Marco Antonio Valdez Morales
Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marco Antonio Valdez Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del trece al diecisiete de los propios mes y año. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.
- Principal
DESHOGA PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signado autógrafamente por Marco Antonio Valdez, a través del cual desahoga el requerimiento formulado el dos de marzo del año en curso, y manifiesta que promueve por su propio derecho la demanda que dio origen al presente asunto; en consecuencia se provee: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6. Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el ordinal 61, fracción XVII, del propio cuerpo normativo. En la especie, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La privación del patrimonio familiar consistente en la parcela número 93 con una superficie de 6-27-73.998 certificado parcelario número 15,361; sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y mediante una falsa representación legal propiciada por las mismas autoridades señaladas como responsables." Precisado lo anterior, se estima pertinente tener en consideración que el quejoso promueve su demanda por derecho propio, y para acreditar el interés que le asiste para instar la acción constitucional adjuntó a su escrito inicial de demanda la siguiente documentación: Documental Pública consistente de la Lista de Sucesión de dieciocho de febrero de dos mil diez, de la que se desprende la calidad de sucesor de los Derechos Agrarios de Antonio Valdez Lizárraga. Copia simple del Certificado de Derechos Parcelarios Número 15,361 a nombre de Antonio Valdez Lizárraga. De igual forma, es pertinente traer a colación los hechos que, bajo protesta de decir verdad, narró el quejoso en la demanda de amparo. i) Marco Antonio Valdez Morales, fue designado como sucesor de Antonio Valdez Lizárraga, según se advierte del depósito de lista de sucesión. ii) Antonio Valdez Lizárraga, fue titular de la parcela número 93Z1P1/1 durante nueve años con cuatro meses, al haber sido asignada el veintinueve de abril de dos mil uno, por la Asamblea General de la Comunidad de Mesillas, Municipio de Concordia, Sinaloa. iii) El treinta de agosto de dos mil diez, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, admitió a trámite la demanda promovida por Amelia, María del Carmen, Salvador, Rogelio y Aurelio todos de apellidos Valdez Lizárraga, la cual quedó registrada con el número 665/2010, de su estadística. iv) Que en su calidad de aspirante a comunero y por lo tanto tercero extraño, el trece de febrero de dos mil veintitrés, tuvo acceso a una copia del expediente 665/2010, toda vez que su progenitor Antonio Valdez Lizárraga le comentó que no tuvieron suficiente con despojarlo de su parcela, pues además le exigían que pagara la cantidad de $84,843.34 (ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres pesos 34/100 moneda nacional), bajo apercibimiento que de no entregar el numerario de que se trata se haría acreedor a una multa. Finalmente refirió que Antonio Valdez Lizárraga fue dejado "en un total estado de indefensión al no poder impugnar la Sentencia que lo afectaba al determinar cancelar su derecho y sacar a subasta pública la parcela que formara parte del patrimonio familiar". Una vez detallado lo anterior, es necesario tener en consideración que los artículos 61, fracción XXIII, y 6º de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de control constitucional solo podrá ser promovido por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la propia ley; de lo contrario, el juicio resulta improcedente. En ese contexto, debe considerarse que a partir del principio de parte agraviada, el amparo sólo podrá promoverse por la persona física o jurídica a quien afecta la norma general o el acto reclamado, ya sea por sí o a través de su representante legal o su apoderado, siempre que el quejoso alegue que con la norma, acto u omisión sufra una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica. Ahora bien, el artículo 17 de la Ley Agraria, dispone que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Esto es, para que la persona que sea designada en la lista de sucesión cuente con legitimación para acudir al juicio de garantías, debe necesariamente acreditar que el autor de la sucesión hubiere fallecido, caso en el que podrá contar con una expectativa de derecho a su favor que lo colocará como aspirante a ejidatario. Luego, si en el caso, el aquí quejoso en su escrito aclaratorio de demanda refirió que acude a esta instancia constitucional por derecho propio, por tanto, es incuestionable que no puede acudir a este instancia constitucional en defensa de sus derechos de sucesión, pues todavía no han sido declarados por autoridad competente, de ahí que se puede concluir que quien no sea declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente se tenga la presunción que lo será, carece de legitimación para promover el juicio de amparo en defensa de los derechos agrarios de quien lo designó como sucesor, en tanto que no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que se llegará a tener esa calidad, por tratarse de un acto futuro e incierto. Ciertamente, la presunción es la probabilidad, sospecha o conjetura que resulta de un razonamiento inductivo, así como la consecuencia eventual que se deduce de un hecho conocido cuando se trata de indagar la existencia de otro desconocido, por lo que la presunción no constituye una certeza plena de un derecho, de un hecho o de una situación, y en esas condiciones el presunto sucesor por no haber sido revestido aún con ese carácter por la autoridad correspondiente, existe meramente como una expectativa de derecho; además, de que carece de interés jurídico para defender el bien raíz de la persona que lo designó como sucesor mediante el juicio de amparo. Máxime, que el juicio de control constitucional es una garantía jurisdiccional cuya concesión restituye al gobernado en el pleno goce del derecho fundamental afecto, de manera que restablece las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Entonces, si al presentar la demanda de amparo existe incertidumbre o indefinición con respecto a dicha situación jurídica, la autoridad de amparo no debe pronunciarse sobre los derechos en disputa, que si bien pudiesen estar relacionados con la materia de amparo, estos deben dirimirse en los juicios correspondientes, en tanto que el juicio de amparo no es un mecanismo para producir efectos constitutivos de derecho, sino un instrumento de control constitucional. De manera que, se insiste, el quejoso no tiene legitimación para promover el juicio de amparo a efecto de salvaguardar la parcela número 93Z1P1/1, que durante nueve años con cuatro meses, tuvo en posesión Antonio Valdez Lizárraga al haberle sido asignada el veintinueve de abril de dos mil uno, por la Asamblea General de la Comunidad de Mesillas, Municipio de Concordia, Sinaloa, pues no ha sido reconocido como sucesor de la misma ante autoridad competente, dado que para que ello ocurra, es necesario primero acreditar el fallecimiento de la persona que lo designó y segundo, que ello sea reconocido por la autoridad agraria respectiva; de ahí que al no existir certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que llegará a tener esa calidad, el juicio de control constitucional es improcedente. Es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia con registro digital 160464, intitulada: "AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN." De igual forma, sirve de apoyo por las razones que la informan la tesis con registro digital 212164, de rubro: "ASPIRANTE A EJIDATARIO O COMUNERO, LA CALIDAD DE. SE DA CUANDO SE HAYA DEMANDADO O GESTIONADO ANTE LAS AUTORIDADES AGRARIAS." DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Marco Antonio Valdez Morales, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 166/2023. SUBSTANCIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo que disponen los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, recibida la demanda dentro del término de veinticuatro horas, el órgano jurisdiccional deberá resolver si la desecha, previene o admite; así, de advertir deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente que la (s) aclare. ACLARACIÓN. Ahora bien, del contenido integral del escrito de amparo se advierte que fue promovida por Marco Antonio Valdez Morales. De igual forma, se aprecia que el aquí quejoso se ostenta como tercero extraño al expediente 665/2010, de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad. Luego, del preindicado Tribunal reclama la sentencia emitida en el procedimiento citado en el párrafo que antecede, que dejó sin efecto la asignación determinada por la Asamblea General a Antonio Valdez Lizárraga y como consecuencia de ello, la privación del patrimonio familiar consistente en la parcela número 93, con una superficie de 6-27-73.998 hectáreas, según certificado parcelario 15361. De igual forma, se duele de la deficiente y falsa representación de la preindicada parte demandada por parte de la Procuraduría Agraria, a quien se dejó en estado de indefensión al no haber presentado de manera oportuna el juicio de amparo directo. Asimismo se evidencia en su capítulo de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, que con motivo de dichos actos su progenitor Antonio Valdez Lizárraga, fue dejado en estado de indefensión, dado que éste tenía expedido a su favor certificado de derechos parcelarios que lo acreditaba como titular de la citada parcela 93; sin embargo, refiere que la autoridad responsable dejó sin efecto la asignación de dicha parcela determinada por la Asamblea General. Sostiene además que debido a la deficiente y falsa representación por parte de la Procuraduría Agraria, el demandado Antonio Valdez Lizárraga fue dejado en estado de indefensión en el expediente 665/2010, de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, en esta ciudad, al no haber presentado de manera oportuna el juicio de amparo directo. De ahí que no sea claro para quien esto provee si el quejoso promueve por derecho propio o en representación de Marco Antonio Valdez Morales como sucesor de derechos agrarios de la parcela que en esta vía defiende, con motivo de su fallecimiento. PREVENCIÓN. En esa tesitura, con el propósito de que este órgano federal cuente con los datos necesarios para proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la ocursante para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda a fin de que precise: i) si su demanda la promueve por derecho propio o en representación de Marco Antonio Valdez Morales como sucesor de derechos agrarios de la parcela que en esta vía defiende, con motivo de su fallecimiento; y ii) en caso de que la promueva en su calidad de sucesor de los derechos agrarios de Marco Antonio Valdez Morales, exhiba copia certificada del acta de defunción respectiva. Lo anterior en virtud de que, al ser la personalidad un requisito de la demanda, no sólo incumbe a éste y al juzgador del amparo, sino, incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con tal facultad. Lo anterior encuentra sustento en el criterio localizable a página 125, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que no es contrario al actual texto de la Ley de Amparo y puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA." Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo de la Reforma, número 88, Fraccionamiento, sin número, colonia Benito Juárez, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Alejandro Espinoza Balderrama, quien tiene su cedula profesional 10127377, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se le exhorta para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Marco Antonio Romero Felix120/2021
- Marco Antonio Sainz Díaz162/2017
- Marco Antonio Santaella Osuna683/2021
- Marco Antonio Sarabia González839/2013
- Marco Antonio Susarrey Ayón1046/2014
- Marco Antonio Torres Garay582/2015
- Marco Antonio Villarreal Torres861/2014
- Marco Antonio Zatarain Aramburo781/2019
- Marco Arturo López Castro370/2017
- Marco Arturo López Castro570/2018
- Marco Arturo López Tirado253/2016
- Marco César Vega Larrañaga148/2022