Marco Antonio Velazquez Moeller

Expediente 1368/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1368/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Velazquez Moeller

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Velázquez Moeller. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1368/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causales de improcedencia. Ahora bien, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 en la fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior se advierte que, el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales. El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ahora bien, dicha disposición debe entenderse en sentido amplio, en el sentido de que se incluyen tanto actos positivos como negativos. En ese sentido, el acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 379/2021-2, en el que la autoridad responsable negó llamar a juicio a la Empresa Productiva Subsidiaria Pemex Logística, Terminal de Almacenamiento y Despacho, Petróleos Mexicanos, el cual es un acto que puede ser impugnado por medio del recurso de revocación, en términos de los artículos 203, 204, 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que establecen: "ARTICULO 203.- Llamamiento a juicio a tercero. Las partes pueden denunciar y pedir que un tercero sea llamado al juicio para que le pare perjuicio la sentencia en los siguientes casos: I.- Cuando se trate de codeudores de obligación indivisible, siempre que el cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado; II.- Cuando se trate de terceros obligados a la evicción. En este caso, el tercero, una vez involucrado en el litigio, se convierte en principal; III.- Cuando se trate de coherederos, la denuncia puede hacerse por el heredero apremiado por la totalidad de la obligación; IV.- Cuando se trate de fiador o cofiadores; V.- Cuando se trate de deudor solidario; y, VI.- En los demás casos en que la Ley autorice la denuncia, o porque el litigio sea común a una de las partes, o cuando se pretenda una garantía del tercero llamado a juicio." "ARTICULO 204.- Reglas para denuncia del pleito. En los casos de denuncia del pleito a terceros, se observará lo siguiente: a) La petición de denuncia del pleito se hará al contestarse la demanda; b) Si se admite la denuncia, se ordenará el emplazamiento al tercero, otorgándole un plazo igual que al demandado para contestar la demanda; c) La sentencia firme producirá pretensión y defensa contra los terceros llamados legalmente al juicio." "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto y firme el auto o proveído. No se concederá plazo de prueba para sustanciar la revocación o la reposición y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. La revocación y la reposición no suspenden el curso del juicio y se substanciarán con vista a la contraparte por plazo de tres días y transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso. De acuerdo con lo transcrito, se aprecia que las partes dentro en un juicio de naturaleza civil pueden denunciar y pedir que un tercero sea llamado al juicio, siempre que la sentencia que llegara a dictarse pudiera ocasionarle un perjuicio; además, fija las reglas bajo las cuales deberá de plantearse dicha denuncia, por lo que resulta necesario destacar que en caso de improcedencia de llamamiento a juicio de un tercero, el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no prevé expresamente en su contra el recurso de apelación el cual si es aplicable a determinados acuerdos o autos que así lo establecen en el citado código. Razón por la que dicho auto reclamado al no prever expresamente como medio de impugnación el recurso de apelación, resulta impugnable a través del recurso de revocación en términos de los artículos 525 y 526 de ley adjetiva referida. No se inadvierte el hecho que parte quejosa refiere en su escrito de demanda que la autoridad responsable al dictar el auto reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial hipotecario ****** en el que negó llamar a juicio a la ******, debió aplicar el artículo 190 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos referente a la figura denominada "litisconsorcio" y no el diverso artículo 203 de la misma legislación, puesto que la procedencia o no de su petición, así como el derecho aplicable sería materia del recurso de revocación que resultó procedente al momento de la emisión del auto reclamado, por lo que su legalidad sería combatida a través de dicha vía. En ese orden de ideas, sí se toma en consideración que para que el justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el propio juez que lo dictó, donde puede subsanarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, además de que no existe alguna excepción legal que lo exima de tal obligación; por lo que opera la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos que indica a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Cuernavaca, Morelos; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1368/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causales de improcedencia. Ahora bien, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 en la fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior se advierte que, el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales. El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ahora bien, dicha disposición debe entenderse en sentido amplio, en el sentido de que se incluyen tanto actos positivos como negativos. En ese sentido, el acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 379/2021-2, en el que la autoridad responsable negó llamar a juicio a la Empresa Productiva Subsidiaria Pemex Logística, Terminal de Almacenamiento y Despacho, Petróleos Mexicanos, el cual es un acto que puede ser impugnado por medio del recurso de revocación, en términos de los artículos 203, 204, 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que establecen: "ARTICULO 203.- Llamamiento a juicio a tercero. Las partes pueden denunciar y pedir que un tercero sea llamado al juicio para que le pare perjuicio la sentencia en los siguientes casos: I.- Cuando se trate de codeudores de obligación indivisible, siempre que el cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado; II.- Cuando se trate de terceros obligados a la evicción. En este caso, el tercero, una vez involucrado en el litigio, se convierte en principal; III.- Cuando se trate de coherederos, la denuncia puede hacerse por el heredero apremiado por la totalidad de la obligación; IV.- Cuando se trate de fiador o cofiadores; V.- Cuando se trate de deudor solidario; y, VI.- En los demás casos en que la Ley autorice la denuncia, o porque el litigio sea común a una de las partes, o cuando se pretenda una garantía del tercero llamado a juicio." "ARTICULO 204.- Reglas para denuncia del pleito. En los casos de denuncia del pleito a terceros, se observará lo siguiente: a) La petición de denuncia del pleito se hará al contestarse la demanda; b) Si se admite la denuncia, se ordenará el emplazamiento al tercero, otorgándole un plazo igual que al demandado para contestar la demanda; c) La sentencia firme producirá pretensión y defensa contra los terceros llamados legalmente al juicio." "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto y firme el auto o proveído. No se concederá plazo de prueba para sustanciar la revocación o la reposición y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. La revocación y la reposición no suspenden el curso del juicio y se substanciarán con vista a la contraparte por plazo de tres días y transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso. De acuerdo con lo transcrito, se aprecia que las partes dentro en un juicio de naturaleza civil pueden denunciar y pedir que un tercero sea llamado al juicio, siempre que la sentencia que llegara a dictarse pudiera ocasionarle un perjuicio; además, fija las reglas bajo las cuales deberá de plantearse dicha denuncia, por lo que resulta necesario destacar que en caso de improcedencia de llamamiento a juicio de un tercero, el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no prevé expresamente en su contra el recurso de apelación el cual si es aplicable a determinados acuerdos o autos que así lo establecen en el citado código. Razón por la que dicho auto reclamado al no prever expresamente como medio de impugnación el recurso de apelación, resulta impugnable a través del recurso de revocación en términos de los artículos 525 y 526 de ley adjetiva referida. No se inadvierte el hecho que parte quejosa refiere en su escrito de demanda que la autoridad responsable al dictar el auto reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial hipotecario ****** en el que negó llamar a juicio a la ******, debió aplicar el artículo 190 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos referente a la figura denominada "litisconsorcio" y no el diverso artículo 203 de la misma legislación, puesto que la procedencia o no de su petición, así como el derecho aplicable sería materia del recurso de revocación que resultó procedente al momento de la emisión del auto reclamado, por lo que su legalidad sería combatida a través de dicha vía. En ese orden de ideas, sí se toma en consideración que para que el justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el propio juez que lo dictó, donde puede subsanarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, además de que no existe alguna excepción legal que lo exima de tal obligación; por lo que opera la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos que indica a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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