Marco Antonio Sánchez Jiménez

Expediente 1153/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1153/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Sánchez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el precepto 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido aquél y con fundamento en el normativo 196, párrafo cuarto, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio de garantías, tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 55 a la 67), se concedió el amparo a Marco Antonio Sánchez Jiménez, para el efecto de que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1.- Dejara jurídicamente insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca número 292-A-1C01/2012 segundo subsecuente de su índice en la que modificó la sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa; y, 2.- Tomando en consideración los lineamientos precisados en la presente resolución y con plenitud de jurisdicción emitiera otra determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en la parte considerativa de la presente resolución, esto es, se pronunciara en relación con el cambio de circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversia del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que sí demostró el aquí quejoso relativo a la enfermedad que padece -Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El veintiuno de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 71 a la 73). En atención a ello, remitió copia certificada de la resolución de tres de diciembre del año en curso, dictada en el toca 292-A-1C01/2012, de su índice (fojas 81 a la 113). En auto de cinco de los actuales, se dio vista a las partes con el contenido de la constancia de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 114), sin que lo hayan hecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. En la resolución constitucional dictada en el presente juicio, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en razón de los siguientes argumentos torales: "No obstante lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, tomando en consideración que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores, siendo que en el caso, el aquí quejoso demostró dentro del juicio de origen que padece Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, lo cual no fue objetado por su contraparte, de lo que se puede advertir, que cambiaron sus circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversias del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, lo cual no fue tomado en consideración al momento de emitirse la resolución correspondiente por la sala del conocimiento. El artículo 16 Constitucional, mismo que en su parte conducente establece: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" De la anterior trascripción se advierte que el numeral 16 Constitucional, alude a la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones, pues ésta es la única forma por la cual, el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación que considera le causa perjuicio y así poder combatirla legalmente; entendiéndose por fundamentación que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación los razonamientos, motivos o circunstancias especiales contenidos en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto, se ajustó exactamente a las prevenciones de determinadas disposiciones legales, debiendo evidenciarse, además, la adecuación entre lo manifestado y las normas aplicables. Sobre la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, se cita la tesis de jurisprudencia número 204 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Al respecto, la sala del conocimiento en atención a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 450/2018 del índice de este juzgado federal, valoró las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, a las cuales les restó valor probatorio dados los argumentos transcritos en párrafos que anteceden; sin embargo, fue omisa en considerar que si bien las pruebas presentadas por éste no son las idóneas para acreditar que generó gastos relativos a la enfermedad que padece, no obstante pasó por alto el hecho de que sí cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversias del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, puesto que en el momento que se le fijó el porcentaje de la pensión uno de junio de dos mil doce (fojas 131 a 136), no tenía los padecimientos médicos que ahora tiene, lo cual es evidente que ello implica un cambio de circunstancia que afectan el ejercicio de la acción, como lo refiere tal numeral, de ahí que resulte inconstitucional el acto reclamado pues existe una falta de motivación en relación con dicho tópico. Toda vez que como como se ha venido mencionando el aquí quejoso, sí demostró que en la actualidad tienen diversos padecimientos médicos, pues al efecto exhibió las recetas que así lo acreditan, las cuales fueron emitidas por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (fojas 289 a 302), además de que no fue controvertida dicha circunstancia, por lo que es inconcuso que éste se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas y, que la sala del conocimiento omitió proveer al respecto. El referido numeral establece lo siguiente: "Artículo. 93.- Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 68/2000, visible al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de dos mil, materia común, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 78, Cuarta Parte, página 14, de rubro y texto, siguientes: ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCION. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada. Así como, la tesis VI.2o.C.489 C, a contrario sentido, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, novena época, página 1674, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia." En ese aspecto, resulta evidente que el acto reclamado se encuentra indebidamente motivado, pues como se sostuvo con antelación, la sala del conocimiento al emitir la resolución correspondiente no tomó en consideración que el aquí quejoso, sí demostró que cambiaron sus circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de alimentos, como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, como lo es la enfermedad que padece Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-, (foja 300 del primer legajo de pruebas), lo cual no fue controvertido por su contraparte en el juicio de origen, lo que resulta violatorio en su perjuicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 16 constitucional.". Ahora, de la copia certificada de la resolución de tres de diciembre del año en curso, dictada en el toca 292-A-1C01/2012, de su índice (fojas 81 a la 113), a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se desprende que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Se dice lo anterior, ya que dejó insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 292-A-1C01/2012, segundo subsecuente, de su índice, en la que modificó la sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa (foja 112 y vuelta). Además, en consideración a los lineamientos precisados en la parte considerativa del fallo constitucional y con plenitud de jurisdicción, se pronunció en relación con el cambio de circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversia del orden familiar (alimentos), que demostró el aquí quejoso relativo a la enfermedad que padece -Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-, en observancia al artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas (fojas 96 a la 108). Finalmente, hecho lo anterior determinó revocar la referida sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012 (fojas 111 y 112 vuelta) y precisó que los puntos resolutivos de la misma debían quedar de la siguiente manera: "...PRIMERO.- Por razones expuestas, en el considerando respectivo, resulta PROCEDENTE el Juicio de CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, (INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA), promovido por MARCO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en contra de LEIDY MARISOL PEREZ VÁZQUEZ Y J. DE J.S.P.; quien el actor incidentista comprobó su acción, mientras tanto la demandada incidental contesto la demanda en consecuencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en este fallo se reduce la pensión alimenticia del 50% cincuenta por ciento decretado mediante sentencia definitiva de 01 uno de junio de 2012 dos mil doce, al 30% treinta por ciento a favor de sus dos acreedores alimentarios LEIDY MARISOL PEREZ VÁZQUEZ Y J. DE J.S.P., debiéndose girar atento oficio en la fuente de trabajo del deudor alimentario MARCO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. A efecto proceda hacer efectivo el descuento ordenado. TERCERO. No ha lugar a condenar al pago en costas. CUARTO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." En razón de lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO. -Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 55 a la 67), se concedió el amparo a Marco Antonio Sánchez Jiménez, para el efecto de que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1.- Dejara jurídicamente insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca número 292-A-1C01/2012 segundo subsecuente de su índice en la que modificó la sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa; y, 2.- Tomando en consideración los lineamientos precisados en la presente resolución y con plenitud de jurisdicción emitiera otra determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en la parte considerativa de la presente resolución, esto es, se pronunciara en relación con el cambio de circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversia del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que sí demostró el aquí quejoso relativo a la enfermedad que padece -Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El veintiuno de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 71 a la 73). En atención a ello, remitió copia certificada de la resolución de tres de diciembre del año en curso, dictada en el toca 292-A-1C01/2012, de su índice (fojas 81 a la 113). En auto de cinco de los actuales, se dio vista a las partes con el contenido de la constancia de referencia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 114), sin que lo hayan hecho. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. En la resolución constitucional dictada en el presente juicio, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en razón de los siguientes argumentos torales: "No obstante lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, tomando en consideración que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores, siendo que en el caso, el aquí quejoso demostró dentro del juicio de origen que padece Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, lo cual no fue objetado por su contraparte, de lo que se puede advertir, que cambiaron sus circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversias del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, lo cual no fue tomado en consideración al momento de emitirse la resolución correspondiente por la sala del conocimiento. El artículo 16 Constitucional, mismo que en su parte conducente establece: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" De la anterior trascripción se advierte que el numeral 16 Constitucional, alude a la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones, pues ésta es la única forma por la cual, el gobernado se encuentra en posibilidad de conocer las causas que originan la determinación que considera le causa perjuicio y así poder combatirla legalmente; entendiéndose por fundamentación que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación los razonamientos, motivos o circunstancias especiales contenidos en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto, se ajustó exactamente a las prevenciones de determinadas disposiciones legales, debiendo evidenciarse, además, la adecuación entre lo manifestado y las normas aplicables. Sobre la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, se cita la tesis de jurisprudencia número 204 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Al respecto, la sala del conocimiento en atención a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 450/2018 del índice de este juzgado federal, valoró las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, a las cuales les restó valor probatorio dados los argumentos transcritos en párrafos que anteceden; sin embargo, fue omisa en considerar que si bien las pruebas presentadas por éste no son las idóneas para acreditar que generó gastos relativos a la enfermedad que padece, no obstante pasó por alto el hecho de que sí cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversias del orden familiar (alimentos), como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, puesto que en el momento que se le fijó el porcentaje de la pensión uno de junio de dos mil doce (fojas 131 a 136), no tenía los padecimientos médicos que ahora tiene, lo cual es evidente que ello implica un cambio de circunstancia que afectan el ejercicio de la acción, como lo refiere tal numeral, de ahí que resulte inconstitucional el acto reclamado pues existe una falta de motivación en relación con dicho tópico. Toda vez que como como se ha venido mencionando el aquí quejoso, sí demostró que en la actualidad tienen diversos padecimientos médicos, pues al efecto exhibió las recetas que así lo acreditan, las cuales fueron emitidas por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (fojas 289 a 302), además de que no fue controvertida dicha circunstancia, por lo que es inconcuso que éste se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas y, que la sala del conocimiento omitió proveer al respecto. El referido numeral establece lo siguiente: "Artículo. 93.- Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 68/2000, visible al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de dos mil, materia común, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 78, Cuarta Parte, página 14, de rubro y texto, siguientes: ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCION. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada. Así como, la tesis VI.2o.C.489 C, a contrario sentido, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, novena época, página 1674, de rubro y texto, siguientes: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA SUMINISTRARLOS NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA. La capacidad del deudor de alimentos para proporcionarlos, como elemento de esta acción, no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; por tanto, si se trata de una persona capaz de emplearse en alguna actividad, aun cuando con motivo de ella no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados para hacer frente a sus obligaciones en esta materia, debe cubrir las necesidades de sus acreedores, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de que a fin de evadir su responsabilidad se declarara insolvente, o bien, ocultara sus ingresos. De esta manera, si la prueba de la capacidad de que se trata se obtiene del hecho de que el deudor es propietario o copropietario de determinado bien mueble o inmueble, poco importa si el mismo lo tiene o no en posesión o, incluso, si éste le reporta alguna renta, ya que lo que se obtiene de tal circunstancia es que se trata de una persona con aptitudes, talento y cualidades para ocuparse en algo y, que con motivo de ello puede generar recursos económicos, lo que, en todo caso, le permite dar sustento a su familia." En ese aspecto, resulta evidente que el acto reclamado se encuentra indebidamente motivado, pues como se sostuvo con antelación, la sala del conocimiento al emitir la resolución correspondiente no tomó en consideración que el aquí quejoso, sí demostró que cambiaron sus circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de alimentos, como lo refiere el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, como lo es la enfermedad que padece Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-, (foja 300 del primer legajo de pruebas), lo cual no fue controvertido por su contraparte en el juicio de origen, lo que resulta violatorio en su perjuicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 16 constitucional.". Ahora, de la copia certificada de la resolución de tres de diciembre del año en curso, dictada en el toca 292-A-1C01/2012, de su índice (fojas 81 a la 113), a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se desprende que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Se dice lo anterior, ya que dejó insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca 292-A-1C01/2012, segundo subsecuente, de su índice, en la que modificó la sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa (foja 112 y vuelta). Además, en consideración a los lineamientos precisados en la parte considerativa del fallo constitucional y con plenitud de jurisdicción, se pronunció en relación con el cambio de circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo del juicio de controversia del orden familiar (alimentos), que demostró el aquí quejoso relativo a la enfermedad que padece -Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus-, en observancia al artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas (fojas 96 a la 108). Finalmente, hecho lo anterior determinó revocar la referida sentencia interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos) 60/2012 (fojas 111 y 112 vuelta) y precisó que los puntos resolutivos de la misma debían quedar de la siguiente manera: "...PRIMERO.- Por razones expuestas, en el considerando respectivo, resulta PROCEDENTE el Juicio de CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, (INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA), promovido por MARCO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en contra de LEIDY MARISOL PEREZ VÁZQUEZ Y J. DE J.S.P.; quien el actor incidentista comprobó su acción, mientras tanto la demandada incidental contesto la demanda en consecuencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en este fallo se reduce la pensión alimenticia del 50% cincuenta por ciento decretado mediante sentencia definitiva de 01 uno de junio de 2012 dos mil doce, al 30% treinta por ciento a favor de sus dos acreedores alimentarios LEIDY MARISOL PEREZ VÁZQUEZ Y J. DE J.S.P., debiéndose girar atento oficio en la fuente de trabajo del deudor alimentario MARCO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. A efecto proceda hacer efectivo el descuento ordenado. TERCERO. No ha lugar a condenar al pago en costas. CUARTO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." En razón de lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de tres del mes y año en curso, dictada en el toca ***, del índice de la responsable; en atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con copia de las constancias remitidas por la responsable, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria; apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado resolverá con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable

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