Marco Antonio Tolama Flores
Expediente 1637/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio Tolama Flores
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa, reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley. Del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de notificar el acuerdo respectivo al acuerdo que recaiga a la contestación de demanda. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsables, se advierte que el diez de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordó el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada, ordenó correr traslado a la parte actora y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto aquí combatido y que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deviene inexistentes, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: En el caso, se reclama una abstención u omisión por parte del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ". VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos".[Énfasis añadido]. Establecido lo anterior, la inexistencia del acto reclamado del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deriva del hecho de que no estaba obligado a notificar el auto que recayera al escrito de contestación de demandada presentado por la parte demandada, en virtud de que de la copia certificada del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de una documental pública- se advierte que fue hasta esa fecha en que el Presidente acordó el escrito de mérito, por lo que resulta innegable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veinte de septiembre de dos mil veintitrés - no existía el auto que acordó el citado escrito y, por ende, el Actuario, no podía notificar su contenido. De ahí que, como se indicó, no incurrió en omisión alguna, pues ello es únicamente cuando estando obligado a actuar no lo hace, lo que en el caso no se actualiza, dado que el acto debe atenderse a la fecha de la presentación de la demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto omisivo atribuido al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Por otra parte, respecto del acto atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que los efectos han cesado. En el caso, el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda y que se fijara fecha para la audiencia de ley. Sin embargo, de la copia certificada de la constancia relativa al auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ******************** -documental previamente valorada-, se advierte que en tal data, la responsable acordó el escrito referido y ordenó correr traslado a la parte actora; asimismo, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley. En tales condiciones, si en la presente vía, la parte quejosa se dolió de la omisión de acordar el escrito presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley y, de constancias se advierte que el diez de octubre de dos mil veintitrés; es decir, durante la tramitación del juicio -demanda presentada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés - se acordó dicho escrito y fijó fecha para la audiencia de ley, entonces los efectos del presente juicio de amparo han cesado. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo - veinte de septiembre de dos mil veintitrés - existía la omisión de acordar el multicitado ocurso y de fijar fecha para la audiencia de ley, lo cierto es que, con posterioridad - diez de octubre de dos mil veintitrés - la responsable proveyó respecto del mismo y fijó fecha; con lo cual se estima que la conducta omisiva desapareció. Por lo que, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si los actos en estudio no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa, reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley. Del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de notificar el acuerdo respectivo al acuerdo que recaiga a la contestación de demanda. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsables, se advierte que el diez de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordó el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada, ordenó correr traslado a la parte actora y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto aquí combatido y que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deviene inexistentes, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: En el caso, se reclama una abstención u omisión por parte del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ". VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos".[Énfasis añadido]. Establecido lo anterior, la inexistencia del acto reclamado del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deriva del hecho de que no estaba obligado a notificar el auto que recayera al escrito de contestación de demandada presentado por la parte demandada, en virtud de que de la copia certificada del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de una documental pública- se advierte que fue hasta esa fecha en que el Presidente acordó el escrito de mérito, por lo que resulta innegable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veinte de septiembre de dos mil veintitrés - no existía el auto que acordó el citado escrito y, por ende, el Actuario, no podía notificar su contenido. De ahí que, como se indicó, no incurrió en omisión alguna, pues ello es únicamente cuando estando obligado a actuar no lo hace, lo que en el caso no se actualiza, dado que el acto debe atenderse a la fecha de la presentación de la demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto omisivo atribuido al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Por otra parte, respecto del acto atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que los efectos han cesado. En el caso, el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda y que se fijara fecha para la audiencia de ley. Sin embargo, de la copia certificada de la constancia relativa al auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ******************** -documental previamente valorada-, se advierte que en tal data, la responsable acordó el escrito referido y ordenó correr traslado a la parte actora; asimismo, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley. En tales condiciones, si en la presente vía, la parte quejosa se dolió de la omisión de acordar el escrito presentado por la parte demandada en el juicio laboral ********************, a fin de que se le ordenara correr traslado y fijar fecha para la audiencia de ley y, de constancias se advierte que el diez de octubre de dos mil veintitrés; es decir, durante la tramitación del juicio -demanda presentada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés - se acordó dicho escrito y fijó fecha para la audiencia de ley, entonces los efectos del presente juicio de amparo han cesado. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo - veinte de septiembre de dos mil veintitrés - existía la omisión de acordar el multicitado ocurso y de fijar fecha para la audiencia de ley, lo cierto es que, con posterioridad - diez de octubre de dos mil veintitrés - la responsable proveyó respecto del mismo y fijó fecha; con lo cual se estima que la conducta omisiva desapareció. Por lo que, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si los actos en estudio no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta de ******************** autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 primer párrafo de la Ley de Amparo por medio del cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la propia Ley, desahoga la vista concedida mediante auto de seis de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que del escrito de cuenta se advierten, mismas que serán valoradas al momento de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/5 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página 1922, de rubro siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ALCANCE DE LA CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el telegrama de cuenta de la Subdirectora de lo Contencioso, en representación del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, realiza lo siguiente: 1. Informa que no cuenta con facultades para obligar al Subdelegado de Prestaciones de la Representación Estatal en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que cumpla con la ejecutoria de amparo. 2. Precisa que conforme al artículo 220 de la Ley del mencionado Instituto y 23 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las facultades conferidas al Director General, del citado instituto no involucran poder o mando sobre la autoridad responsable en el juicio de amparo, para constreñirla al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 3. No obstante lo anterior, informa que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio ******************** conminó al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que proceda al cumplimiento del fallo protector. 4. Por tanto solicita se deje sin efectos el apercibimiento decretado en autos. 5. Designa delegados. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de la instrucción emitida por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Por lo que respecta a los delegados que señala la autoridad oficiante en el telegrama de cuanta, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no es parte dentro del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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