Marco Aurelio Estrada Contreras
Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marco Aurelio Estrada Contreras
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por Carlos Gutiérrez Curiel, apoderado jurídico del quejoso Marco Aurelio Estrada Contreras, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia de éste para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO O AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Gutiérrez Curiel, apoderado jurídico de Marco Aurelio Estrada Contreras, carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las documentales que exhibe en copia certificadas, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1079/2023 2. Desechamiento Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: a) El auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación, promovido en contra del proveído de cinco de junio del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 747/2020 en el cual se declara improcedente el citado recurso y confirma el auto impugnado. b) El acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábil para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria y ordenó girar oficios a la fuerza pública; así como los comunicados emitidos por la responsable, para dar seguridad en la diligencia de entrega de inmueble. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de origen se encuentra en estado de ejecución y que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, pues se trata del demandado, quien conforme a los antecedentes del acto reclamado, que narró bajo protesta de decir verdad, se advierte se encuentra incorporado a la litis en aquél procedimiento civil, y fue oída y vencida en el mismo. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, los actos que en esta vía reclama el quejoso no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación, promovido en contra del proveído de cinco de junio del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 747/2020, en el cual se declara improcedente el citado recurso y confirma el auto impugnado. En ese sentido cabe mencionar, de los antecedentes expuestos por el quejoso se advierte que en el auto impugnado de cinco de junio, el juez de origen indicó al apoderado jurídico de la parte actora que no había lugar a tenerle por notificado de la llegada de autos, ya que la misma se le notificó de manera electrónica desde el treinta y uno de mayo de este año, y se hizo la corrección de que la sentencia definitiva apelada fue revocada. Contra ese auto el aquí quejoso interpuso el recurso de revocación, que se declaró improcedente, para confirmar aquél auto, en razón de que se trataba de una mera aclaración en el sentido de que la sentencia apelada no fue confirmada sino revocada. De ahí que el auto que se combate en esta instancia constitucional, no entra dentro de la excepción para reclamar en amparo indirecto actos en ejecución de sentencia, puesto que dicho auto no tiene plena autonomía, ya que si bien se trata de la determinación que se tomó ante el recurso de revocación que hizo valer, empero, no tiene elemento alguno para considerar que el tema ahí tratado sea ajeno a la cosa juzgada, puesto que únicamente aborda un tema de aclaración de un error que se realizó en acuerdo anterior, para precisar que la sentencia apelada, no fue confirmada, sino revocada, lo cual no resulta ajeno a la cosa juzgada. En tanto, respecto del diverso acto reclamado, consistente en el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábiles para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria, así como la solicitud de auxilio de la fuerza pública para hacer la entrega de posesión del inmueble materia de la litis; evidentemente no se trata de un auto ajeno a la cosa juzgada sino el seguimiento al trámite de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la misma. Por lo que tal acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución de lo sentenciado. En esa temática, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco los actos que reclama afectan derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que combate el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el cual se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto y se realiza una precisión en torno al sentido de la resolución que resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en el juicio civil, así como el diverso de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábiles para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria y ordenó girar oficios a la fuerza pública; esto no, tales determinaciones no son ajenas a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen; ni se priva al quejoso de ningún derecho fundamental, pues el uso de la fuerza pública y, en su caso, el uso de cerrajero, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte actora en el cumplimiento. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. 3. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda. 4. Número telefónico y correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones a través de ese medio, toda vez, que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Gutiérrez Curiel, apoderado jurídico de Marco Aurelio Estrada Contreras, carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las documentales que exhibe en copia certificadas, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1079/2023 2. Desechamiento Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que se reclama lo siguiente: a) El auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación, promovido en contra del proveído de cinco de junio del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 747/2020 en el cual se declara improcedente el citado recurso y confirma el auto impugnado. b) El acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábil para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria y ordenó girar oficios a la fuerza pública; así como los comunicados emitidos por la responsable, para dar seguridad en la diligencia de entrega de inmueble. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de origen se encuentra en estado de ejecución y que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, pues se trata del demandado, quien conforme a los antecedentes del acto reclamado, que narró bajo protesta de decir verdad, se advierte se encuentra incorporado a la litis en aquél procedimiento civil, y fue oída y vencida en el mismo. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, los actos que en esta vía reclama el quejoso no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación, promovido en contra del proveído de cinco de junio del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 747/2020, en el cual se declara improcedente el citado recurso y confirma el auto impugnado. En ese sentido cabe mencionar, de los antecedentes expuestos por el quejoso se advierte que en el auto impugnado de cinco de junio, el juez de origen indicó al apoderado jurídico de la parte actora que no había lugar a tenerle por notificado de la llegada de autos, ya que la misma se le notificó de manera electrónica desde el treinta y uno de mayo de este año, y se hizo la corrección de que la sentencia definitiva apelada fue revocada. Contra ese auto el aquí quejoso interpuso el recurso de revocación, que se declaró improcedente, para confirmar aquél auto, en razón de que se trataba de una mera aclaración en el sentido de que la sentencia apelada no fue confirmada sino revocada. De ahí que el auto que se combate en esta instancia constitucional, no entra dentro de la excepción para reclamar en amparo indirecto actos en ejecución de sentencia, puesto que dicho auto no tiene plena autonomía, ya que si bien se trata de la determinación que se tomó ante el recurso de revocación que hizo valer, empero, no tiene elemento alguno para considerar que el tema ahí tratado sea ajeno a la cosa juzgada, puesto que únicamente aborda un tema de aclaración de un error que se realizó en acuerdo anterior, para precisar que la sentencia apelada, no fue confirmada, sino revocada, lo cual no resulta ajeno a la cosa juzgada. En tanto, respecto del diverso acto reclamado, consistente en el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábiles para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria, así como la solicitud de auxilio de la fuerza pública para hacer la entrega de posesión del inmueble materia de la litis; evidentemente no se trata de un auto ajeno a la cosa juzgada sino el seguimiento al trámite de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la misma. Por lo que tal acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución de lo sentenciado. En esa temática, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco los actos que reclama afectan derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que combate el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el cual se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto y se realiza una precisión en torno al sentido de la resolución que resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en el juicio civil, así como el diverso de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que se señala día y hora inhábiles para poner en posesión real y material a la parte actora del inmueble materia de la acción real reivindicatoria y ordenó girar oficios a la fuerza pública; esto no, tales determinaciones no son ajenas a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen; ni se priva al quejoso de ningún derecho fundamental, pues el uso de la fuerza pública y, en su caso, el uso de cerrajero, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte actora en el cumplimiento. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. 3. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda. 4. Número telefónico y correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones a través de ese medio, toda vez, que la Ley de Amparo no lo prevé. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Marco Antonio Saavedra Chávez961/2022
- Marco Antonio Tovar Ruiz530/2021
- Marco Antonio Villicaña Méndez1283/2022
- Marco Antonio Zaragoza García y Otros.583/2021
- Marco Antonio Zaragoza García907/2022
- Marco Antonio Zaragoza García269/2022
- Marco Aurelio Estrada Contreras1363/2023
- Marco Fabián Gutiérrez Melgosa438/2018
- Marco Josue Ruiz Espinoza515/2020
- Marco Ulises León Molina71/2019
- Marco Ulises León Molina363/2017
- Marcos Abraham Flores Sánchez1338/2022