se dedicó a su cuidado, tales hechos por sí solos resultan insuficientes para generar el derecho de reclamar del otro una pensión alimentaria o compensatoria, pues no conformaron un núcleo familiar al no encontrarse unidas bajo ninguna de las tres figuras referidas, ni lo hicieron con el ánimo de generar una relación constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua. Lo anterior no resulta discriminatorio, pues la protección prevista en el artículo 4o. citado tiene por objeto la organización y el desarrollo de la familia, en la cual no se ubican los tipos de relación descritos debido a la falta de estabilidad." Por otra parte, también es infundado el motivo de inconformidad donde se alega que la acreedora carece de derecho a que se le ministren alimentos por tener recursos propios, porque la prerrogativa que le constituye esa posibilidad no es propiamente tener o carecer de fondos propios. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión ... y ..., respectivamente determinó que de los artículos 4o. de la Constitución Federal y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. En los precedentes citados, se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país, reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos. De entre el tipo de vínculos jurídicos a los cuales se refirió el Alto Tribunal destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio; tocante a la última se señaló que una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. La finalidad de tal compensación es dotar al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar de un ingreso suficiente, hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios de subsistencia. Posteriormente, dicha Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 359/2014 consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución del vínculo de pareja. Ahora, como se indicó en esta sentencia, acorde a las constancias del expediente, las partes formaron un núcleo familiar bajo la figura del matrimonio, y a su amparo se repartieron y/o asignaron roles concretos al interior para satisfacer las necesidades. Además, que con motivo de esos hechos el quejoso asumió la titularidad de las cargas económicas y de manutención financiera de la familia, y que la tercera interesada desplazó cualesquiera actividades con resultado remunerado. De ahí se sigue la congruencia con los términos de la acción instada, donde se demandó alimentos propios con motivo del vínculo familiar con el deudor, a causa del abandonó la expectativa financiera propia, para asumir un rol familiar al cuidado del hogar. De modo que si de forma común esos hechos son asumidos por las partes y principalmente, fundan y motivan la acción de alimentos, dan contenido y extensión a los mismos, por lo que es claro que el acto reclamado es fiel al orden normativo porque en el caso del matrimonio la legislación familiar local establece una obligación de dar alimentos, como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Tal derecho está sujeto a límites que se obtienen del artículo 288, del Código Civil para el entonces Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, donde se prevé que para los casos de divorcio el ex cónyuge que haya desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá exigirlos, además, que dicha obligación será periódica y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. Por tal motivo, es irrelevante que la progenitora tenga ingresos y cuente con capital propio; en esos términos es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2007988, que dice: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación formulados, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese a las partes como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy once de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 327/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, *****, asistido de *****, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con el escrito con registro 15683. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Agréguese el ocurso de la tercera interesada: en atención a su contenido, se tiene por formulados sus Alegatos para ser relacionados en su oportunidad. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde se indica que la tercera interesada no ofreció y el quejoso ofertó la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y desahogan las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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