Marco Antonio Villegas Villalba
Expediente 1447/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2017
Partes del expediente
- Marco Antonio Villegas Villalba
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiocho de julio de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Marco Antonio Villegas Villalba, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO En principio, es necesario precisar que de la lectura integral al escrito de demanda de amparo se advierte que Marco Antonio Villegas Villalba, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la responsable ORDENADORA el REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES RENTÍSTICAS DENTRO DEL EXPEDIENTE 1412/2014 RELATIVO AL JUICIO DE DESOCUPACIÓN POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A PARTIR DE MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, HASTA EL DÍA ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A RAZÓN CADA UNA DE ELLAS POR LA CANTIDAD DE $8,580.00 (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) mismo que viola en su totalidad y en mi perjuicio mis DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales". Así, el análisis integral de ese ocurso inicial y aclaración a éste, permite advertir que la parte quejosa se duele fundamentalmente del requerimiento de pago efectuado dentro del expediente 1412/2014, de la estadística del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, promovido por Ana María Mendoza Gómez en contra del ahora solicitante de protección federal. Asimismo, de las manifestaciones vertidas por el promovente en su demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión expresa con valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se colige que el impetrante compareció al juicio natural, en el que se le condenó a la entrega del bien materia de aquél, así como al pago de pensiones rentísticas. Por ello, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de dicho juicio, ha efectuado la entrega del bien inmueble de que se trata; sin embargo, considera que aun cuando también se le condenó al pago de las pensiones rentísticas que se le requieren a través del acto reclamado, no existe justificación legal para ello. Establecido lo anterior, el suscrito advierte en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que el acto reclamado no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. Los artículos y fracciones referidas, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". De lo transcrito, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior es así, porque la mencionada fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparos con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, ya que el acto reclamado consistente en el requerimiento de pago de las pensiones rentísticas materia del juicio de desocupación 1412/2014, del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen. Cierto, en el caso, el acto reclamado no constituye la última resolución en la etapa de ejecución que ordena el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y tampoco es un acto de imposible reparación, es decir, que impida, en forma presente, el libre ejercicio de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, tal como lo exige la diversa fracción V del propio precepto, ajeno a la cosa juzgada del juicio natural. Se arriba a dicha conclusión, pues el acto reclamado únicamente tiene como efecto que la parte quejosa dé cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada dentro del juicio de origen al que compareció a defender sus derechos; de tal modo que el acto cuestionado forma parte del procedimiento de ejecución tendente a dar efectividad a la sentencia emitida dentro del juicio natural. Luego, si en el caso el acto reclamado no lo constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, resulta inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, pues precisamente la acotación que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene como finalidad evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, y así facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales de instancia, cuyo acatamiento no debe obstaculizarse. En ese contexto, el análisis integral de las propias manifestaciones realizadas por la parte quejosa permite advertir que la parte impetrante no impugna la última resolución en la etapa de ejecución que ordena el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio constitucional. Por el contrario, controvierte una determinación que tiene como finalidad dar continuidad a la tramitación de la ejecución de sentencia en el juicio de origen; objetivo que busca preservar el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues como ya se destacó, el legislador estableció como limitante para la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio el que se promueva hasta la última resolución de ese procedimiento a fin de evitar se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad de la ejecución de la sentencia En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Villegas Villalba. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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