Marco Augusto Cruz Calderón

Expediente 921/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
921/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Marco Augusto Cruz Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, mediante el cual informa los trámites realizados a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, en cuanto a la prueba pericial que ofrecen los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, a efecto de verificar la autenticidad de la firma que aparece plasmada en el escrito de dos de agosto del presente año (fojas 627 y 628), no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que dicha promoción únicamente se agregó a los autos, sin tomar en consideración las manifestaciones vertidas en la misma, ni acordar de conformidad su contenido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la diligencia que antecede, de veintiuno de septiembre del año en curso, de la que se advierte, el quejoso Marco Augusto Cruz Calderón, compareció ante el personal de este Juzgado a ratificar su escrito presentado el siete de septiembre del año en curso, como se advierte en la diligencia que antecede; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, ya que manifiesta que los hechos o abstenciones que narra en su demanda, los realiza bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, del análisis de la demanda de garantías, se advierte, el quejoso reclama del agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca (Fiscalía Local de Ejutla de Crespo, Oaxaca), el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en que se negó a darle la intervención que legalmente le corresponde en la carpeta de investigación que se encuentra integrándose en su contra. Este órgano jurisdiccional estima que con respecto al referido acto reclamado, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En el caso, debido a que no irroga perjuicio al gobernado, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que dichos actos de investigación son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia Saltillo, Coahuila, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, que aparece publicada en la página 1592 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Así como la tesis XVII.1o.P.A.67 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, Tomo XXXII, Octubre de 2010, publicada en la página 3030 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADMITIR UN MEDIO PROBATORIO EN LA PRIMERA ETAPA O FASE PRELIMINAR DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua contiene una serie de controles en las diversas decisiones que puede tomar el Ministerio Público de la entidad, por ejemplo, los previstos en sus artículos 77, párrafo segundo, 85, párrafo segundo, 223, párrafo tercero y 293, párrafo tercero. Así las cosas, si en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado que en la primera etapa o fase preliminar del nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial ante el Juez de Garantía, el representante social estatal no admitió un medio probatorio, y el Juez de Distrito desechó aquella demanda considerando que no le causaba perjuicio alguno, pues se ignoraba lo que en definitiva se resolvería en el procedimiento penal; y en el recurso de revisión la parte quejosa aduce que es obligación del fiscal estatal practicar y ordenar todos los datos "para descubrir la verdad" y con ello determinar si consigna o no la carpeta de investigación ante el Juez de Garantía, dicho agravio es fundado pero insuficiente, pues aunque los imputados tienen derecho a ello de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la reclamada omisión es impugnable ante un Juez de Garantía a través del medio de control previsto por el referido artículo 293, así como por el recurso de queja establecido en el invocado artículo 223, resulta inconcuso que dichos medios de defensa debieron agotarse antes de acudir a aquella instancia judicial, pues de lo contrario se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia establecidas por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, 6º, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías, por lo que hace al referido acto atento a lo establecido por el numeral 113 del invocado ordenamiento legal. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese la copia certificada del oficio de cuenta signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia la ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 1210/2017, del índice de este Juzgado, con el que se remitió el billete de depósito N 489690, debidamente endosado al Tesorero de la Federación. NOTIFÍQUESE.

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