Marco Antonio Soto Hernández

Expediente 946/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
946/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Soto Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieran recurrido la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Asimismo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional. Finalmente, devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el expediente ***, el cual remitió en apoyo a su informe justificado, mismo que obra por cuerda separada debidamente identificado como anexo I.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el quejoso ***, mediante el cual, informa que han cesado los efectos del acto reclamado, por los motivos que refiere en el ocurso que se provee. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que por auto de treinta y uno de agosto pasado, se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia constitucional, por los motivos ahí referidos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; visto su contenido, téngaseles rindiendo su informe justificado. Asimismo, téngasele remitiendo el expediente original del toca de origen ***, de su índice. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de remitir los autos del expediente *** al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, dentro del toca de apelación ***, del índice de la responsable. Ahora bien, del original del toca de apelación de origen ***, el cual cuenta con pleno valor probatorio, se advierte que mediante oficio ***, de veintidós de agosto del presente año, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, devolvió a la Jueza Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, el expediente ***, de su índice. Oficio que fue recibido en el citado Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, el veinticuatro de agosto del presente año, como se advierte del sello respectivo. Con lo anterior, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados en el presente sumario. Para mejor entendimiento de la causal invocada, debe acotarse que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado al cesar su actuación. En efecto, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior, debe entenderse en el sentido de que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de remitir los autos del expediente *** al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, dentro del toca de apelación ***, del índice de la responsable. Sin embargo, durante la sustanciación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, ya devolvió el citado expediente ***, al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, el cual fue recibido el veinticuatro de agosto del presente año, tal como se advierte del acuses de recibo respectivo y que fue valorado en párrafos que anteceden; y por consiguiente ya no existe el acto de autoridad, lo que genera la ociosidad de examinar su constitucionalidad, pues el acto reclamado ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En tales condiciones, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente resulta procedente SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: La omisión de remitir los autos del expediente *** al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con sede en Huamantla, Tlaxcala, dentro del toca de apelación ***, del índice de la responsable. SE ADMITE a trámite. Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 128, último párrafo, de la Ley de Amparo. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 25 del acuerdo general precitado y 28 del diverso Acuerdo General 21/2020, se previene a las partes, para que dentro del plazo de setenta y dos horas previas al día y hora señalados, informen a este órgano jurisdiccional si es su deseo que la audiencia constitucional se desahogue a través de videoconferencia. De ser así, queda bajo su absoluta responsabilidad contar con los medios tecnológicos necesarios para estar en aptitud de comparecer virtualmente, como son la adecuada conectividad a internet, un dispositivo electrónico con cámara de video y micrófono en condiciones aptas de funcionamiento y la plataforma Cisco Webex , por ser la autorizada para tal efecto por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, deberán proporcionar correo electrónico o número telefónico -fijo o celular-, para que a través de ese medio puedan hacerse de su conocimiento las claves de sesión y de acceso correspondientes; en la inteligencia de que únicamente podrán estar presentes las personas que se identifiquen plenamente mediante identificación oficial vigente, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, y que estén legitimadas para tal efecto. Una vez que la parte solicitante proporcione los datos antes referidos, se instruye al secretario encargado del expediente, para que realice la comunicación de dichos datos, levantando la certificación correspondiente. Lo anterior es así, puesto que para llevar a cabo la audiencia constitucional a través de videoconferencia, este juzgado federal debe realizar las gestiones necesarias, como lo es agendar y crear la reunión por conducto de la Coordinadora Técnica Administrativa, solicitar el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información -para los casos que resulte necesario-, e informar oportunamente a las partes el número de reunión y contraseña respectivas. Se hace de su conocimiento que, de no contar con los medios necesarios, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional a fin de que se realicen las gestiones conducentes para el desahogo de la diligencia en comento. Cabe destacar a las partes que la celebración de la audiencia constitucional mediante videoconferencia solo es necesaria cuando se pretenda una participación diversa a expresar alegatos, pues de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, estos deben presentarse por escrito o vía electrónica, salvo en el supuesto de excepción establecido en el segundo párrafo de dicho numeral. Lo antes expuesto se acuerda en atención a que, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 precitado, la jornada presencial es de cinco horas en el órgano jurisdiccional. De ahí que a fin de expeditar la gestión judicial de los asuntos, así como solventar las cargas laborales que se generaron con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se otorga a las partes la oportunidad de manifestar su deseo de comparecer a la audiencia constitucional, pero haciéndoles saber que resulta innecesaria una videoconferencia cuando la única intención sea la expresión de alegatos, pues ello, se itera, puede realizarse por escrito o vía electrónica. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación respectivo; en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia del acto y que soporten su emisión. Informe que deberá rendir, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido que, de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirá cierto el acto que se le atribuye, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley reglamentaria vigente. Además, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el juzgado a que corresponde; apercibidas que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, las cuales serán calculadas, en su caso al momento en que se les imponga, de conformidad con los lineamientos aplicables, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 262 de la Ley de Amparo, establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces la unidad de medida y actualización, en razón al valor diario, cuyo cálculo se realizara de conformidad con los lineamientos aplicables, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación expresen un hecho falso o nieguen la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Asimismo, se requiere a las partes para que tan pronto hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento deberán informarlo a este juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, conforme lo establecen los artículos 64, en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. En el entendido que la copia de la demanda de amparo se adjuntará a la autoridad responsable con el oficio por el que se le notifique el presente proveído. Por otra parte, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En ese sentido, atento a lo ordenado en el cuaderno de varios 2020, mediante auto de ocho de junio de la presente anualidad, se instruye al Analista Jurídico (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice la autorización correspondiente a efecto de que el Licenciado ***, en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo citado al rubro, con el usuario ***. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense al fiscal federal ocursante, vía electrónica, las notificaciones correspondientes a ampliaciones de demanda, admisión de pruebas que deben prepararse (inspección, pericial y testimonial), sobreseimientos fuera de audiencia, sentencias, interposición de recursos (revisión, queja e inconformidad), admisiones de incidentes (acumulación, nulidad de notificaciones, etcétera), y aquéllos que por su naturaleza lo ameriten o explícitamente se indiquen el acuerdo respectivo; en el entendido de que las resoluciones restantes se le continuarán notificando mediante la lista. En este sentido, se faculta al actuario judicial para que, vía electrónica, haga llegar al fiscal federal copia íntegra del presente acuerdo, así como del escrito de demanda. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Resérvese acordar lo relativo a quien o quienes les revista el carácter de terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Por lo que hace al domicilio que refiere al para oír y recibir notificaciones, atento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, se designan las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, en virtud de que dicho domicilio no se encuentra en este Municipio de Apizaco o zona conurbada, de conformidad con el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco. En otro orden de ideas, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; Por otro lado, en términos del artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico *** y el número de teléfono ***, a efecto de que por esos medios este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dichos contactos a través de medios electrónicos sustituyan a las notificaciones. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

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