Marco Aurelio Gasca Meza

Expediente 1091/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1091/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2017

Partes del expediente

  • Marco Aurelio Gasca Meza

Actuaciones

  1. Principal

    ....el escrito signado por las quejosas Maricruz Mota Campos e Isabel del Carmen Meneses Ortiz.... expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, y hágasele entrega a las ocursantes o a los autorizados que señalan para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. No obsta el hecho de que el escrito de cuenta se encuentra dirigido al juicio de amparo 190/2017, toda vez que de los demás datos en él insertos, se aprecia que corresponde al presente asunto.

  2. Principal

    .... se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo presentada por Marco Aurelio Gasca Meza, Julio Iván Hernández Mota, Magdalena Hernández Vázquez, Aurora López Cervantes, Miguel Ángel Jácome Zaragoza, Inés Heredia Ruíz, Jonatan Mallard Medrano, Andrea Minerva Trejo Calvillo, Verónica Díaz Velázquez, María Mariela García Hernández, Teresa Beatriz Morales Nogueira, Jorge Valdez Rosado, Fausto Posadas González, Gabriel Meza Escoto, Maricruz Mota Campos, José Luis López Miss, Migeul Ángel García Hernández, Marco Antonio Vázquez León, Isabel Del Carmen Meneses Ortiz, Trinidad Ortiz Pérez, Marcos Meza Yllesaca, Sofía Carrera Duran, Fermina Ruiz Jiménez, Antonio Tejeda Lagunez y María del Coral Vázquez Monge, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1091/2017/II-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan esencialmente como acto reclamado la omisión por parte de las autoridades responsables, de ejecutar el laudo emitido dentro del juicio laboral 208/2011-IV y sus acumulados 209/2011-I, 210/2011-II, 212/2011-IV, 215/2011-III, 254/2011-II, 374/2011-II y 389/2011-I del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por lo que dice se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitucional Federal Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, resulta conveniente exponer que de acuerdo con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, como se advierte del caso particular los quejosos se duelen de la omisión por parte de la autoridad responsable ordenadora, de realizar las gestiones correspondientes para cumplir con el laudo emitido en el expediente laboral 208/2011-IV y sus acumulados, dentro del cual son parte actora; y, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como lo sería la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; pero como se advierte en el caso concreto no se advierte que se actualice dicha dilación. Ahora, como se advierte de la demanda, la omisión o negativa en proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 208/2011-IV y sus acumulados, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, es genérica, dado que no precisa de manera concreta la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, sino que menciona actos futuros e inciertos, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable omite realizar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo. Por su parte, de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102, de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo, prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En esa línea de pensamiento, debe decirse que al reclamarse en amparo indirecto, en forma genérica la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente número 208/2011-IV, es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos que se atribuye a la autoridad responsable. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo era necesario que se reclamara un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impuso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Robustece a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, Libro III, Tomo 4, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De igual manera, es aplicable por similitud la Jurisprudencia PC.I.L. J/10 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 844, Libro 22, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Jurisprudencia, esta última, que si bien se refiere a la interpretación del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, resulta aplicable al presente asunto, pues el contenido del citado numeral es similar al diverso 224, de la Ley del Servicio Civil de Veracruz. De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda con que se dio cuenta. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis García Silveira, Jacqueline Villa Rivera y Guadalupe Martínez Pacheco. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

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