Marco Antonio Silva Sánchez
Expediente 337/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Silva Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el cual manifiesta que no recibió el disco en formato en dvd, que se ordenó devolver en auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En su atención, a fin de evitar dilaciones procesales, hágase la devolución de la documental aludida, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe.LYLH
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, promovido por Marco Antonio Silva Sánchez, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, y capitulo octavo, numerales 20 y 21, inciso a) que dice: VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y las determinaciones en las que se concedió la suspensión y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, tomando en consideración que la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Karen Reyes Guadarrama, remitió como complemento a su informe justificado copia certificada del disco en formato dvd; y toda vez que no es necesaria la retención del mismo, devuélvase a su lugar de origen. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a dicha responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese el presente acuerdo a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S, para resolver el juicio de amparo indirecto 337/2021-IV, promovido por --------------------, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este juzgado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ---------- promovió juicio de amparo contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó la notificación a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Finalmente, una vez integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó: La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, las autoridades responsables: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; 2. Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Texcoco; 3. Karen Reyes Guadarrama, Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México; 4. Dilcia Graciela Castillo Galant, Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México 5. Abraham Montoya Velasco, Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México; 6. Rosa María Franco Gutiérrez, Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México; 7. Fiscal Regional en Ecatepec, Estado de México; 8. Jueza de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; 9. Jueza de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México; 10. Encargado del Grupo de la Policía de Investigación San Agustín, Ecatepec de Morelos, Estado de México; 11. Rebeca Rosas León, Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; 12. Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México; 13. Fiscal Regional de Texcoco, Estado de México, por conducto del Secretario Particular; y, 14. Encargado de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, Estado de México. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación de las responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, refirió que tenía conocimiento de diversas órdenes de aprehensión libradas por el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehension en Linea del Poder Judicial del Estado de México. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dilcia Graciela Castillo Galant, Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, no obstante de negar la emisión del acto reclamado, manifestó que localizó registros de que el seis de febrero de dos mil veintiuno, la agente del ministerio Público Arisai Alejandra Cruz Sánchez solicitó orden de aprehensión al Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehension en Linea del Poder Judicial del Estado de México, la cual se registró con el número de orden de aprehensión especializado 312/2021, y numero de orden de aprehensión 82/2021, en la que se ordenó la búsqueda, localización y aprehensión del quejoso Marco Antonio Silva Sánchez y otros, por su probable intervención en la comisión del delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, y 290 fracción I, inciso b), en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de Alma Jazmín Martínez Tapia e Irene Patricia Hernández Martínez. En tales circunstancias, resulta procedente tener por cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas al principio de este considerando, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión emitida contra el quejoso, pues si bien, negaron su existencia, de su propia manifestación, así como de las constancias que obran en autos, se desprende que efectivamente fue librada una orden privativa de libertad del quejoso, razón por la que, atendiendo a su carácter de autoridades ejecutoras, en cualquier momento pueden ser requeridas a efecto de dar cumplimiento a la orden señalada. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de oficio, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, de oficio se advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La interpretación de lo establecido en los preceptos transcritos, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando el quejoso deje de cumplir en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo a indicar las autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si la parte quejosa decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En este orden, debe tomarse en consideración la interpretación de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que, para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron. En el caso, la quejosa reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución; en ese sentido, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte la agente del ministerio Público Arisai Alejandra Cruz Sánchez solicitó orden de aprehensión al Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehension en Linea del Poder Judicial del Estado de México, la cual se registró con el número de orden de aprehensión especializado 312/2021, y numero de orden de aprehensión 82/2021, en la que se ordenó la búsqueda, localización y aprehensión del quejoso Marco Antonio Silva Sánchez y otros, por su probable intervención en la comisión del delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, y 290 fracción I, inciso b), en relación con el 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de Alma Jazmín Martínez Tapia e Irene Patricia Hernández Martínez. Circunstancia que fue advertida del informe justificado rendido por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, hechos que se hicieron del conocimiento de la parte quejosa en el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, puesto que se le otorgó vista a fin de que manifestara, en el plazo de quince días, si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto del juez que emitió la orden de captura; no obstante ello, no formuló manifestación en ese sentido, no obstante de advertirse su participación, pues se insiste fue quien emitió la orden de aprehensión contra el quejoso; sin embargo, el quejoso no atendió la vista otorgada por este juzgado, circunstancia que quedó evidenciada en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que, el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, certificó que feneció el plazo para que el quejoso ampliara su demanda de amparo, sin que al efecto presentara promovido alguna. En consecuencia, al no haber sido designado como autoridad responsable el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehension en Linea del Poder Judicial del Estado de México, es evidente que no se está en aptitud de analizar la legalidad de sus actos y mucho menos sus consecuencias. En ese contexto, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de los que se inconforma la parte quejosa y sus consecuencias jurídicas, habida cuenta que la autoridad que emitió los actos de los que se duele el quejoso, no fue llamada a juicio. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia en la queja deficiente a favor del quejoso, ya que de ninguna manera permite al juzgado federal sustituirse por la parte solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables.1 En consecuencia, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando que antecede. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ----------, por los motivos expresados en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la cual se advierte que feneció el término de quince días concedido al quejoso mediante auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestará si era su deseo ampliar la demanda respecto del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México, sin que hubiese realizado manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se continúa con la secuela procedimental del presente asunto, únicamente respecto de los actos y autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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