Marco Antonio Susarrey Ayón

Expediente 393/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
393/2013
Año
2013
Actuaciones
17
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Susarrey Ayón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito signado por *****, autorizado de la parte quejosa, y como lo solicita expídanse las copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Teniendo como autorizado para recibir dichas copias a las personas que indica en su escrito de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Finalmente, una vez que se dé cumplimiento a lo antes ordenado, vuelvan los autos al archivo para su resguardo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado al tercero interesado el auto que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 4212 (fojas 947 a 949), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: ? "[.] La orden de aprehensión librada en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo, así como de comparecencia por el diverso delito de responsabilidad profesional y técnica, mediante resolución de siete de junio de dos mil trece, dictada en la causa penal 366/2011. [.]" Ahora bien, mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil catorce, la cual fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en Ensenada, Baja California: a) Deje sin efectos las órdenes de aprehensión y comparecencia libradas en contra del quejoso el siete de junio de dos mil trece, en la causa penal 366/2011, ante la falta de reunión de los elementos del cuerpo de los delitos imputados. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a las ordenadoras, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 4212 (fojas 947 a 949), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con los oficios 423-III y 419-III, ambos de cuatro de marzo del presente año (fojas 947 y 949, emitidos dentro de la causa penal 366/2011 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 423-III y 419-III, ambos de cuatro de marzo del presente año (fojas 947 y 949), emitidos dentro de la causa penal 366/2011 de su índice, informó que dejó insubsistente la resolución de siete de junio de dos mil trece, mediante la cual había librado orden de aprehensión y orden de comparecencia en contra del aquí quejoso por el delito de homicidio por culpa y por el diverso delito cometido en el ejercicio de la profesión (responsabilidad profesional y técnica), respectivamente, en los términos precisados en la sentencia emitida en el presente asunto. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 4212 (fojas 947 a 949), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: ? "[.] La orden de aprehensión librada en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo, así como de comparecencia por el diverso delito de responsabilidad profesional y técnica, mediante resolución de siete de junio de dos mil trece, dictada en la causa penal 366/2011. [.]" Ahora bien, mediante resolución de cuatro de septiembre de dos mil catorce, la cual fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en Ensenada, Baja California: a) Deje sin efectos las órdenes de aprehensión y comparecencia libradas en contra del quejoso el siete de junio de dos mil trece, en la causa penal 366/2011, ante la falta de reunión de los elementos del cuerpo de los delitos imputados. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a las ordenadoras, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 4212 (fojas 947 a 949), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con los oficios 423-III y 419-III, ambos de cuatro de marzo del presente año (fojas 947 y 949, emitidos dentro de la causa penal 366/2011 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 423-III y 419-III, ambos de cuatro de marzo del presente año (fojas 947 y 949), emitidos dentro de la causa penal 366/2011 de su índice, informó que dejó insubsistente la resolución de siete de junio de dos mil trece, mediante la cual había librado orden de aprehensión y orden de comparecencia en contra del aquí quejoso por el delito de homicidio por culpa y por el diverso delito cometido en el ejercicio de la profesión (responsabilidad profesional y técnica), respectivamente, en los términos precisados en la sentencia emitida en el presente asunto. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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