Marco Antonio Urbina Aguello

Expediente 843/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
843/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Urbina Aguello

Actuaciones

  1. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, en contra del auto de dos de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso Marco Antonio Urbina Arguello; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que este Juzgado de Distrito le hiciera a través de proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De una lectura integral del libelo de cuenta, este juzgador advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; numeral que dicho sea de paso, prevé: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el juez de Distrito podrá decretar el desechamiento de una demanda de amparo siempre y cuando encuentre que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; así, los conceptos "manifiesto" e "indudable", el Diccionario de la Real Academia Española los define de la siguiente manera: "Manifiesto. Adj. Descubierto, patente, claro." "Indudable. 1. adj. Que no se puede poner en duda. 2. adj. evidente (claro, patente)." De las citadas definiciones, se obtiene que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Para el caso en particular, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir esencialmente en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en la etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral de origen, número ********************, promovido por ********************, en contra de la empresa ********************. En ese orden de ideas, la notoria improcedencia deriva del hecho de que el asunto sometido a la voluntad de este Juzgado Federal, se trata de un acto dictado dentro del juicio que genera en todo caso, violación con efectos meramente intraprocesales. Para conocer las razones por las cuales se arriba a esa conclusión conviene citar los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "(.)" "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se ve, el amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la procedencia del amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución irreparable o son de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías otorgadas para su protección, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque la violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Da soporte a lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 11, del Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (que resulta aplicable por no oponerse a la ley de la materia actual), en la cual se define el concepto de ejecución de imposible reparación en estos términos: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producente ""ejecución irreparable"" los actos dentro del juicio, sólo cuando afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Pues bien, como ya se precisó, el promovente señaló como acto reclamado en su demanda de amparo, el acuerdo dictado en la audiencia celebrada el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en la etapa de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral de origen, número ********************, promovido por ********************, en contra de la empresa ********************; actuación la anterior en la que se acordó: "SE INICIA LA ETAPA DE CONCILIACIÓN. . ACUERDO: Téngase por celebrada la presente etapa procesal, teniendo a las partes por inconformes a todo arreglo. SE ABRE LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. . ACUERDO: Visto lo anterior téngase por celebrada la presente etapa procesal, reconociendo la personalidad con que comparecen las partes en los términos en que lo acreditaran, teniendo a la parte actora por ratificando su escrito inicial de demanda y haciendo el uso del derecho de replica; y a la demandada se le tiene por dando contestación a la demanda mediante escrito que en el uso de la palabra exhibe, por hechas las manifestaciones vertidas, haciendo uso del derecho de contrarréplica, y de conformidad con los artículos 878 fracción VIII, 879 y 880 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS apercibiendo a las partes que de no comparecer en la fecha y hora señaladas se les tendrá por perdido el derecho de ofrecer pruebas. Toda vez que la parte actora acepta el empleo, se señalas las DIEZ HORAS DEL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la diligencia de REANUDACIÓN DE LABORES a cargo de ********************, debiéndose constituir el actuario adscrito a esta Junta en el domicilio de la demandada, levantando el acta respectiva, danto la intervención que le asiste a las partes. Del presente acuerdo las partes quedan notificadas firmando al margen los comparecientes."(Sic) Luego, esa determinación constituye una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo y tampoco constituye una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues al margen de que la autoridad responsable hubiere procedido en la forma indicada, en el sentido de que, atento a lo acordado en la audiencia celebrada el quince de febrero del año actual, dentro del expediente administrativo laboral de origen, número ********************, promovido por ********************, en contra de la empresa ********************; el aquí quejoso puede válidamente, en su caso, obtener un laudo favorable a sus pretensiones, pues la decisión adoptada por la responsable, no arroja como consecuencia necesaria y directa que obtendrá un fallo adverso a sus intereses, puesto que sus efectos sólo se conocerán hasta el momento en que se emita esa resolución, y como se dijo, puede darse el caso de que la acción planteada resulte improcedente y que con motivo de ello el laudo le sea favorable. Cabe mencionar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, precisa que los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando, entre otras cosas, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad (arábigo 172, fracción V de la legislación de la materia). Por su parte, los artículos 171 y 174 del mismo ordenamiento legal prevén: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo." En ese tenor, como la determinación emitida por la autoridad responsable, no conlleva necesariamente a que la parte quejosa, en el expediente laboral de origen, obtenga un fallo adverso a sus intereses, al existir la posibilidad de que se le emita un laudo favorable, el amparo promovido se torna improcedente. Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa en su promoción de cuenta haya invocado el contenido de la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región del rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUELLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR"; empero, el mismo no es aplicable al caso en particular, ya que de lo que se duele el promovente no constituye una afectación exorbitante, superior o predominante en su esfera jurídica, de manera tal que sea imposible obtener un laudo favorable, en atención a lo acordado en el proveído que se reclama, dado que la Junta de Conciliación responsable, deberá examinar si los hechos tenidos por ciertos justifican la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas; incluso podrá analizar lo correcto o incorrecto en el propio acuerdo reclamado, y de ser el caso, beneficiar al quejoso al emitir el laudo. Por ende, antes de la promoción del juicio biinstancial, se requiere llegar a la emisión del laudo dentro del expediente de origen, para así estar en posibilidad de corroborar si la violación que aduce el doliente trascendió al resultado del fallo y, de ser el caso, la determinación que se pretende combatir por esta vía debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación, y donde podrá analizarse cualquier violación procesal. En lo que corresponde es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2, visible en la página 1539 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Luego entonces, se insiste, lo acordado en la audiencia celebrada el veintisiete de agosto del año actual, en la parte que aduce el promovente vulnera sus derechos fundamentales, constituye una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo y tampoco constituye una afectación de imposible reparación, ya que no menoscaba de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que no pudiera repararse de obtener laudo favorable y en esas condiciones, el acto solamente podría vulnerar derechos adjetivos, impugnables mediante el amparo directo promovido contra el fallo. Con base en los motivos plasmados es dable para este juzgador concluir válidamente, que el acto reclamado no es de imposible reparación; de ahí que, las violaciones delatadas deben combatirse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. Por tanto, en las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda presentada por ********************, contra actos de la autoridad que designó en su escrito inicial con el carácter de responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II...de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista de acuerdos al quejoso Marco Antonio Urbina Argüello, el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en razón de que no acudió a oír la notificación de manera personal...

  4. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Marco Antonio Urbina Arguello, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 843/2019-II. Del estudio integral de la promoción de cuenta, este Juzgado de Distrito advierte que el impetrante de garantías reclama la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral 551/E6/2019, el cual se tramita en la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En relación a los antecedentes del acto reclamado, el promovente no satisface la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, puesto que del escrito de cuenta, no se advierte que lo expresado en el mismo, lo haya realizado bajo protesta de decir verdad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se estima necesario prevenir al quejoso Marco Antonio Urbina Arguello, para que, dentro del término de cinco días, manifieste si lo plasmado en su demanda de garantías lo hizo bajo protesta de decir verdad. Apercibido que de no dar cumplimiento a tal mandato dentro del plazo otorgado, se procederá conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Asimismo, téngase al agraviado señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Roberto Sibaja Perales y Rubén Olivares García, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal a Emilio de Jesús Rodríguez Mora, hasta en tanto demuestre ante este órgano jurisdiccional contar con cédula profesional para ejercer la abogacía. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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