Marco Aurelio Martinez Granados

Expediente 1205/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1205/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Aurelio Martinez Granados

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha, la parte quejosa ... no interpuso recurso de queja contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida contra actos de la Fiscal Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual Licenciada Yadira Barajas adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California, Región Mexicali; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; bajo la supervisión de la Secretaría encargada del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido. Atento a lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción b), del mismo ordenamiento.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto cuatro de agosto de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Marco Aurelio Martínez Granados, contra actos del Fiscal Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual Lic. Yadira Barajas adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California, Región Mexicali; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1205/2022-5. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, de la lectura íntegra a la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado se hace consistir: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable reclamo la negativa de la fiscal a proporcionarme copias de la carpeta de investigación que se sigue en nuestra contra dentro del Número Único de Caso 02-2022-20715 por la autoridad responsable mencionada con antelación. Desechamiento. Acotado lo anterior, se estima que por lo que hace al acto señalado, este órgano de control constitucional advierte que, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ..XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.." En relación con ese precepto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Además, cabe destacar que un "derecho subjetivo" implica la existencia de una facultad otorgada por el ordenamiento legal; sin embargo, la existencia de esa prerrogativa no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos probatorios aptos para demostrar tal extremo en forma fehaciente. En el caso en concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa de proporcionar copia de la carpeta de investigación que se sigue en su contra por parte de la Fiscal Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual Lic. Yadira Barajas adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California, Región Mexicali. Sin embargo, en relación con dicho acto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante jurisprudencia -pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta electrónica- la contradicción de criterios 2/2022, en sesión de uno de junio de este año, en la que concluyó que en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. En su fallo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda o sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser detenida y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el acto reclamado no afecta el interés jurídico del promovente, en la medida en que no transgrede algún derecho subjetivo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para justificar esa afirmación, es oportuno destacar que el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: --- (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; - -- - .". "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. - -- - (...)." De la transcripción del artículo 20 constitucional se advierte que se reconoce al imputado el derecho a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, por lo que serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Ese precepto constitucional es retomado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las hipótesis de acceso del imputado a los registros de la investigación, los que podrá consultar con la oportunidad debida para preparar su defensa, limitando este derecho constitucional sólo en los casos siguientes: 1. Cuando el imputado se encuentre detenido. 2. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda entrevistarlo. 3. Cuando se pretenda recibírsele declaración y antes de su primera comparecencia ante el juez, por lo que a partir de este último momento -primera comparecencia ante juez- no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. Lo que, en sentido contrario, implica que antes de tales actos procesales deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. En la especie, de acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso no se encuentra detenido ni ha sido citado para rendir declaración o entrevista, es decir, no ha sido objeto de algún acto de molestia; por tanto, carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia constitucional la negativa de acceso a alguna carpeta o carpetas de investigación. Sin que con lo anterior se transgreda su derecho a una defensa adecuada, pues la negativa reclamada es acorde a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que limita la consulta e intervención a la carpeta de investigación, sólo en los casos expresamente señalados, en los que el quejoso no se encuentra ubicado. No pasa desapercibido que el primer párrafo del artículo 20 constitucional prevé que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción en favor de las partes, consistente en el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley), y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor puedan participar activamente, inclusive, en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso, tales como peritos o testigos. Así como que el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley, tutelado en los artículos 1º de la Constitución Federal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, actualmente equiparados los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido, en un mismo plano, con rango constitucional. Tampoco se desatiende que la fracción III del artículo 20 constitucional establezca el derecho de los imputados a que le sean proporcionados los datos recabados en la carpeta de investigación. Porque esas prerrogativas deben interpretarse de manera sistemática con la diversa fracción VI del mismo numeral 20, que establece los casos en los cuales es posible dar acceso a la misma al imputado para que conozca los datos de prueba. Es aplicable la tesis XIII.P.A.54 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, registro 2018142, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Además, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que el quejoso haya adquirido la calidad de imputado o sea sujeto de un acto de molestia; pues si bien el agraviado refiere que tiene conocimiento de una denuncia presentada en su contra bajo el Número Único de Caso 02-2022-20715 por el delito de violación, que ha tenido conocimiento que en repetidas ocasiones agentes de la policía ministerial han acudido a su domicilio en su búsqueda, y que en fecha seis de julio de dos mil veintidós se presentó ante la autoridad responsable solicitando copia de la carpeta de investigación, la cual le fue negada bajo el argumento de que no se encontraba en las hipótesis contempladas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo tales manifestaciones no demuestra la existencia de un acto de molestia concreto. Es aplicable al caso la tesis VI.2o.P.59 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de 2019, tomo VI, décima época, página 5071, registro 2020052, de rubro: ".ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE." Así como la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, página 994, registro 2020891, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". En ese contexto, al haber operado la causal de improcedencia abordada lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VII, enero de 1991, página 211, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. La notoria improcedencia referida y contemplada por el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de Garantías, debe advertirse o desprenderse de lo expuesto por el promovente en la propia demanda de amparo, pues tal es el sentido de dicho dispositivo, de ahí que para la aplicación de tal precepto es incorrecto que el juzgador se apoye en elementos ajenos a aquella demanda." Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y autorizando únicamente para oírlas y recibirlas a Emilio Villegas Álvarez y Elías Carrillo Cerezo, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el sistema habilitado para ello; y para el mismo efecto a las personas que menciona en su escrito. Exhortación al uso de medios electrónicos Así también, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes del presente asunto a que de ser posible, realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el arábigo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, con base en los numerales 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia y datos personales Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

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