Marco Antonio Zavaleta Megchun
Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2020
Partes del expediente
- Marco Antonio Zavaleta Megchun
- Marco Antonio Zavaleta Megchun y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención presencial a los justiciables, deberá generar un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional el día y la hora que agende. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención presencial a los justiciables, deberá generar un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional el día y la hora que agende. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 4. Actuario adscrito al Juzgado Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 5. Titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad. 6. Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad. 7. Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 675/2020-3-C. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que éste consiste en la duplicidad de medidas provisionales, decretadas en los autos del expediente ***, del índice del Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como la emitida en el diverso expediente ***, del índice del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierte que por cuanto hace a la medida provisional decretada en los autos del expediente ***, del índice del Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" El primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En ese contexto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercer la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como acto de molestia la medida provisional decretada en los autos del expediente ***, del índice del Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso, manifestó lo siguiente: "I) Es el caso que día 15 quince de octubre de 2015, siendo quincena el suscrito con la idea de retirar la misma. asistí a un cajero automático donde me encontré con la sorpresa de que mi quincena ya no había llegado completa. lo cual inmediatamente me dirigí a mi área laboral, el COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH). para que me informará porque no me había llegado completa mi quincena, notificándome en ese momento la Dirección de Administración y Finanzas, así como Recursos Humanos de mi fuente laboral que la deducción se debía a una orden de Juez Familiar por el concepto de Pensión Alimenticia provisional, mostrándome un oficio en ese momento, tomándole una fotografía al mismo, anexándose a la presente demanda, oficio Número JQFT/756-A/201, emitido por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a raíz del expediente *** de fecha 05 de octubre de 2015, . II) A consecuencia de lo anterior, el suscrito ha recibido un descuento por concepto de pensión alimenticia provisional desde el mes de octubre del año dos mil quince hasta la fecha, esto a pesar de que los acreedores alimentarios siempre han vivido con el de la voz, sin embargo aprovechando que la tercero perjudicada, mi ex concubina *** es abogada, me comento que el juicio citado en el hecho anterior lo promovió para que parte de mi sueldo fuera de ella, para comprar sus gustos, pues reitero que la antes citada siempre ha vivido con el de la voz, así como mi menor hijo M.A.Z.M. en la inteligencia de que la misma me amenazaba que si intentaba quitarle la pensión alimenticia me metería a la cárcel en base a sus contactos, es por ende que el de la voz a pesar de no ser notificado en el Juicio Familiar *** del Juzgado Quinto del Ramo Familiar, decidió no apersonarse al mismo, con la finalidad de tener en paz en mi familia y que la tercero perjudicada no me afectara con la privación de mi libertad" (sic) En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis[1] sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. De lo expuesto, se colige que el aquí quejoso, tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el quince de octubre de dos mil quince, por lo que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció hace aproximadamente cinco años. De ahí que, resulte inconcuso que el escrito de demanda de amparo presentado el veintitrés de septiembre del año en curso, resulta extemporáneo. Por consiguiente, si presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo hasta el veintitrés de septiembre del año en curso, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya feneció. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. Por otra parte, con relación al diverso acto reclamado consistente en la medida provisional decretada en los autos del expediente ***, del índice del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien esto analiza, considera que debe desecharse, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; precepto que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del contenido de este precepto se deduce que para que opere la causa de improcedencia por litispendencia, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que la parte quejosa hubiese reclamado el mismo acto atribuido a la misma autoridad, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la referida causal de improcedencia es evitar que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y la misma autoridad, pero también es obvia la necesidad de que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que lo que la ley dispuso fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Cabe precisar que el legislador secundario dispuso como excepción a la actualización de la causa de improcedencia examinada, que el acto reclamado consistiera en normas generales con motivo de actos de aplicación distintos, supuesto en el cual únicamente podría operar la figura de la litispendencia cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en el que se analice la constitucionalidad de la norma, empero, de declararse que ésta es constitucional, la improcedencia no alcanza a los actos de aplicación que fueron impugnados por vicios propios, habida cuenta que no se surte el presupuesto de identidad en los actos que requiere la litispendencia. Establecido lo anterior, conviene retomar que el diverso acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir, esencialmente, en la medida provisional decretada en los autos del expediente ***, del índice del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora bien, de las constancias relativas al juicio de amparo ***, del índice de este mismo juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia aplicada por analogía, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2026, del tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.", se advierte que el carácter de quejoso le reviste a la misma persona, esto es ***, en la que señaló como autoridades responsables al 1. Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, 3. Titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad, 4. Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad, 5. Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con sede en esta ciudad, atribuyéndoles como acto reclamado la medida provisional decretada en los autos del expediente ***, del índice del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y su ejecución. Demanda que fue desechada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte; empero, a la fecha de presentación de la presente demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, esto es a las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de septiembre de la presente anualidad, según consta de la papeleta con número de registro ***, aquel se encuentra pendiente de causar estado. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia que alude a la litispendencia existente entre dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades, y por el propio acto reclamado, siendo que el primero, esto es, el que se formó con la demanda más antigua, aún no ha sido resuelto en el fondo por resolución firme e irrevocable. Sin que pase desapercibida para quien aquí resuelve la existencia de la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS, ya que, en el caso no se estima aplicable. Lo anterior, toda vez que, de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 307/2012, que dio origen a la tesis mencionada en el párrafo que antecede, se desprende que los criterios que contendieron resolvían asuntos sobre la procedencia de la causa de improcedencia de litispendencia respecto de juicios de amparo que eran promovidos por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y mismas autoridades responsables, pero radicados en diversos órgano jurisdiccionales, de los cuales no se tenía conocimiento si ambos juicios se iban a sobreseer por la misma causal de improcedencia de litispendencia, dejando en estado de indefensión a la parte quejosa. Empero, en el caso concreto, al encontrarse desechada la demanda de amparo y pendiente de causar estado el juicio de amparo ***, radicada en este mismo juzgado, es evidente que quien esto determina, no tendrá por actualizada la causa de improcedencia de litispendencia en dicho juicio por haberse promovido el juicio de amparo 675/2020. En ese sentido, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia que alude a la litispendencia existente entre dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades, y por el propio acto reclamado, siendo que el primero, esto es, el que se formó con la demanda más antigua, que a la presentación de este asunto, aún se encuentra pendiente de quedar firme. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en las fracciones X y XIV del artículo 61, la primera en relación con el diverso 107, fracción V, y la segunda relacionada al diverso 17 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a *** y en términos del 24 segundo párrafo de la ley de la materia a ***, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa, en el correo electrónico y número de teléfono que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos; sin embargo, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberá sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese."
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