Marco Arturo Martínez Colorado
Expediente 183/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Marco Arturo Martínez Colorado
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los cuales se advierte que ha fenecido para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto contra el auto de dieciséis de marzo del presente año que desechó la demanda de amparo (fojas 8 a 14), sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo, una vez transcurridos cinco años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso (fojas 8 a 14), informa que se realizó la corrección a la papeleta de turno en el sistema computarizado, por lo que anexa al presente oficio la nueva papeleta con la corrección respectiva; en consecuencia, se ordena glosar dicha documental al inicio del presente expediente, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de diecisiete de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: ? Radicación de la demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Marco Arturo Martínez Colorado, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye al Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 183/2017. ? Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. ? El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. ? Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." ? Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ? Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, en el caso concreto, el quejoso hizo consistir los actos reclamados en los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, señalado como autoridad responsable reclamo: ? La discusión, aprobación y expedición, de los artículos 481 y 485 del Código Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la reclamación se realiza solamente por cuanto hace al contenido y efectos heteroaplicativos descritos en el capítulo especial de la presente demanda denominado carácter heteroaplicativo del numeral que se reclama, así como las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas de estos actos reclamados. Del DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, señalado como autoridad responsable reclamo: ? La publicación en el Periódico Oficial del Estado de los artículos 481 y 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la reclamación se realiza solamente por cuanto hace al contenido y efectos heteroaplicativos descritos en el capítulo especial de la presente demanda denominado carácter heteroaplicativos del numeral que se reclama, así como las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas de estos actos reclamados, ordenando iniciar su vigencia al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial. Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, señalado como autoridad responsable reclamo: ? La orden de publicación y promulgación en el Periódico Oficial del Estado de los artículos 481 y 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la reclamación se realiza solamente por cuanto hace al contenido y efectos heteroaplicativos descritos en el capítulo especial de la presente demanda denominado carácter heteroaplicativos del numeral que se reclama, así como las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas de estos actos reclamados, ordenando iniciar su vigencia al día siguiente de la publicación en el en el Periódico Oficial. Del JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE ESTA CIUDAD, reclamo: ? La aplicación en perjuicio del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en especial de los artículos 481 y 485 la reclamación se realiza solamente por cuanto hace al contenido y efectos heteroaplicativos descritos en el capítulo especial de la presente demanda denominado carácter heteroaplicativos de los numerales que se reclaman, lo anterior al emitir EL ACUERDO DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017, PUBLICADO POR LISTA DE ESTRADOS EL DÍA 13 DE MARZO DE 2017, RECAÍDO AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS promovido en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión que fuera radicado con número 1899/2010 ante la responsable y en donde SE ME CONDENA A PAGAR LA CANTIDAD DE $1,001,800.00 (Son: Un millón Un Mil Ochocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), en favor de C. ADREANA PEON MIER Y TERAN, misma que se me hizo de mi conocimiento con fecha 13 de marzo del 2017, con grave conculcación a mis garantías individuales consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna. ? El acuerdo de DE (sic) FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2017, PUBLICADO POR LISTA DE ESTRADOS EL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO 2017 RECAÍDO AL INCIDENTS DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS promovido en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión que fuera radicado con número 1899/2010 ante la responsable y en donde se me hace de mi conocimiento el embargo sobre bienes que supuestamente son de mi propiedad, conculcando las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ? El acuerdo de fecha 04 de octubre del año 2016, publicado por lista de estrados el día 05 de octubre del año 2016, dictado en el Incidente de liquidación de Gastos y Costas promovido en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión que fuera radicado con número 1899/2010, que promueve la C ROSA ELENA LOZANO VAZQUEZ en contra del suscrito, con grave conculcación a mis garantías individuales Ahora, es preciso destacar primeramente que, respecto de los actos reclamados a la autoridad Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, los cuales en síntesis, son los siguientes: 1) Acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el incidente de liquidación de gastos y costas número 1899/2010, en el cual la parte quejosa argumenta que se le condenó al pago de dichos conceptos a favor de Adreana Peon Mier y Terán y, en consecuencia, se hizo de su conocimiento del embargo de bienes supuestamente de su propiedad. 2) Acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el incidente de liquidación de gastos y costas número 1899/2010, en el cual la parte quejosa es parte demandada. Se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, porque no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia ante la autoridad judicial, por lo que el amparo indirecto solo se puede promover contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, los invocados numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la lectura integral de la fracción IV del numeral 107 transcrito, se puede advertir una clase específica de procedencia del amparo indirecto, que opera solo en contra de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento; la que sin duda no lo constituyen los autos que la parte quejosa reclama los cuales refiere que se dictaron dentro del incidente de liquidación de gastos y costas número 1899/2010, en el cual del primer acuerdo que señala de diez de marzo de dos mil diecisiete -aduce- se le condenó al pago de gastos y costas con motivo de no haber obtenido sentencia favorable como parte actora en el juicio de origen y, en consecuencia, se hizo de su conocimiento del embargo de bienes supuestamente de su propiedad; por tanto, no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". El criterio expresado por el Pleno del Alto Tribunal de la República toma en consideración la exposición de motivos de la Ley de Amparo, en torno a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en la fracción III del artículo 114 de la citada ley; además, establece que persigue evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra actos procesales dictados en ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva. En ese sentido, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, la última resolución será, entonces, la impugnable en amparo, y no las que la preceden, tendientes a hacer efectiva una sentencia que ya causó ejecutoria; además que el cumplimiento de las sentencias con rango de cosa juzgada, no deben obstaculizarse por ser de interés público; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado con la ejecución del fallo, se debe reservar hasta que se clausure ese período de ejecución, es decir, la autoridad del conocimiento tiene que constatar el cumplimiento de lo juzgado, en definitiva, o bien, destacar la imposibilidad material y jurídica de cumplirlo. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Juzgador, que el quejoso reclama también la inconstitucionalidad de los artículos 481 y 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con motivo del primer acto de aplicación, que se concretizó en los acuerdos reclamados, mismos que fueron dictados en el incidente de liquidación de gastos y costas 1899/2010. Sin embargo, cuando se trata de actos de ejecución, como se ha referido con antelación, el juicio de amparo solo podrá promoverse contra la última resolución dictada dentro del procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad de los preceptos legales aplicados, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 29/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 226, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo en vigor, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia analizada. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda, y como autorizada en términos restrigidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Arturo Martínez Zetina, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de horas A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Ley de Transparencia Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Autorización a los Secretarios Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones en el sistema Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que la papeleta de turno, emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, registraron el asunto como tipo de demanda la materia civil, y el presente juicio versa sobre la materia de inconstitucionalidad de leyes (aun cuando se trate de actos reclamados también a autoridades jurisdiccionales en materia civil), gírese oficio al Jefe de la citada oficina a efecto de que se realice la corrección correspondiente.
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