Marco Antonio Zapata Morán

Expediente 2232/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2232/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Zapata Morán
  • Subdirectora de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEVOLVER A LAS PARTES.

  2. Principal

    MESA IV.- VISTO EL ESTADO DE AUTO SE ORDENA NOTIFCAR EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTIDÓS, QUE DICE .villahermosa, Tabasco, quince de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Roberto Méndez Torres, a favor de Marco Antonio Zapata Morán, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 2232/2022-IV. Acotación relevante. No pasa desapercibido que la presente demanda de amparo fue presentada en línea, a través del Portal habilitado por el Poder Judicial de la Federación, misma que no está firmada electrónicamente por la persona que promueve a favor del directo quejoso; sin embargo, dicha circunstancia no es un impedimento para darle el trámite correspondiente, ya que tratándose de actos que refiere el precepto 15 de la Ley de Amparo -como acontece en el caso- no se requiere el referido signo digital para instar el juicio constitucional biinstancial, como lo dispone el último párrafo del artículo 3 de la legislación antes referida. Análisis de la demanda Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión de los actos reclamados Así, de la lectura de la demanda de amparo, en virtud de las facultades que otorga el artículo 74 de la Ley de Amparo, atendiendo a la intencionalidad de su autor, se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: La deportación y/o expulsión y/o repatriación; La detención. La incomunicación; y La restricción al derecho a la libertad de libre tránsito. Postura de este Órgano Jurisdiccional. En relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que provee lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: En el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y, finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que, además de que el acto reclamado en un juicio de protección de derechos fundamentales sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro, en trámite, contra las mismas autoridades responsables, exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que, si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, por analogía, conviene citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIX, Primera Parte, página 41, registro 257752, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Primera Parte, página 142, registro 232137, que establece: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Entonces, conviene reiterar que, en lo que atañe al presente apartado, la parte impetrante señala en el presente biinstancial como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: La deportación y/o expulsión y/o repatriación; La detención. La incomunicación; y La restricción al derecho a la libertad de libre tránsito. Que se les atribuye a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta); Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, y Jefe o Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que, en el índice de este juzgado, está radicado el juicio de amparo 2224/2022-V, promovido por Roberto Méndez Torres, a favor de Marco Antonio Zapata Morán, contra los actos y autoridades siguientes: Actos reclamados La deportación y/o expulsión y/o repatriación; La detención. La incomunicación; y La restricción al derecho a la libertad de libre tránsito. Autoridades responsables Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta); Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con sede en Tijuana; y Jefe o Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Así, de las transcripciones anteriores, se evidencia que en ambos juicios existe identidad de actos y autoridades responsables, así como la circunstancia que en ambos expedientes fue promovido por la misma parte quejosa. Cabe mencionar que en el citado sumario 2224/2022-V, en esta fecha, se proveyó en relación a la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, se pone de manifiesto que, el aquí quejoso Marco Antonio Zapata Morán, previamente instó la acción constitucional, respecto de los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades responsables señaladas en este asunto; controvertido en el que, aún se encuentra pendiente de que se dicte la determinación que ponga fin al juicio, esto es, el referido juicio se encuentra en trámite. En ese sentido, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P. 83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, enero de 1995, página 260, registro digital 209531, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Asimismo, sirve de apoyo por analogía la tesis VI.P.18 P, apoyada por el Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Sexto Circuito, visible a página 999, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ES LEGAL EL SOBRESEIMIENTO SI DE AUTOS SE DESPRENDE QUE EL QUEJOSO PROMOVIÓ DIVERSO JUICIO DE AMPARO CONTRA EL MISMO ACTO Y LAS MISMAS AUTORIDADES, AUNQUE EN EL ESCRITO DE LA SEGUNDA DEMANDA MANIFIESTE LLAMARSE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE CAPTURA Y EN ELLA APARECE SU NOMBRE." Conclusión. En consecuencia, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; entonces, con apoyo en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia, respecto de los actos reclamados antes indicados. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Anotaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Punto de contacto. Como lo solicita, de conformidad con el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene únicamente como punto de contacto el correo electrónico y número de teléfono que indicó en la demanda que se recibe. Consulta de Expediente Electrónico Por otra parte, como se solicita, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta de usuario "robtor57", registrada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 35, 37 a 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, no implica autorización para realizar notificaciones electrónicas, ello hasta en tanto se solicite expresamente en términos del diverso artículo 55 del aludido Acuerdo General. Domicilio En virtud de que el promovente del amparo, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con el objetivo de evitar vulnerar sus derechos, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Horario de atención al público. En atención a lo previsto en el Acuerdo General anteriormente indicado, se hace del conocimiento de las partes que el horario de atención para la consulta del presente asunto, será de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a 14:30 horas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto siguientes: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERÁ SUPRIMIRSE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Así como el criterio 1/2011 que derivó de la resolución emitida por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de enero de dos mil once, en el expediente relativo al procedimiento de clasificación de información 241/2010-J; del epígrafe y contenido siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos".

  3. Principal

    IV.- AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA Y SURTA EFECTOS LEGALES PROCEDENTES EL OFICIO DE CUENTA, SIGNADO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA DEL PROVEÍDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE OBRA EN EL JUICIO LABORAL 644/2018, DE SU ÍNDICE, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARADORA DICTADA EN AUTOS; SIN QUE SEA EL CASO HACER MAYOR PRONUNCIAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EL DOCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL FALLO PROTECTOR QUEDO CUMPLIDO Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO.

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