Marco Antonio Vazquez Quiroz

Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
464/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Vazquez Quiroz

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el seis de julio de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.

  2. Principal

    CON FUNMDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE SEIS DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a seis de julio de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo presentada por MARCO ANTONIO VÁZQUEZ QUIROZ, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, dado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [...]" Ahora bien, de la demanda de amparo se observa que el acto que por esta vía se impugna consiste en: "IV. ACTO RECLAMADO: Acuerdo de fecha 11 de junio de 2018, el cual fue debidamente notificado en fecha 13 de junio de 2018". De igual modo, se transcribe la parte sustancial de los antecedentes del acto reclamado, para efecto de una armónica intelección del acto combatido, como a continuación se expone (énfasis añadido): "[.] 2.- Que una vez dictado el nuevo laudo en fecha 11 de mayo de 2018 el hoy tercer interesado (sic) (demandado en lo principal) promovió amparo directo en contra de dicho laudo, por lo que a la responsable en fecha 11 de junio de 2018 dicto (sic) acuerdo mediante el cual ordena al demandado (hoy tercer interesado) (sic) a pagar al actor el concepto de subsistencia por motivo de la suspensión del acto reclamado, así como los daños y perjuicios." Esta ponderación se hace en forma integral con el escrito petitorio de amparo, en atención a las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro la identifica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo se advierte, en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Por cuanto hace al primer supuesto, esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y no mediante un nuevo y autónomo juicio de garantías. Respecto a la segunda hipótesis tenemos que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo. Por tanto, si el acto que se reclama consiste en el cumplimiento a la determinación de la suspensión del acto reclamado en el amparo directo promovido por su contraparte en la contienda laboral, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito; de acuerdo con la causal de improcedencia en estudio, no es impugnable mediante diverso juicio de amparo. Ello es así, pues dicho acto u omisión se encuentra directamente relacionado con el cumplimiento de una determinación dictada dentro de un juicio constitucional; resultando así improcedente la instancia que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, invocada en términos del artículo 217 de la ley de la materia, que a continuación se trascribe: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Cabe resaltar que la finalidad de esta causal de improcedencia es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, no sea objeto de controversia y decisión en más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia XX. J/2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, se desecha la presente demanda. Sin que en el caso pueda estimarse que la causal de improcedencia que se invoca no resulta manifiesta e indudable, dado que no existe dato, constancia o manifestación que pueda generar incertidumbre en su actualización, y por el contrario, se advierte de forma patente y absoluta, de manera que de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. DOMICILIO QUEJOSO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y se tiene por señalados como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Jaime Arteaga Alfaro, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial dela Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, y se autoriza para efectos de oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo a las demás personas, toda vez que no se encontró registro de su cédula en dicho sistema informático. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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