Marco Antonio Valente Flores y Otros.
Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Valente Flores y Otros.
- Marco Antonio Valente Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
V. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1066/2023-V, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, ************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad. II. El veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 1066/2023-V y se previno a la quejosa, previo desahogo del requerimiento, en auto del siete de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercero interesada Diana González Pérez; posteriormente en proveído de doce de septiembre pasado se designó a May Lyn ******* como representante especial de los menores de iniciales F.N.V.G. y F.A.V.G.; se dio vista a las partes con el informe justificado, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo previos diferimientos, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; porque el acto reclamado se emitió por una autoridad jurisdiccional que reside dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados: De la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la resolución del seis de julio de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación 622/2023, que confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, dictada por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el incidente de pago de pensiones vencidas promovido por Diana González Pérez en contra de Marco Antonio Valente Flores, en el expediente 1147/2019 relativo a la Controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, respecto de Guarda, Custodia y Pensión Alimenticia. Al Juez Supernumerario Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir informe justificado aceptaron respectivamente los actos reclamados. Lo que además se corrobora con las constancias que en copias certificadas adjuntó a su informe justificado la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlanepantla, y que hizo suyas el juez responsable relativas al toca 622/2023, al expediente 1147/2019 y al incidente de pago de pensiones alimenticias; así como dos discos en formato DVD certificados; las cuales en términos de los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se les concede valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Es aplicable la jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, tomo II, página 830, quinta época, con número de registro electrónico 1002815, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. En principio, es necesario examinar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente, acorde a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; en el caso, las partes no hicieron valer causal alguna ni de oficio se advierte actualización al respecto. Sustenta lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814 que aparece en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que refiere: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no actualizarse causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio que hagan valer las partes o se advierta de oficio por este juzgado, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que se exponen no se transcriben porque para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencia de amparo es innecesario, además de no existir precepto legal alguno en la ley de la materia que establezca esa obligación y tampoco se deje en estado de indefensión a las partes pues no se les priva del derecho de recurrir la presente resolución ni de alegar lo que consideren para demostrar su eventual ilegalidad. Es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En resumen el quejoso señala que el acto reclamado trasgrede sus garantías de legalidad, exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, porque las autoridades responsables omitieron estudiar las constancias que integran el expediente en el que se hizo del conocimiento lo excesivo de la imposición de la medida provisional, determinando que no era el momento procesal porque ya se había revisado y no se contaba con el dictamen en materia de trabajo social por lo que sería hasta resolver en definitiva que se abordaría ese tema. Continúa señalando que la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagarla y que como consecuencia de la contingencia sanitaria denominada SARS-COV-2, originó que sus ingresos se vieran vulnerados. Agrega, que en el procedimiento de origen se evidenció que la tercero interesada incurrió en falsedad al iniciar su controversia, que ello le favoreció para que se decretaran a su favor las medidas provisionales y se le condenara al pago de una obligación que surge de la ilegalidad, aunado a que el juez de origen incurrió en una desigualdad por razón de género desde el acuerdo de admisión y antes de la audiencia inicial por lo que de haberse reservado la imposición de la medida en aquél momento pudo haber tenido conocimiento de los ingresos, capacidad económica, fuente de ingresos y demás circunstancias que conllevaran a establecer su posibilidad económica. Refiere también, que es subjetivo el razonamiento de la autoridad ordenadora al referir que el juez de origen realizó una revisión exhaustiva de las constancias del incidente, porque la autoridad responsable ejecutora señaló que solo consideró una constancia del expediente electrónico y eso en beneficio de la actora incidentista, no así todas y cada una de las documentales que fueron exhibidas por él y que de haber consultado dichas constancias electrónicas su determinación hubiera sido diferente en el monto condenado. Así mismo, argumenta que el juez del conocimiento no tomó en consideración los alegatos en cuanto a que no se realizó una doble exhibición de comprobantes de depósito, sino que se exhibieron documentales en las cuales se refirió que los comprobantes de depósitos bancarios obraban en el dictamen en materia de trabajo social y en diversas promociones porque las mismas se apreciaban con mayor claridad, respecto de las cuales se dio vista a su contraria sin pronunciamiento aluno al respecto, por lo que dichos depósitos tienen validez, y que el juez no los tomó en cuenta y ahora se le pretende obligar a realizar un doble pago de conceptos de pensión alimenticia. Agrega el quejoso, respecto a que no se tomaron en cuenta los diversos pagos que hizo en especie a efecto de cumplir con su obligación alimentaria y que pretendía justificar con tickets de compra, que el razonamiento de la sala responsable es equivocado porque no se atiende a que dentro de las documentales exhibidas ante el juez del conocimiento se encuentra el escrito de promoción y anexos de tres de noviembre de dos mil veinte, con la que se dio vista a la tercero interesada sin desahogo alguno, por lo que considera que tanto los comprobantes como notas (diversos tickets) eran destinados para el cumplimiento de la obligación alimentaria impuesta, limitándose así a emitir una sentencia parcial en su perjuicio por obligarle a realizar pagos por dicho concepto que ya han sido cubiertos. Continúa señalando que el acto reclamado le causa perjuicio porque viola los principios rectores del procedimiento y la valoración de los elementos necesarios para tener por acreditado el monto respecto al incidente sobre el que emana la determinación de la sala, que se le causa un daño de imposible reparación porque atenta contra el patrimonio del suscrito, deuda o pago que surge del procedimientos viciado por la falsedad en la que incurrió su contraparte en el juicio de origen además de los factores externos de causa de fuerza mayor que le han generado un detrimento y que a pesar de ello ha cumplido en la medida de sus posibilidades con la obligación alimentaria a la que está sujeto. Finalmente, refiere que se le causa un perjuicio de imposible reparación al pretenderse obligarlo a lo imposible y a pagar conceptos ya cubiertos, que se pasa por alto los estándares, requisitos y lineamientos que se toman en cuenta para la fijación y cumplimiento de las obligaciones alimentarias, puntualizando su calidad de deudor alimentario, el nivel de vida que tiene y las diversas obligaciones alimentarias con terceros. Por lo que considera que los resolutivos de la resolución reclamada son contrarios a derecho por evidenciarse que no hay un plano de igualdad en cuanto a la aplicación de la Ley. Los conceptos de violación anteriormente resumidos son infundados e inoperantes por insuficientes, por las razones siguientes: La inoperancia por insuficiencia radica en el sentido de que contrario a lo que sostiene el quejoso, la sala responsable contestó cada uno de sus argumentos, también se pronunció respecto de la pericial en materia de trabajo social con razonamientos y bases jurídicas conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Así mismo, sus agravios resultan deficientes para combatir la resolución recurrida toda vez que el quejoso no expone las circunstancias, razonamientos y consideraciones por las que considera que la resolución recurrida es contraria a derecho en relación a los planteamientos torales que la sostienen, puesto que sólo se limitó a argumentar que la determinación es ilegal porque obliga al quejoso a realizar un doble pago, que no se tomaron en cuenta todas las pruebas que exhibió destacando los comprobantes de depósitos bancarios realizados a la acreedora alimenticia. Observándose de lo anterior, que el quejoso prácticamente reiteró los argumentos que expuso en sus agravios al recurrir en apelación la sentencia incidental dictada en el juicio de origen. Además de concretarse a destacar consideraciones de carácter procesal concernientes a la litis planteada en el incidente de origen, respecto de lo cual ya fueron materia de estudio en el juicio que realizó el juez del conocimiento al emitir resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés en la que declaró procedente el incidente de liquidación de pago de pensiones alimenticias adeudadas. En abundamiento, como se advierte del escrito de expresión de agravios, el recurrente en apelación Marco Antonio Valente Flores argumentó: a) Que se violentó en su perjuicio el artículo 16 constitucional al causarle un perjuicio en los principios rectores del procedimiento, que la indebida e inexacta aplicación de la ley, la deficiente e inadecuada valoración de los elementos necesarios para tener por acreditado el incidente, por cumplido el pago de diversas cantidades por concepto de pensión alimenticia y que se desatendieron las circunstancias expuestas por el apelante en el desahogo de la vista ordenada. b) Que ha cumplido en la medida de sus posibilidades con su obligación alimentaria pese a que se fijó una medida provisional con base en mentiras y falsedades por su contraria, que el juez de origen al emitir su fallo desapegado a derecho viola sus derechos fundamentales pretendiendo obligarlo a un doble pago por no considerar los depósitos que se acreditaron en las constancias que obran en expediente de origen y las documentales presentadas en original junto con su escrito de contestación. c) Que le causa un daño de imposible reparación el pretender que haga un doble pago de pensión alimenticia que le resulta imposible, que se pasaron por alto lineamientos que se debieron tomarse en cuenta para la fijación y cumplimiento de las obligaciones alimentarias atendiendo en su caso a la capacidad económica del deudor, el nivel de vida y las diversas obligaciones alimentarias con terceros, lo que en principio debió tomarse en cuenta para imponerle la obligación como medida provisional. d) Que el juez del conocimiento omitió mencionar en la resolución impugnada que en el expediente 82/2019 se decretaron medidas provisionales contrarias a las vigentes, en cuanto a que las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban, sin perjuicio de que las medidas pudieran ser revisadas y modificadas en la audiencia inicial, lo que significaba que la menor de iniciales F.N.V.G., continuara viviendo con el quejoso pero que la tercero interesada impidió que conviviera, lo visitara y tuviera comunicación él. e) Que el juez de origen fue arbitrario porque no tomó en consideración la valoración de la pericial en materia de trabajo social toda vez que ahí obran diversos comprobantes de depósito realizados a la cuenta bancaria de la incidentista y que se limitó a considerar que no se cumplió con la obligación alimentaria. f) Agrega que el juez no otorgó valor probatorio a los tickets y notas de remisión que exhibió, lo que considera equivocado porque en la fecha que las presentó se dio vista la actora incidentista para que se pronunciara al respecto sin que lo hiciera por lo que considera que se está ante una afirmación tácita respecto de dichas documentales y que se revisaron las constancias en beneficio de su contraparte. Finalmente señala que diversas cantidades no se tomaron en cuenta por la actora incidental y el juzgador además de los pagos realizados en especie, lo que le causa detrimento económico al pretender que haga un doble pago de pensión trasgrediendo así sus derechos. En tanto que la sala responsable sustentó su determinación: ".VI. Estudio de fondo: (.) En primer término, respecto a que la resolución impugnada, no se encuentra fundada ni motivada, su argumentación resulta infundado, pues a es posible advertir que la resolución contiene de forma precisa y puntual, los argumentos lógico jurídicos por los que estimó otorgarles valor probatorio a los medios de prueba ofertados por las partes, de igual forma, el resolutor invocó de forma apropiada los preceptos legales que le dieron fundamento a su determinación, ajustándose a lo establecido en las leyes sustantivas y adjetivas de la materia para robustecer los consideraciones en que sustentó el fallo emitido, por lo que se encuentra ajustada a las reglas que rigen el debido proceso, lo anterior, privilegiando la protección otorgada a los derechos alimentarios de los menores de edad de identidad reservada e iniciales F.A.V.G. y F.N.V.G., lo que implica la obligación del estado por velar que se cumplan con las disposiciones emitidas por la autoridad judicial, mayor aún, tratándose de cuestiones alimentarias que tienen carácter público y que por tanto resultan preferentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.126, 4.127, 4.130, 4.135 y 4.138 del Código Civil para el Estado de México. (.) Por lo que hace a que ha dado cumplimiento a su obligación alimentaria conforme a sus posibilidades, ya que la medida provisional decretada se hizo con base en mentiras de su antagónica, así como que no se tomó en consideración la pericial en materia de trabajo social, en la que allegó diversos comprobantes de depósitos realizados a la cuenta de su antagónica, así como tampoco se consideraron aquellos pagos hecho en especie; de igual manera, resultan infundados, pues las incidencias sobre liquidación de pensiones adeudadas y no pagadas, tienen únicamente por objeto cuantificar la condena liquida decretada y determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos, a mayor ilustración el artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, enfatiza que el incidente de liquidación, tiene como fin determinar con precisión el monto o cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, a efecto de exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido, en el caso en particular, la medida provisional decretada por el juez primigenio el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, donde se estableció como pensión alimenticia a favor de los niños F.A.V.G. y F.N.V.G. y a cargo de MARCO ANTONIO VALENTE FLORES, la cantidad equivalente a DOS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, multiplicada por los días del mes, que debía consignar o depositar en cuenta bancaria, los primeros tres días de cada mes; si bien es cierto, dicha determinación fue de carácter provisional y como acertadamente lo refirió el juez natural en la resolución combatida, a la fecha no se advierte alguna otra resolución judicial mediante la cual se haya modificado la pensión provisional que se le ha reclamado. (.) No obstante ello, se advierte que el juez primigenio, realizó una revisión exhaustiva las constancias agregadas a esta incidencia, pues contrario a lo que aduce el apelante, si fueron tomadas, en consideración las copias certificadas del dictamen en materia de trabajo social, donde se advierte que el apelante exhibió comprobantes de depósitos, los cuales, se desglosaron en el cuerpo del fallo, en donde se dijo que algunos se encontraban duplicados e ilegibles, motivos por los cueles, no era posible tomarlos en consideración, de igual manera, existe pronunciamiento respecto de los depósitos exhibidos por el apelante, los que sí fueron considerados por su antagónica en la planilla de liquidación, situación que quedó evidenciada en la resolución de marras, donde incluso se sumaron depósitos que no habían sido considerados por su contraria, de ahí que no exista condena a un doble pago como lo pretende hacer valer y por ello, lo infundado de sus argumentos, aunado a que, el apelante tuvo la oportunidad de defenderse, como oportunamente lo hizo, y de allegar los medio de convicción tendientes a demostrar que ha cumplido con la totalidad de su obligación alimentaria. Ahora bien, en lo tocante a que no se tomaron en consideración los diversos pagos que hizo en especie a efecto de cumplir con su obligación alimentaria y que pretendía justificar con tickets de compra, esta Sala Colegiada comulga con la determinación del juzgador de origen, al no otorgarles valor probatorio, tomando en consideración que no se tiene la certeza de que los productos hayan sido destinados a cubrir las necesidades de los acreedores alimentarios, máxime que, el cumplimiento de la obligación no se encuentra al arbitrio de las partes, por lo que, debe darse cumplimiento en la forma y términos decretados por la autoridad judicial. En virtud de las consideraciones anteriores, lo que procede es CONFIRMAR la resolución apelada. (.)" De modo que tales consideraciones, constituyen los argumentos torales que rigen la determinación reclamada, la cual debe prevalecer ante su inadecuada impugnación toda vez que el quejoso es omiso en exponer los razonamientos mínimos necesarios para que el suscrito se encuentre en aptitud legal de analizar sus argumentos. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos sustanciales en los que se basa la sala responsable para confirmar la resolución recurrida, porque en sus conceptos de violación expresa en resumen básicamente los mismos argumentos siendo repetitivos con los expresados en su escrito de agravios al recurrir en apelación la sentencia emitida en el incidente de pago de pensiones alimenticias de origen. De ahí la inoperancia de los conceptos de violación, razón por la cual no se puede entrar a su estudio pues sería ilegal que subsistan dos resoluciones sobre identidad de argumentos pero sobre todo porque no se combaten los razonamientos que sustentan las consideraciones del acto reclamado, así correcta o no la determinación reclamada debe subsistir por no haberse controvertido en los motivos de inconformidad, es decir, ante su inadecuada e insuficiente impugnación. Por lo anteriormente expuesto y ante el impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el quejoso, el juez que resuelve en estricto apego al interés superior de la familia y acreedores alimentarios Diana González Pérez y los menores de identidad reservada e iniciales F.N.V.G. y F.A.V.G., arriba a la conclusión que los conceptos de violación deben declararse inoperantes; por ende, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de garantías, sin advertir este órgano de control constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional reclamada. Negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Juez Supernumerario Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, toda vez que el acto que se les reclama, no se impugna por vicios propios. Es aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época tomo I, primera parte-1, enero a junio de 1998, visible en la página 357, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; por lista electrónica al quejoso y a la tercero interesada; vía electrónica a **********, representante especial de los menores de iniciales F.N.V.G. y F.A.V.G; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar y visto el oficio de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica a la moral quejosa, así como al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a la tercero interesada **********, apersonándose a este juicio de amparo; conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se tienen como autorizadas a las personas que menciona, en el entendido de que si es en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De igual manera, téngase autorizado el usuario que proporciona para el acceso al expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica. Se instruye al oficial judicial A, a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y a la actuaria judicial adscrita para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte tercero interesada en comento. Por lo que hace a la petición de adherirse al presente juicio de amparo, no ha lugar a acordar favorable, dado que esa figura no es procedente en el juicio de amparo indirecto; lo anterior de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Amparo, que prevé dicha adhesión en el amparo por la vía directa. Notifíquese y vía electrónica a la tercero interesada **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto que de autos se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído del veintidós de septiembre pasado, respecto del informe justificado rendido por el Magistrado Semanera integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de la representante especial de los menores de iniciales ********** y **********, mediante el cual, solicita el diferimiento de la audiencia constitucional, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Marco Antonio Sánchez Olvera y Otros.1638/2018
- Marco Antonio Sánchez Rangel y Otros.1568/2018
- Marco Antonio Solís Ramírez1159/2019
- Marco Antonio Trejo Mejía164/2023
- Marco Antonio Trejo Mejía117/2023
- Marco Antonio Uribe Fraga1111/2017
- Marco Antonio Velázquez Vargas1184/2017
- Marco Antonio Vilchis Márquez321/2022
- Marco Antonio Vilchis Márquez1288/2023
- Marco Antonio Vilchis Márquez290/2022
- Marco Antonio Wong Marín818/2020
- Marco Arturo García Solano584/2021