Marco Antonio Sanchez Ramirez
Expediente 1028/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Sanchez Ramirez
Actuaciones
- Principal
En esas condiciones, vista la certificación de cuenta y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme, en consecuencia archívese el presente como asunto concluido. Destino juicio principal. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años a esta fecha, de conformidad con el numeral 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del citado Acuerdo, procédase a la destrucción del expediente.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Sánchez Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 27 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1028/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Así, del análisis de la demanda, se obtiene que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: «Se reclama el acuerdo de fecha 10 de agosto de 2020, emitido por la C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte en Nezahualcóyotl, en el cual se determinó que no es procedente la devolución del inmueble identificado como bodega comercial marcada con el número 37 de la nave G, ubicada al interior de la Central de Abastos del Municipio de Chicoloapan, Estado de México, en razón de que el inmueble fue utilizado para resguardar y ocultar mercancía robada » (sic). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: «Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano». En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes Por su parte, el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, refiere lo siguiente: «Artículo 61.- El amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». Así, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 229, 230, fracción III y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 229, 230, fracción III y 231, que es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para aprobar el aseguramiento y resguardo del bien inmueble ordenado por el representante social hasta en tanto se esclarecen los hechos, en aquellos casos en que se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, que no se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios y que exista oposición fundada para la devolución. Además el artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. En apoyo a lo anterior es conveniente destacar que los artículos 40 y 133 constitucionales consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre sí sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. De tal forma que si el artículo 16 constitucional, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 229, 230, fracción III y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que el Juez de Control es la autoridad facultada para aprobar el aseguramiento y resguardo de bienes inmuebles ordenado por el Ministerio Público hasta en tanto se esclarezcan los hechos, así como para realizar su entrega en depósito a quien se legitime como propietario o poseedor del mismo. Es claro que bajo el nuevo paradigma constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen el aseguramiento de un bien inmueble, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicho aseguramiento. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal Investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las actuaciones de la autoridad ministerial. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), del Pleno en materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Penal, página 974, de rubro: "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO." Máxime que de acuerdo a lo establecido en los artículos 10, 11 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público es una parte procesal al igual que la víctima y el imputado, por lo cual no genera pruebas en la investigación, y quien controla sus actos u omisiones es el Juez de Control; lo anterior evita que el Ministerio Público decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como las órdenes de cateo, la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes, etcétera. En virtud de todo lo anterior, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en las fracciones XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 229, 230, fracción III y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace a dicho acto. A todo lo anterior, sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Tomando en consideración que la parte quejosa de manera expresa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento, los estrados de este juzgado de Distrito, y ante tal manifestación de voluntad, del lugar en que la parte quejosa desea se le notifiquen los acuerdos que se emitan en este procedimiento constitucional incluyendo las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse ésta y las subsecuentes notificaciones incluyendo las de carácter personal por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, ténganse por autorizado en términos amplios a Raúl Héctor Zepeda Ramírez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a las demás personas que indica, quienes únicamente están autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula en dicho sistema, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.
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