Marco Antonio Villegas Santana
Expediente 1405/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1405/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/12/2016
Partes del expediente
- Marco Antonio Villegas Santana
- Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Toluca, Estado de México; dos de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Marco Antonio Villegas Santana, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1405/2016-I, promovido por Marco Antonio Villegas Santana, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido por la Secretaria autorizada para recibir promociones y demandas urgentes fuera del horario normal de labores el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, Marco Antonio Villegas Santana, promovió juicio de amparo, contra las autoridades responsables y acto reclamado, descritos a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- AUTORIDAD ORDENADORA: a) PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. b) SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. c) AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES TOLUCA." B).- AUTORIDAD EJECUTORA: POLICÍAS MINISTERIALES ADSCRITOS AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES TOLUCA." "ACTOS RECLAMADOS. A).- De la Autoridad Ordenadora: a). El no dar cumplimiento de salvaguardar la Procuración de Justicia que juró bajo protesta de realizar a través de los medios a su alcance, siendo estos las diversas SubProcuradurías bajo su mando. b) El no dar cumplimiento de salvaguardar la procuración de Justicia que juró bajo protesta de realizar a través de los medios a su alcance. c) Girar la orden de aprehensión en mi contra, por un supuesto delito que no cometí, vulnerando mis derechos humanos. B).- De la Autoridad Ejecutora reclamo: intentar vulnerar mis derechos humanos al querer privarme de mi libertad fuera de procedimiento legal al uno, sin mostrarme orden judicial expedida por la autoridad competente para ello." DERECHOS HUMANOS INVOCADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades señaladas como responsables: Procurador General y Subprocurador General, ambos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por conducto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica Consultiva. Coordinador y la Jefa de Grupo de la Policía Ministerial, ambos adscritos al Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que les atribuye la impetrante de amparo, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, así como su ejecución Ahora bien, toda vez que el quejosi no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Marco Antonio Villegas Santana , en contra del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para hoy a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, tal como se precisó en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Encargado del Despacho no se encuentra facultado para celebrar audiencias constitucionales en las ausencias temporales de los titulares, pues cuando un Juez de Distrito falte por un plazo menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular. Por tanto, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y se fijan las doce horas con cinco minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, para su verificativo.Se estima aplicable, la tesis XV.20.11, publicada en la página 443, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Acorde con los artículos 43, 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el autorizar a los secretarios de los Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de Jueces de Distrito, en las ausencias temporales de los titulares, y cuando un Juez de Distrito falte por un término menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia del Juez es superior a quince días, será el Consejo de la Judicatura Federal quien autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, entre tanto, el secretario se encargará del despacho pero sin resolver en definitiva. En tales condiciones, el fallo en definitiva del juicio de garantías, no constituye un acto de mero trámite que pueda dictar el secretario sin la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal, que obre en autos, en el supuesto de la ausencia temporal del Juez, inferior a quince días, y por otra parte, se encuentra específicamente impedido el funcionario que actúa, para dictar la sentencia de amparo, por lo que la contravención a las disposiciones citadas primeramente, conduce a la reposición del procedimiento."Notifíquese.Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
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