Marco Antonio Vilchis Cardenas
Expediente 944/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marco Antonio Vilchis Cardenas
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual dicho Juzgado solicita se autorice el acceso electrónico al presente juicio de amparo. Al respecto, como lo solicita la autoridad oficiante, se concede el acceso al expediente electrónico del presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se ordena al Oficial Judicial "A" para que realice las gestiones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el fin de que el citado Juzgado acceda al aludido expediente electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto a las pruebas relatadas en el considerando anterior, deberá acreditar el desahogo de las mismas, o en su defecto señalar nueva fecha para su desahogo y realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto, lo cual incluye notificar a todos los intervinientes sobre su comparecencia en la data que tenga a bien fijar, misma que debe ceñirse a los plazos y términos que prevé la Ley Federal del Trabajo. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba Testimonial a cargo de Maricela Carrera Carvajal, Sara Correa Maldonado, Beatriz Domínguez Hernández y Patricia Altamirano Mejía, por auto de doce de octubre de dos mil veintiuno se la deserción de dicha probanza por no acreditar incomparecencia de dichos testigos, y por lo que hace a la testimonial a cargo de Ana Bertha Domínguez Hernández, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo por desahogada y por lo que hace al informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado, y en la citada fecha se tuvo por desahogado el Informe a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y respecto del Informe del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Morelos, el catorce de febrero de dos mil veintidós se tuvo por desahogado. Finalmente, por auto de ocho de abril de dos mil veintidós -proveído que fue regularizado por la Junta responsable atendiendo a la fecha señalada (ocho de marzo de dos mil veintidós) mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós- procediendo la responsable a certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de tres días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/2774/2011; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba Testimonial a cargo de Maricela Carrera Carvajal, Sara Correa Maldonado, Beatriz Domínguez Hernández y Patricia Altamirano Mejía, por auto de doce de octubre de dos mil veintiuno se la deserción de dicha probanza por no acreditar incomparecencia de dichos testigos, y por lo que hace a la testimonial a cargo de Ana Bertha Domínguez Hernández, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo por desahogada y por lo que hace al informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado, y en la citada fecha se tuvo por desahogado el Informe a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y respecto del Informe del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Morelos, el catorce de febrero de dos mil veintidós se tuvo por desahogado. Finalmente, por auto de ocho de abril de dos mil veintidós -proveído que fue regularizado por la Junta responsable atendiendo a la fecha señalada (ocho de marzo de dos mil veintidós) mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós- procediendo la responsable a certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de tres días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/2774/2011; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual aclara que en el diverso proveído que adjuntó al oficio presentado ante este juzgado el diecinueve de abril del año en curso, señaló como fecha "ocho de marzo de dos mil veintidós", siendo lo correcto "ocho de abril de dos mil veintidós"; por lo que se tiene a la responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de abril del año en curso. En consecuencia, toda vez que en el citado acuerdo de ocho de abril del año en curso, certificó que no queda prueba pendiente por desahogar en el expediente laboral 01/2774/11, de su índice, y que la concesión del amparo fue para el efecto de desahogar las pruebas ofertadas en el citado juicio natural, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta, así como con las promociones registradas con el folio 2755, 3789 y 5783 de dieciocho de febrero, tres y treinta y uno de marzo, todos del año en curso, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar en el expediente laboral 01/2774/11, de su índice. Al respecto, dígase a la autoridad oficiante que se hace necesario aclare el acuerdo que adjunta en su oficio de cuenta, ya que contrario a la certificación que realiza en el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, es discrepante al auto de veinticuatro de marzo del presente año, ya que en este último aún desahoga diversa prueba, y con fecha anterior certifica que no queda prueba pendiente por desahogar, lo cual genera incertidumbre a este juzgado para proveer lo conducente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído dé cumplimiento a lo anteriormente acordado. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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