MARCO ANTONIO VARGAS COSS y Otros.
Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- y Otros.
- Marco Antonio Vargas Coss
- MARCO ANTONIO VARGAS COSS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veinticinco de junio del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se sobreseyó y se encuentra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en el presente proveído, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y de la agente del ministerio público de la federación adscrita, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable y del tercero interesado pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a la responsable ni al tercero interesado, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. Asimismo, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 6/2017, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I del rubro: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Delegada del Ministerio Público I de Tarimoro, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba las documentales que anexa, relativas a la carpeta de investigación 132267/2017 de su índice, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de prueba para el mejor manejo del expediente, el cual se tendrá a la vista en el momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, del análisis de los documentos que integran la referida averiguación previa, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo atento a lo que establece su artículo 2º, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia. Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis del rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester precisar que el quejoso esencialmente reclama: Inactividad en la integración de la Carpeta de Investigación 132267/2017 iniciada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por el delito de homicidio culposo en contra de *** en agravio de quien en vida respondía el nombre de ***, por parte de la Agencia del Ministerio Público Tramitación Común I de Tarimoro, Guanajuato. Precisión que encuentra apoyo en la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Representante Social de Tarimoro, Guanajuato, decretó el no ejercicio de la acción penal y como consecuencia el archivo definitivo de la carpeta de investigación 132267/2017 de su índice. Como puede observarse, se encuentran satisfechos los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, esto es: a)El acto reclamado -inactividad en la integración de la averiguación previa- emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución -no ejercicio de la acción penal-, la cual cambió el estado jurídico que tenía el acto reclamado. c) No puede decidirse sobre la constitucionalidad de la inactividad de la integración de la averiguación previa sin afectar el no ejercicio de la acción penal, y, por ende, se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Hay independencia entre la inactividad en la integración de la averiguación previa y el no ejercicio de la acción penal. Determinación que constituye la nueva situación jurídica que de no estar de acuerdo, el justiciable se encuentra en aptitud de interponer el medio de impugnación a que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las consideraciones que se plasman, apoya a lo anterior la tesis del rubro siguiente: NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES SOBRE LA ABSTENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INVESTIGAR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ACTITUD PASIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sin que la presente determinación contravenga la regla emitida en la tesis del rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE , que permite ampliar la demanda de amparo, ya que dicho criterio del Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Además, tal determinación previa a ser analizada en la vía indirecta, debe pasar por el medio ordinario de defensa que contempla la legislación aplicable. Asimismo, lo resuelto no causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la que se estudia en el presente, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de veintiuno de junio del año en curso, fijada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, tomando en consideración lo resuelto en esta data, se levanta la reserva de diecisiete de junio pasado, en relación a la prueba testimonial ofrecida por el quejoso y, se deja sin materia.
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que la autoridad responsable no ha rendido su informe justificado ni obra en el expediente constancia (acuse de recibo) de que hubiera recibido el oficio mediante el cual se les solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Marco Antonio Vargas Coss, mediante el cual ofrece como prueba de su intención la testimonial a cargo de dos personas; en atención a ello, se reserva proveer hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente juicio.
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