Marco Antonio Uribe Aguilar
Expediente 1515/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 05/04/2019
Partes del expediente
- Marco Antonio Uribe Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada el veintiocho de marzo del año en curso, por el Pleno de dicho Tribunal dentro del recurso de inconformidad 167/2018 promovido por el quejoso Marco Antonio Uribe Aguilar, de la que se advierte que se declaró infundado el citado recurso, relativo al presente juicio de amparo 1515/2017; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, ya que por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 253 a 257), se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo definitivo del mismo, cúmplase con lo anterior. Finalmente, agréguese a este juicio de amparo el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la interposición del citado recurso de inconformidad. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que por auto de doce de noviembre del año en curso, ese Tribunal Colegiado admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso *, en contra del proveído de diecisiete de octubre del presente año, dictado por este Juzgado de Distrito, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; mismo que quedó registrado con el número 167/2018, entonces, agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos para los efectos legales procedentes.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso **a través del cual, interpone recurso de inconformidad en contra del proveído dictado por este Órgano Jurisdiccional el diecisiete de octubre del año en curso (fojas 253 a 257), en el que se tuvo por cumplido el fallo protector concedido. Ahora, con fundamento en los ordinales 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión del citado recurso, remítase el original del escrito de agravios, así como el presente juicio de garantías 1515/2017, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, a fin de que provea lo conducente. Lo anterior, no obstante lo establecido en el precepto 203 de la legislación de la materia, ya que mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, se modificaron los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, y se delegó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer de los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del citado dispositivo 201 de la Ley en comento; es decir, los que procedan contra las resoluciones que en amparo indirecto tengan por cumplida la ejecutoria de amparo y las que declaren sin materia o infundada una denuncia de repetición del acto reclamado. En ese tenor, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán las actuaciones subsecuentes. Sin que sea óbice a lo anterior, que el promovente acompañó las copias del escrito de agravios para ser distribuidas entre las partes en un formato diverso al libelo de cuenta, toda vez que en términos del ordinal 214 de la Ley de la materia, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y, por tanto, no deben establecerse obstáculos o dificultades para lograrlo, por lo que este Órgano Federal, de oficio, mandará expedir las copias necesarias del libelo original de agravios. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de cuatro del actual mes y año (foja 229), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, exhibiendo copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en favor del quejoso Marco Antonio Uribe Aguilar, con fecha de expedición uno de octubre del presente año (foja 228), el cual fue recibido por el agraviado el dos de octubre de dos mil dieciocho. En relación con lo anterior, en el propio proveído de cuatro de este mes (foja 229), se ordenó dar vista al promovente del amparo con copia de la documental de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al quejoso el cinco siguiente (foja 230); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del nueve al once del mes y año en curso. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 84 a 103), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *, para el efecto de que las autoridades responsables Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales 19, fracción I, inciso B), 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por ende, la autoridad responsable ejecutora Director General del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado FP/1613/2017, de julio de dos mil diecisiete, y deberá emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señalan los preceptos reclamados para el caso de las mujeres. Además, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, debe emitir la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por el quejoso el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 60 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al arábigo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. Mientras, que el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del ámbito de su competencia legal, debe realizar en el mismo plazo (treinta días), la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el dispositivo 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. Hecho lo anterior, se notifique en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 373/2018 de su índice (fojas 157 a 169). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables denominadas Director General y Comité de Vigilancia, ambas del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar cabal cumplimiento a la sentencia, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales 19, fracción I, inciso B), 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. El Director General del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, dejar insubsistente el oficio reclamado FP/1613/2017, de julio de dos mil diecisiete, y emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señalan los preceptos reclamados para el caso de las mujeres; además, emitir respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por el quejoso Marco Antonio Uribe Aguilar el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y le sea notificada oportunamente. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del ámbito de su competencia legal, realizar la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, y realizado lo anterior, notificar en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. Luego, el Director General del Fondo responsable, mediante comunicado FP:1000/2018 de ocho de agosto de dos mil dieciocho, informó que dejó insubsistente el diverso FP:1613/2017 de julio de dos mil diecisiete (fojas 192 y 197). Posteriormente, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por comunicado y anexo, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 227 a 228), remitió copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en favor del quejoso Marco Antonio Uribe Aguilar, con fecha de expedición de uno del actual mes y año, el cual le fue notificado al disidente el dos siguiente. En proveído de diez del presente mes (foja 251), se tuvo por recibido el escrito y anexos presentados por el quejoso, en el que realizó manifestaciones respecto del acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo por las autoridades responsables; en el sentido de que le fue otorgado incorrectamente el importe mensual de dicha pensión que asciende a $17,324.11 (Diecisiete mil trescientos veinticuatro pesos 11/100 Moneda Nacional), con categoría de Agente del Ministerio Público "A" (88.46 %) del último salario y en su lugar se emita un dictamen nuevo en el que se le otorgue el salario íntegro que asciende a $23,284.02 (Veintitrés mil doscientos ochenta y cuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), en proporción a sus veinticinco años de servicio laborados con equidad de género que corresponde al 89.285% la cual asciende a $20,789.13 (Veinte mil seiscientos seis pesos 35/100 Moneda Nacional (sic)) o en su defecto al 88.50% la cual asciende a la cantidad de $20,606.35 (Veinte mil seiscientos seis pesos 35/100 Moneda Nacional). Sin embargo, estos argumentos no pueden ser analizados por este órgano jurisdiccional, puesto que hace valer aspectos que no se refieren a los efectos de la concesión plasmados en la ejecutoria del presente juicio. Cierto, en la sentencia emitida por este Juzgado el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 84 a 103), en particular, en el considerando quinto se analizaron los artículos 19, fracción I, inciso B), 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, los cuales resultaron inconstitucionales ya que para obtener una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, los hombres deben tener cincuenta años cumplidos, mientras que las mujeres cuarenta y ocho años únicamente, con independencia de los años de servicios prestados. De ahí que existe un trato diverso basado únicamente en el género del trabajador, lo que genera una situación de desigualdad entre los trabajadores varones frente a las mujeres. Además, se ejemplificó el cálculo del monto del porcentaje de pensión de los hombres que laboraron veintitrés y veinticuatro años o bien, que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Pensiones se equipararan a esa antigüedad, así como el respectivo a las mujeres que laboraron por el mismo periodo de trabajo (veintitrés y veinticuatro años). Esto es, únicamente se ilustró el porcentaje de pensión de los hombres y mujeres que laboraron veintitrés o veinticuatro años, pero en ningún momento se estipuló cual era el porcentaje que le correspondía al aquí quejoso, lo que se corrobora con los efectos precisados en dicha ejecutoria, pues en la misma se indicó que las responsables deberían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales impugnados y se abstuvieran de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos; a su vez el Director General del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, debería dejar insubsistente el oficio reclamado FP/1613/2017, de julio de dos mil diecisiete, y emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señalan los preceptos reclamados para el caso de las mujeres; además, emitir respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por el quejoso Marco Antonio Uribe Aguilar el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete y le sea notificada oportunamente; y el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, dentro del ámbito de su competencia legal, realizar la actividad que le corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, conceda o niegue la pensión solicitada por el justiciable, y realizado lo anterior, notificar en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, sin vincularlo a formular dictamen en determinado sentido. Máxime, que en la ejecutoria terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 157 a 169), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, estableció que el amparo no fue concedido para que se otorgara la pensión solicitada, sino que ésta se concediera o negara por el Comité de Vigilancia responsable, una vez que el Director General del Fondo de Pensiones dejara insubsistente el oficio FP/1613/2017 y emitiera uno nuevo en el que se diera un trato igual al gobernado a aquel que señale los preceptos reclamados para el caso de las mujeres. Esto es, el tema toral radicó en la igualdad entre hombres y mujeres al establecer los montos de las pensiones jubilatorias en porcentajes de acuerdo al último salario de cotización neto. Por tanto, para tener por acatada la sentencia concesoria sujeta a cumplimiento, resulta suficiente que las autoridades responsables hubieran emitido una respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, ya que el núcleo esencial de la aludida ejecutoria fue precisamente que se otorgara una contestación fundada y motivada a esa petición con libertad de jurisdicción. De ahí que, al otorgarse plenitud de jurisdicción a las responsables para que emitieran la respuesta correspondiente, significa que en el sumario constitucional no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no se les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, tienen libertad de decisión. En este tenor, si considera que la determinación de que se trata, en cuanto a la forma y fondo le causa alguna violación a sus derechos, deberá recurrirla a través del medio de impugnación respectivo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se confirmó la sentencia emitida por este Juzgado, misma que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, pues para los efectos del citado Acuerdo General, prevalece la sentencia dictada en segunda instancia, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta, presentado por Marco Antonio Uribe Aguilar, en su carácter de quejoso, a través del cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se autoriza la expedición de las copias certificadas que señala, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente.
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