Marco Antonio Sánchez Mendiola

Expediente 303/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
303/2015
Año
2015
Actuaciones
37
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio Sánchez Mendiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III, párrafo segundo y, IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se sobreseyó y negó el amparo, y carece de relevancia documental; y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 303/2015, promovido por Marco Antonio Sánchez Mendiola, por propio derecho; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitida al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado, Marco Antonio Sánchez Mendiola, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. COORDINADOR GENERAL DE ENLACE SECTORIAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SE RECLAMA: LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), DE LISTA QUE CONFORMAN EL PADRÓN DE ASESORES TÉCNICOS HABILITADOS 2015 PARA LOS PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE. EL AVISO DE PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE ASESORES TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2015, SUSCRITO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN." SEGUNDO. Artículos constitucionales violados. El quejoso señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos por los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Tramite. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil quince, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; ordenó se notificara al tercero interesado, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en diversas ocasiones tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República , 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que, el derecho en el que se sustenta el quejoso a efecto de realizar el reclamo correspondiente, tuvo verificativo en el territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso esencialmente reclama: La emisión y publicación en la página electrónica oficial de la Secretaría de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación (SAGARPA), de la lista que conforman el padrón de Asesores Técnicos habilitados dos mil quince para los programas FAPPA y PROMETE; así como el aviso de publicación del padrón mencionado de fecha cinco de febrero del dos mil quince, suscrito por el Coordinador General de Enlace Sectorial de la mencionada Secretaría. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, el Director General Adjunto de lo Contencioso Dependiente de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación en representación del Titular de la citada dependencia, negó los actos de ésta reclamados. Negativa que no fue desvirtuada por el quejoso, además de autos no se desprende la participación de dicha autoridad en la emisión de los actos reclamados. Atento a lo anterior debe sobreseerse el juicio de garantías al tenor del contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, solo por lo que se refiere a la citada autoridad responsable. Por otra parte el Director General Adjunto de lo Contencioso Dependiente de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación en representación del Coordinador General de Enlace Sectorial, de dicha dependencia, sustancialmente negaron la existencia del acto reclamado, tal y como se advierte de su informe con justificación; sin embargo, de la lectura íntegra del citado informe se advierte la existencia de los mismos; en consecuencia, se tiene por desvirtuada la negativa de la referida autoridad y por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo, la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, Tomo XIV, julio de 1994, página 391) Certeza que además, como ya se ha dicho, se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas a la Convocatoria que establece el Procedimiento de Habilitación de Asesores Técnicos de los Programas a Cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrario, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince y el Padrón de Asesores Técnicos de la misma anualidad, mismas que exhibiera el quejoso como anexos al escrito inicial de demanda y el Director General Adjunto de lo Contencioso Dependiente de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en representación del Coordinador General de Enlace Sectorial; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. I.- El veintinueve de noviembre de dos mil trece se emitió la convocatoria en la que se estableció el procedimiento de habilitación de asesores técnicos de los programas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014; II, Mediante acuse electrónico, se confirmó la asistencia del aquí quejoso, a la evaluación vinculada con la convocatoria mencionada, para el siete de enero de dos mil catorce; III. Mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se emitió el aviso de publicación del Padrón de Asesores Técnicos de los Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Apoyo a la Productividad de la Mujer emprendedora para el ejercicio 2014; IV. Como se advertirá en la última parte considerativa, en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de dos mil catorce se publicó el Acuerdo por el cual se dieron a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015; y, V. El cinco de febrero de dos mil quince, se emitió por parte del Coordinador General de Enlace Secretarial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) en el sitio web de la SAGARPA. QUINTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. " Ahora, las partes no invocaron causa de improcedencia del juicio; sin embargo pudiera considerarse que los actos reclamados se constituyen en consumados atento a los antecedentes que han sido relacionados, circunstancia que no se actualiza por las precisiones que a continuación se efectúan: Al respecto, el motivo de improcedencia contemplado en el ordinal 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, estatuye la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, esto es, cuando los actos reclamados han surtido en forma total todos sus efectos, lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Lo anterior, ya que para que la acción de amparo pueda lograr su objetivo se requiere que las infracciones cometidas en perjuicio de la parte quejosa sean reparables, es decir, debe existir posibilidad de que se restituya a la quejosa en el goce y disfrute de su derecho violado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en atención a su naturaleza y efectos, los actos consumados se pueden clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los consumados de modo reparable son aquéllos que no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtener una sentencia de amparo favorable, lo que hace que proceda el juicio de amparo. En tanto, los consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Sustenta lo antes considerado, la tesis siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". En ese sentido, como ya se ha precisado en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, se destacan los siguientes aspectos: I. En el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de dos mil catorce se publicó el Acuerdo por el cual se dieron a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015. II. El cinco de febrero de dos mil quince, se emitió por parte del Coordinador General de Enlace Secretarial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) en el sitio web de la SAGARPA. II. Aunado a lo anterior, se instruyó el procedimiento respectivo a efecto de obtener el Padrón de Asesores 2016 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), la cual fue publicada el veintiséis de mayo del año en curso en la página electrónica http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2016/pequenos_productores/FAPPA/Paginas/Avisos.aspx, consultada el día de la fecha. Antecedentes de cuya lectura e pudiera estimar que que se han consumado irreparablemente los actos reclamados; empero, ello no acontece, en virtud de que las convocatorias derivadas para los años dos mil quince y dos mil dieciséis, toman como sustento para generar el Padrón correspondiente a dichas anualidades, el existente en la anualidad que preceda (es decir para el año dos mil dieciséis se tomó como punto de partida el Padrón de Asesores Técnicos actualizado en el último mes del año dos mil quince; de la misma manera para generar el correspondiente a la última anualidad citada, se tomó como punto de partida el correspondiente al último mes del año dos mil catorce), de tal manera que los actos no se han consumado. Lo anterior, pues el aquí quejoso, en la hipótesis de haber sido reconocido como Asesor Técnico en el Padrón de Asesores 2015 (como lo pretende) de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), pudiera, atento al cumplimiento de diversos requisitos, ser reconocido como tal para la anualidad de dos mil dieciséis. De ahí que la citada causal de improcedencia no se actualice, y sin causales que las partes hicieron valer o bien, que se aprecien de oficio, lo que procede es estudiar el fondo del presente asunto. SEXTO. Conceptos de violación. El quejoso propone que el acto reclamado es inconstitucional, sustancialmente bajo los siguientes conceptos: Que el acto reclamado vulnera el artículo 5 Constitucional, en virtud de que, derivado del hecho de que su nombre no aparezca en el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), queda impedido para laborar como Asesor Técnico en los citados programas y por la referida anualidad. El Coordinador General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) sin mediar juicio ante un tribunal le priva del derecho para continuar dentro del Padrón de Asesores Técnicos dos mil quince y por consiguiente conservar su Clave Única de Habilitación (CUHA) para acceder a la página oficial de la SAGARPA e ingresar proyectos, lo que viola en su perjuicio el contenido del artículo 14 constitucional. El acto reclamado vulnera el artículo 16 Constitucional por la falta de fundamentación y motivación para estatuir los requisitos que deben cumplir las personas para pertenecer al Padrón de Asesores Técnicos Habilitados durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Conceptos de violación que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren, sin que sea necesario transcribirlos en su integridad, pues no existe disposición expresa en la ley de Amparo que así lo establezca lo que además es acorde con la jurisprudencia de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SÉPTIMO. Naturaleza y estudio de las garantías cuya transgresión aduce la parte quejosa. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados en una parte e inoperantes en otra, atento a las consideraciones que se proceden a exponer: Ahora, como se ha precisado, en el caso concreto, el gobernado tilda de inconstitucionales, los siguientes actos: La emisión y publicación en la página electrónica oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación (SAGARPA), de la lista que conforma el padrón de Asesores Técnicos habilitados dos mil quince para los programas FAPPA y PROMETE; así como el aviso de publicación del padrón mencionado de fecha cinco de febrero del dos mil quince, suscrito por el Coordinador General de Enlace Sectorial de la mencionada Secretaría. Ahora, respecto del citado acto reclamado, debe precisarse que en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de dos mil catorce se publicó el Acuerdo por el cual se dieron a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015, de cuya lectura se destacan los aspectos siguientes: El objetivo del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), es contribuir a impulsar la productividad de los hombres y mujeres con 18 años o más, que habitan en los Núcleos Agrarios (ejidos y comunidades) del país mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión en Proyectos Productivos. Por otra parte, en relación al Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), se establece que su objetivo es Contribuir a impulsar la productividad de las mujeres emprendedoras con 18 años o más, que habitan en los Núcleos Agrarios (ejidos y comunidades) del país mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión en Proyectos Productivos. Atento a lo anterior, se aprecia que, respecto de los programas citados, se contará con el apoyo de los denominados "Asesores Técnicos", cuya orientación, será necesaria a efecto de lograr la culminación adecuada de éstos. En esa tesitura, el cinco de febrero de dos mil quince, se emitió por parte del Coordinador General de Enlace Secretarial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) en el sitio web de la SAGARPA. Éste se integró por el Padrón de asesores técnicos 2014, publicado en diciembre del 2014, en el sitio web de la SAGARPA, y cuyos asesores técnicos que lo conformaron cumplieron con los siguientes requisitos. Que hayan registrado solicitudes (de proyectos) durante el año 2014. Que no tengan pendientes de comprobación de recursos de los ejercicios fiscales 2008-2014. Que no se encuentren sancionados; y, Que no cuenten con un mal desempeño en el diseño de proyectos o en la Asesoría Técnica otorgada a los grupos de trabajo a su cargo de conformidad al Sistema de Seguimiento del Desempeño de Asesores Técnicos 2008-2014. En esa tesitura, son infundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, pues acorde a lo expuesto por la autoridad responsable a efecto de que el aquí quejoso estuviera en posibilidades de ser adicionado en el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), además de encontrarse incluido en el Padrón de asesores técnicos 2014, publicado en diciembre del 2014, en la página electrónica de la SAGARPA, debió de cumplir con los aspectos a los que se ha realizado referencia en los apartados a) a d) que anteceden, lo que no quedó demostrado en los presentes autos por parte del gobernado. Lo anterior, pues la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso: Aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata; y, Luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. De ahí que si la autoridad responsable, atento a la naturaleza del acto reclamado, niega el mismo y por consiguiente se encuentra imposibilitada jurídicamente para remitir medio de convicción alguno atento a las manifestaciones que se realicen en el informe con justificación, y por el contrario, como sucede en el caso concreto, el quejoso afirma que se le debió de reconocer un derecho, entonces se releva de la carga de la prueba a la responsable y se revierte al quejoso a efecto de que éste demuestre haber cumplido con los requisitos que fueron exigidos para otorgarle el derecho cuya titularidad dice ostentar. En ese orden de ideas, en el caso concreto: Se advierte que la autoridad responsable, precisó que el gobernado no registró solicitudes de proyectos durante el año dos mil catorce; Aspecto ante el cual, la autoridad quedó relevada de la carga de la prueba, atento a las consideraciones efectuadas; Por lo cual, el quejoso tuvo la obligación de acreditar que, contrariamente a lo aducido por la autoridad responsable, si cumplió con los requisitos que al efecto se establecieron con el propósito de adquirir un derecho. Además, si bien es cierto el artículo 75 de la Ley de Amparo, confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el derecho que dice ostentar el promovente del amparo pues como se ha establecido dicha carga probatoria corresponde al quejoso. No es óbice que el gobernado precise que con motivo de la convocatoria emitida el veintinueve de noviembre de dos mil trece, en la que se estableció el procedimiento de habilitación de asesores técnicos de los programas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, haya participado en dicho procedimiento y que con ese motivo, mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se publicara el Padrón de Asesores Técnicos de los Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Apoyo a la Productividad de la Mujer emprendedora para el ejercicio de 2014, en el cual él fue designado como uno de los citados asesores. Lo anterior, pues el procedimiento en el que participó tuvo por objeto generar un Padrón de Asesores Técnicos de los Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Apoyo a la Productividad de la Mujer emprendedora, solamente para el año 2014, y si bien es cierto, dicha circunstancia es uno de los requisitos necesarios para conformar el citado padrón para el año dos mil quince, también lo es que no es el único, pues como se ha precisado se requirió el cumplimiento de aspectos diversos. Aunado a lo anterior, si bien es cierto el gobernado manifiesta que con motivo de la citada convocatoria (correspondiente al año dos mil catorce), existió una habilitación definitiva, también lo es, que de la lectura integral y armónica de la misma, se verifica que dicha habilitación únicamente operaría para la citada anualidad y no posteriores, pues al respecto se habla de las circunstancias siguientes: Las reglas de operación de los programas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrario que operaron durante el año 2014, establecieron los derechos y obligaciones de las personas físicas que integraron el padrón de Asesores Técnicos para la citada anualidad; Que la definición del Padrón de Asesores Técnicos para el ejercicio 2014, debería contar con una visión general de seguimiento y evaluación continua. Aspectos los anteriores por los cuales se emitió "la convocatoria de Habilitación de Asesores Técnicos, para los programas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrario en el ejercicio fiscal 2014." De lo anterior, se reitera, el referido procedimiento tuvo por objeto regular el padrón de Asesores Técnicos correspondiente al año 2014 y no posteriores, pues si bien es cierto dicho aspecto (tener la citada calidad durante el año 2014) fue uno de los requisitos para constituir el Padrón para el año dos mil quince, no fue el único, como se ha visto. Atento a lo cual, contrariamente a lo sostenido por el gobernado, la responsable no vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 5, 14 y 16 constitucionales. Lo anterior pues el artículo 14 constitucional, consagra la garantía de seguridad jurídica, dentro de la que se encuentran inmersas la garantía de audiencia, la de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate (en el caso concreto un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio). Sin embargo, como se ha visto, la responsable no vulneró garantía alguna del gobernado, sino que fue éste el que no dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos a efecto de poder formar parte del Padrón de Asesores Técnicos de los Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Apoyo a la Productividad de la Mujer emprendedora, para el año dos mil quince. De igual manera la determinación reclamada se encuentra ajustada al contenido del artículo 16 constitucional, precepto legal que prevé la garantía de legalidad, conforme a la cual todo acto de autoridad debe ser emitido por quien tenga competencia legal para ello y, debe estar debidamente fundado y motivado, pues sólo ello garantizará al particular que se vea afectado por el mismo, que la resolución que lo agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De lo anterior se colige que la obligación que tiene la autoridad, es la de sólo emitir los actos para los cuales está facultada, pues si emite un acto para el cual no se encuentra facultada, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido. Atento a lo expuesto, debe precisarse que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, pues al respecto la autoridad administrativa de origen determinó no incluir al aquí quejoso en el Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), al no haber dado cumplimiento a los aspectos vinculados con el registro de proyectos vinculados con el programa durante el año de dos mil catorce, aspecto que implicó su no inclusión en el Padrón de mérito. De ahí que se estime acorde a derecho la actuación de la responsable pues el contenido de la publicación del Padrón de Asesores Técnicos para el dos mil catorce, es acorde con los lineamientos trazados para tal efecto. Finalmente no se le vulnera al gobernado el derecho de acceso al trabajo, a que se refiere el artículo 5o. constitucional, dimensionado en los aspectos de que, no impedir el ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos: a) Sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros o, b) Por resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. En ese sentido, no debe perderse de vista que la publicación del Padrón de Asesores 2015 de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), no vulnera dicha garantía, en virtud de que de ninguna manera se advierte que se restrinja el derecho a realizar cualquier trabajo por parte del aquí quejoso. En efecto, el citado padrón se refiere a ciertas actividades vinculadas con programas desarrollados en relación al apoyo a núcleos agrarios y a la mujer empleadora; empero, ello no implica que el aquí quejoso no pueda realizar actividades diversas de aquellas a las que se refieren los citados programas, de ahí que no se vulnere la garantía en comento. Atento a lo anterior, y al ser infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 1, 75, 76, 77 Y 78, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Sánchez Mendiola, respecto de los actos reclamados a la autoridad que precisada quedó en el resultando primero Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en términos del considerando tercero, primera parte de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marco Antonio Sánchez Mendiola, respecto de los actos reclamados a la autoridad que precisada quedó en el resultando primero Coordinador General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, por los motivos expuestos en la última parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Director General Adjunto de lo Contencioso dependiente de la oficina del abogado general, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en representación del Coordinador General de Enlace Sectorial de esa dependencia, en cumplimiento al requerimiento inserto en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, remite como complemento de su informe justificado, disco compacto que contiene la versión electrónica de los documentos descritos en la promoción de cuenta. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido íntegro del oficio y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante misiva 5179 derivada del proveído de tres de mayo del año en curso, se concedió al Coordinador General de Enlace Sectorial de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la prórroga de diez días legalmente computados, a fin de dar cumplimiento con lo requerido en auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (foja 454); sin que a la fecha obre constancia de notificación de dicha misiva. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de amparo o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas del quince de julio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo

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