Marco Antonio Tapia López

Expediente 859/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
859/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Tapia López

Actuaciones

  1. Principal

    ha causado estado la resolución y se ordena el archivo

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Amanda Ruiz Mendoza, en favor del directamente agraviado Marco Antonio Tapia López, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; por tanto, fórmese y regístrese el expediente con el número 859/2019. Ahora, previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento de la demanda que se atiende, y dada la naturaleza de los actos reclamados, resulta pertinente analizar primeramente el contenido de los numerales 5°, fracción I, 6°, 15, 112 y 113 de la Ley de Amparo, así como del diverso precepto legal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas..". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Por su parte los diversos artículos 112 y 113 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte que para la procedencia del juicio de amparo por regla general, para reconocer a quien promueve el carácter de parte quejosa, ya sea por interés jurídico o legítimo, éste deberá estar legitimado para ello y ser titular del derecho subjetivo que le afecta de manera personal y directa. Sin embargo, resulta pertinente traer a colación que el artículo 15 de la Ley de Amparo, se prevé una excepción a la regla indicada, esto es así, ya que dicho dispositivo legal legitima a "cualquier persona" para que en nombre del agraviado presente la demanda, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que éste se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En el caso que nos ocupa, cabe destacar que la demanda de garantías fue presentada por Amanda Ruiz Mendoza, en favor del directamente agraviado Marco Antonio Tapia López, por actos que hizo consistir en la falta de atención médica. Acto que de acuerdo al contenido de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, no son de los considerados como aquellos que traigan como consecuencia una afectación a su integridad física y personal, ni mucho menos se advierte que el agraviado se encuentre impedido para promover él directamente el amparo respecto de los actos que pretende introducir a la litis, tal y como lo hace valer la Amanda Ruiz Mendoza, en el escrito de demanda. En ese tenor, se concluye que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5o, fracción 1 y 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Amanda Ruiz Mendoza, no se ubica en el supuesto de excepción que le otorgaría legitimación procesal para instar el juicio de amparo a favor de diversa persona. Por lo que, conforme lo establecido en los preceptos legales 62 y 113 de la Ley de Amparo, quien aquí resuelve, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del ordinal 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando procedente desechar de plano la demanda de garantías promovida por Amanda Ruiz Mendoza, atento a los razonamientos expuestos en párrafos supra. Máxime que Amanda Ruiz Mendoza, fue omisa en exhibir alguno documento que la faculte para promover en representación del agraviado; situación que permite determinar que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional en favor de Marco Antonio Tapia López. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, una vez que quede firme el presente proveído, archívese como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las notificaciones relativas a este expediente, con el fin de no entorpecer su trámite. Por otro lado, se tiene que la promovente fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, el contenido del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal; lo anterior, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese por medio de lista a la parte promovente. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante el licenciado Marco Antonio Arreola Herrera, Secretario que autoriza y da fe.

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