Marco Antonio Sanchez Mendiola
Expediente 1435/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marco Antonio Sanchez Mendiola
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1435/2023, promovido por Marco Antonio Sánchez Mendiola, por conducto de su apoderado; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda y auto admisorio. Asimismo se da cuenta con el oficio y anexo registrado con folio 20283. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio a través del cual rinde informe justificado el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y remite diversas constancias derivadas del juicio de origen; se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por lo que hace a las documentales que remite, acuérdese en el apartado respectivo. Ahora, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado en comento, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa autoridad, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las documentales remitidas por la autoridad responsable, en el oficio de cuenta; así como la instrumental de actuaciones, la presuncional y documental ofrecidas por el quejoso; mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Se cierra este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1435/2023; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el trece de octubre de dos mil veintitrés, y remitido a este Juzgado el diecisiete del citado mes y año, Marco Antonio Sánchez Mendiola, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en: ".omitir dictar el laudo y notificarlo a las partes." Actos que estimó violatorios del derecho fundamental, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada con el número 1435/2023, misma que en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Además, en este asunto, no se atribuyó el carácter de tercero interesado a ninguna persona. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos derivados de un expediente tramitado dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, son la omisión de concluir el juicio burocrático 01/381/2020, con el dictado del laudo y notificarlo a las partes. III. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal responsable, pues así lo refirió su Presidente al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran en el juicio de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la parte quejosa reclama en su demanda de amparo actos de tracto sucesivo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Causales de improcedencia. La autoridad responsable refiere que es improcedente el juicio de amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado, lo que no es así, ya que no han sido notificadas las partes del laudo dictado en el juicio natural. Dado que en la especie las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que se expresa enseguida, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que no se ha concluido el procedimiento laboral con el dictado del laudo. Y en parte tiene razón, pues el Tribunal responsable ha excedido los términos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación a lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a dicho cuerpo de leyes, lo que implica transgresión al derecho de legalidad y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna se estableció en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. En el caso particular, debe precisarse en principio que la Ley burocrática local no establece un término especial para que la autoridad dicte el laudo precisamente porque reduce el procedimiento laboral a una sola audiencia en la que se llevan a cabo las etapas correspondientes y luego de formularse los alegatos ahí mismo se dicte el laudo, salvo que se requieran diligencias posteriores. Así, como en principio la ley ordena que se cierre la audiencia con el dictado del laudo luego de las conclusiones de las partes, ese es el momento para emitirlo; pero como también debe de reconocerse que la mayor o menor complejidad de los asuntos, así como la carga de trabajo, limitarían irremediablemente el cumplimiento estricto de esa regla, por lo cual debe de encontrarse en la propia norma un límite razonable para emitir esa resolución final y el plazo disponible en la normativa es el genérico de quince días previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no así los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo. Veamos. El artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que el procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Ese precepto guarda una identidad sustancial con los artículos 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, 107 y 112 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, los cuales fueron objeto de análisis en la contradicción de tesis número 216/2004-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 52/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS)." En la ejecutoria de la contradicción de tesis aludida se determinó que si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso, se dictará el laudo respectivo, no procede la aplicación supletoria de los artículos 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. De manera que la misma Corte reconoce en la referida ejecutoria emitida por la Segunda Sala, que dio origen a la citada jurisprudencia que es jurídicamente válido que el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia atendiendo a la menor o mayor complejidad de cada asunto y a las cargas de trabajo; pero la Corte no se ocupó en esa ejecutoria de fijar un plazo razonable para ello. Así, el artículo 115 de la Ley burocrática local no debe entenderse en el sentido de que el laudo debe emitirse, indefectiblemente, en la fecha señalada para la celebración de la mencionada audiencia. Y en ese orden, al no existir dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos un plazo para el dictado del laudo en el juicio laboral burocrático, éste será el establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de dicho ordenamiento estatal. En efecto, el artículo 127 bis, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé el plazo de quince días para el dictado del laudo, además en términos del citado numeral, las pruebas, alegatos y el dictado del laudo se realizarán en una sola audiencia, salvo en que sean necesarias diligencias posteriores, caso en el cual, el laudo se dictará, una vez concluidas éstas, dentro de los quince días siguientes. No pasa inadvertido el hecho de que el referido artículo alude de manera específica, a las formalidades y plazos en que debe desahogarse el procedimiento cuando se ejerza la acción de terminación del nombramiento del trabajador, en tanto que los demás conflictos de competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deben desahogarse conforme al procedimiento previsto en el numeral 127 y restantes del capítulo III del Título Séptimo de la citada ley, en los cuales no se prevé plazo alguno para el dictado del laudo. Sin embargo, ello no conduce a concluir que el plazo de quince días previsto por el artículo 127 bis para el dictado del laudo sólo aplique respecto de los juicios señalados en dicho numeral, ya que todos los preceptos mencionados están contenidos en el mismo capítulo, en el cual no existe disposición que permita concluir que alguno de los conflictos competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debe resolverse en plazos más cortos que los demás, como sucede, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo respecto de los procedimientos especiales y ordinarios. Además, en todos los procedimientos competencia del citado tribunal los actos procesales relativos al ofrecimiento de pruebas, alegatos y dictado del laudo se deben llevar a cabo, preferentemente, en una misma audiencia, lo cual permite concluir que los plazos previstos para la realización de dichos actos procesales debe aplicar para ambos procedimientos, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, e incluso, si se considera que el procedimiento previsto en el artículo 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está orientando a dar una mayor celeridad y concentración, en comparación con el procedimiento regulado en el artículo 127 y restantes de la citada ley, el plazo de quince días para el dictado de laudo sería aplicable supletoriamente, dado que conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el juicio laboral también está orientado por el principio de concentración, pues debe resolverse en el plazo de seis meses. Dichas consideraciones fueron plasmadas por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este circuito, al resolver la queja del trabajo 170/2018, interpuesta en el juicio de amparo 1045/2018 del índice de este juzgado. Y en el caso, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el aquí quejoso, es parte actora en el expediente natural, en cual fue tramitado por el Tribunal responsable, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, y el laudo fue emitido el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, lo que haría presumir la cesación de los efectos del acto reclamado, pero no es así, ya que las partes no han sido notificadas de ello. Actuaciones de las que se desprende que no se ha respetado el plazo que para el procedimiento burocrático establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues si se toma en cuenta que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, se presentó ante el Tribunal responsable, la demanda laboral, y la fecha en que se promovió el escrito de amparo -trece de octubre de dos mil veintitrés-, transcurrieron casi tres años, lapso en que se pudo dictar el laudo correspondiente -lo que ya ocurrió- y notificarlo a las partes. Por lo que es evidente que la autoridad responsable incumple con su obligación prevista en la última parte del artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, adoptar todas las medidas necesarias, para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda laboral, que lo fue el diecisiete de agosto de dos mil veinte, entonces, es claro que con ello, se transgredió el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. En esas condiciones, procede otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificado el Tribunal responsable de que el presente fallo cause ejecutoria: Tome las medidas necesarias para que se notifique a las partes, el laudo emitido en el juicio burocrático 01/381/2020. VIII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Sánchez Mendiola, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de este fallo. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe. Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia constitucional contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia en mención, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes; asimismo, por la elaboración de la propia sentencia. Doy fe.
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