Marco Antonio Yepez Peñaloza

Expediente 611/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 37 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
611/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Tovar García
  • Marco Antonio Yepez Peñaloza
  • Licenciado Vicente Guerrero Campos, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término de quince días que concede la ley a las partes a fin de que se inconformaran respecto al proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo... se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b) del mismo ordenamiento, al haberse CONCEDIDO la protección constitucional en la sentencia pronunciada en el presente juicio. Así también el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, por haberse concedido la medida cautelar, tanto provisional como definitiva, conforme al artículo 18, inciso a), del mismo Acuerdo General, por lo que, ambos se consideran con valor jurídico, sin embargo, se estiman sin relevancia documental. En relación al duplicado del incidente, se establece que es procedente su destrucción ... se estima sin valor jurídico, y en consecuencia, sin relevancia documental, por lo que, insértese este acuerdo en el mismo.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados en auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para que se manifestaran en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ..." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada por este Juzgado Federal el doce de febrero de dos mil veinte, en el juicio en que se actúa, se sobreseyo el amparo solicitado, misma que fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el Amparo en Revisión Administrativa 129/2020, y concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".Finalmente, en términos de lo previsto por el artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, los recurrentes tienen la calidad de imputados en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, por lo que, en suplencia de la deficiencia de la queja prevista en su favor, este tribunal advierte una violación formal cometida en perjuicio de los inconformes, que hace procedente conceder la protección constitucional solicitada, puesto que el juez de control y enjuiciamiento penal responsable, no se condujo en términos de lo dispuesto por el artículo 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no plasmó por escrito la vinculación a proceso, que decretó oralmente a los recurrentes Marco Antonio Yépez Peñaloza, Eduardo Tovar García y Carlos Alberto Acevedo Memije, en la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. (.) Consecuentemente, procede revocar la sentencia que se revisa dictada en el juicio de amparo 611/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y conceder la protección constitucional, a efecto de que sea subsanada la deficiencia advertida. Por tanto, el juzgado de control responsable, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, respecto del cual no se advierte violación de derechos fundamentales y, por ende, no se requiere la verificación de una nueva audiencia, debe emitir la versión escrita correspondiente, la que no podrá exceder los alcances de la emitida oralmente". En ese contexto, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se requirió al licenciado Vicente Guerrero Campos, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, por oficio número 5855- C/2021, la referida autoridad responsable remitió reproducción con firma autógrafa de la versión escrita del auto de vinculación a proceso, que se decretó oralmente a los imputados Marco Antonio Yépez Peñaloza, Eduardo Tovar García y Carlos Alberto Acevedo Memije, en la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial número C-113/2019. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional solicitada, se concedió a los impetrantes de garantías para el efecto de que emitiera la versión escrita correspondiente, la que no podría exceder los alcances de la emitida oralmente, y sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector las autoridades responsables ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio número 5855-C/2021, firmado por el licenciado Emmanuel Reyna Vélez, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, adscrito al Distrito Judicial de Tabares, del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual remite reproducción con firma autógrafa de la versión escrita de la vinculación a proceso, que se decretó oralmente a los imputados Marco Antonio Yépez Peñaloza, Eduardo Tovar García y Carlos Alberto Acevedo Memije, en la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial número C-113/2019. Por consiguiente, atendiendo a los efectos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee, y su anexo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a su notificación, para que manifiesten lo que a su derecho convengan; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio número 1334, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 611/2019-I y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el Amparo en Revisión Administrativa 129/2020, formado con motivo de dicho medio de impugnación interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal. En consecuencia, intégrese al expediente el cuadernillo de antecedentes y el testimonio de referencia; acúsese recibo y hágase saber a las partes que el Superior en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia objeto de la revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Marco Antonio Yépez Peñaloza, Eduardo Tovar García y Carlos Alberto Acevedo Memije, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria". Ahora bien, del contenido de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".Finalmente, en términos de lo previsto por el artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, los recurrentes tienen la calidad de imputados en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, por lo que, en suplencia de la deficiencia de la queja prevista en su favor, este tribunal advierte una violación formal cometida en perjuicio de los inconformes, que hace procedente conceder la protección constitucional solicitada, puesto que el juez de control y enjuiciamiento penal responsable, no se condujo en términos de lo dispuesto por el artículo 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no plasmó por escrito la vinculación a proceso, que decretó oralmente a los recurrentes Marco Antonio Yépez Peñaloza, Eduardo Tovar García y Carlos Alberto Acevedo Memije, en la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. (.) Consecuentemente, procede revocar la sentencia que se revisa dictada en el juicio de amparo 611/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y conceder la protección constitucional, a efecto de que sea subsanada la deficiencia advertida. Por tanto, el juzgado de control responsable, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, respecto del cual no se advierte violación de derechos fundamentales y, por ende, no se requiere la verificación de una nueva audiencia, debe emitir la versión escrita correspondiente, la que no podrá exceder los alcances de la emitida oralmente". En tal virtud, con copia certificada de la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al licenciado Vicente Guerrero Campos, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informe el cumplimiento que haya dado a dicha ejecutoria. Apercibida que de no acatar lo antes indicado; así como, no dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintiuno, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, de conformidad con el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. En el entendido de que si en el plazo concedido, la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica las causas del retraso, este órgano judicial de amparo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados; pero de no cumplir el fallo en ese nuevo lapso se hará efectivo el apercibimiento señalado, esto es: 1) se impondrán las multas que procedan; y 2) se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo cual será notificado a las autoridades responsables, cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo. De igual forma, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Esto, ya que sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso se les determinara, podrían incurrir asimismo en alguno de los delitos previstos en el capítulo III de la Ley de Amparo en vigor, específicamente en su artículo 267. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 54/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 14 de noviembre de 2014 09:20 h, en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, la cual es de observancia obligatoria para este juzgado de distrito, así como para la autoridad responsable, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese personalmente a las partes; y a la autoridad responsable y tercero interesado mediante oficio que se les dirija.

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