Marco Antonio Sánchez Cruz

Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
412/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Sánchez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Sentencia causa ejecutoria. Se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria la aludida resolución. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar esta pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la arte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  2. Principal

    veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Audiencia Constitucional. León, Guanajuato, a las diez horas con dos minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 412/2020-II, promovido por********************, defensor particular y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del directo quejoso ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, se procede a celebrarla ante la presencia de la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del Juzgado quien autoriza y da fe. La Juez declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, entre las que destacan por su importancia el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el cual obra agregado a fojas 133-137 de autos y proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el cual se difirió la audiencia constitucional para esta fecha. A lo que la Juez acuerda, téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida la Juez declara abierto el periodo probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con la totalidad de las documentales aportadas por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, al momento de rendir sus informes relativos a la suspensión de plano, al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano y justificado, así como con las constancias que le fueron requeridas oficiosamente por este Juzgado Federal, mismas que obran en autos. De igual forma, la Secretaria certifica: Que las restantes partes no ofrecieron medios de convicción. La Juez determina: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las documentales de referencia dada su propia y especial naturaleza, tómense en consideración al momento de resolver el presente asunto. Con lo anterior se cierra dicha etapa. Posteriormente se pasa al periodo de alegatos, en el que la Secretaria da cuenta con los formulados por el quejoso (f. 195 y 222). Asimismo, la Secretaria certifica: Que las restantes partes no hicieron uso de ese derecho. De igual forma, certifica: Que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no formuló el pedimento que a su representación social compete. Por lo que se tiene por precluido el derecho de dichas partes a formularlos. La Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas las manifestaciones a manera de alegatos de la parte quejosa, tómense en consideración al momento de resolver el presente asunto. Al no haber más argumentos que tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 412/2020-II promovido por********************, defensor particular y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del directo quejoso ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando: Primero. Admisión, trámite e integración. Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que más adelante se mencionaran (f. 11-22), órgano jurisdiccional que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo (f. 1-10), correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por razón territorio, quien por auto de veinticinco siguiente la admitió a trámite, ordenando su registro bajo el número 412/2020-II; y, con motivo de lo anterior, en el mencionado auto se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se le reiteró la suspensión de plano concedida por el homólogo Federal declinante, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (f. 23-29). La audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Segundo. Excepción a la suspensión de plazos y términos. No pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que mediante circulares CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno y SECNO/4/2021 de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero, así como del doce al dieciocho, y del diecinueve al veinticinco, todos de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Sin embargo, se estima que el presente asunto se encuentra en los casos de excepción de la aludida suspensión de plazos y términos, ya que el impetrante reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, la omisión de brindarle atención médica, así como el no realizar su traslado de manera urgente a un hospital privado para tal fin, ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presentaba y que son ******************** y ********************, lo que faculta a la suscrita juzgadora a emitir la presente resolución. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que las consecuencias del acto reclamado tienen ejecución en el municipio de León, Guanajuato, sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgado federal. Ello es así, debido a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, que se localiza dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que el directo quejoso reclama de la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo: "La omisión de brindarle atención médica, así como el no realizar su traslado de manera urgente a un hospital privado para tal fin, ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presenta y que son ******************** y ********************." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto reclamado (f. 133-137). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a que de acuerdo a lo establecido por los artículos 13, fracciones I a IV y XIV, 16, fracción IV, 49 y 50, todos del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, dentro de las obligaciones del Director General, está la de velar por la salud física y mental de los internos, ya sea por parte de los servicios médicos del propio centro carcelario, o bien externos del sector salud, en caso de ser necesario; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. Cuarto. Estudio de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Precisado lo anterior, podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie; y, c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. En el caso a estudio, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto consistente en la omisión de brindar atención médica al quejoso, así como el no realizar su traslado de manera urgente a un hospital privado para su atención médica, ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presentaba el directo amparista y que son ******************** y ********************, los cuales atribuyó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo. Ahora bien, sobre los tópicos en análisis la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, como apoyo a su informe con justificación, a sus informes relativos a la suspensión de plano y al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, así como a los oficios con los cuales cumplió los requerimientos efectuados por este Juzgado Federal de manera oficiosa, remitió copias certificadas de las constancias siguientes: Memorándum ********************de veinticinco de agosto de dos mil veinte, del que se advierte que la autoridad señalada como responsable instruyó al director Técnico en su carácter de Superior Jerárquico del responsable de la Coordinación de Servicios Médicos del Centro Federal en el que se encuentra recluido el quejoso, a efecto de que de manera inmediata le proporcionara la atención médica relacionada con los padecimientos que refirió en la demanda que nos ocupa, debiendo trasladarlo al área de hospital de esa institución o al consultorio médico del dormitorio respectivo, según fuera el caso (f. 42-45 y 70); Nota médica de veintiséis de agosto de dos mil veinte -relacionada con la receta folio ********************- (f. 70 reverso y 139); Kárdex de medicamentos relativas a la receta médica M-05-20-******************** (f. 70-71, 140 y 165); Impresión de la cédula del paciente aquí quejoso de nueve de septiembre de dos mil veinte, relativa al servicio de consulta externa expedida por la Secretaría de Salud (f. 85-86); Nota médica de seis de septiembre de dos mil veinte -atinente a la receta folio ********************- (f. 104); Kárdex de medicamentos relativa a la receta médica M-05-20-******************** (f. 110); Memorándum ******************** de nueve de septiembre de dos mil veinte, del que se advierte que en esa data se recibieron los resultados del positivo a ********************, determinando aislar al quejoso de los otros pacientes para mantenerlo en observación, ordenando continuar con el mismo tratamiento que ya le había sido prescrito el seis anterior (f. 106); Impresión de la cédula del paciente aquí quejoso de ocho de septiembre de dos mil veinte relativa al servicio de consulta externa expedida por la Secretaría de Salud y de la cual se constata el resultado positivo descrito en el párrafo que antecede (f. 108-109); Kárdex de medicamentos relativa a la receta médica ********************, relacionado con los padecimientos preexistes del quejoso -********************- (f. 141), Constancias relativas al suministro del medicamento denominado insulina, relacionadas con el padecimiento preexiste del quejoso, tarjeta informativa de uno de agosto de dos mil veinte (f. 185-187); Tarjeta informativa de uno de agosto de dos mil veinte, atinente a la toma de tensión arterial y destroxtis del quejoso, ordenada como parte del tratamiento prescrito en la nota médica de veintiséis de agosto de dos mil veinte (f.188); y, Memorándum ******************** de diez de noviembre de dos mil veinte y kárdex de medicamentos que acreditan la entrega al quejoso de los de fármacos que le fueron enviados por su familia y que fueron autorizados para su ingreso, previo procedimiento de revisión (f. 104-110). Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de la certificación de documentos que obran en los archivos del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo; y de las cuales se advierte, en lo que aquí interesa, que el veinticinco, veintiséis de agosto, seis, ocho y nueve de septiembre de dos mil veinte, se ordenó al servicio médico del centro federal en el que se encuentra recluido el directo quejoso ********************, que éste fuera atendido de manera inmediata ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presentaba (******************** y ********************); que en atención a ello el servicio médico de dicho centro carcelario le brindó al amparista la atención médica requerida; y, que una vez que se confirmó el positivo de padecer ********************, se aisló al solicitante de la tutela jurisdiccional de los otros pacientes manteniéndolo en observación, continuando con el mismo tratamiento que ya le había sido prescrito desde el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la forma y términos prescritos por el médico tratante, así como con los diversos atinentes a sus padecimientos preexistentes; tal y como se advierte de las documentales antes reseñadas. Por tanto, en atención a que el solicitante de la protección constitucional señaló como acto reclamado la omisión de brindarle atención médica ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presentaba (******************** y ********************), así como el no realizar su traslado de manera urgente a un hospital privado para tal fin; y, atendiendo a que de lo expuesto en el acápite precedente quedó demostrado que con posterioridad a la presentación del libelo de amparo se le proporcionó al directo impetrante el servicio médico correspondiente para atender los padecimientos que lo aquejaban al momento de presentar la demanda -******************** y ********************- (derivados del positivo al virus ********************), así como los atinentes para atender sus padecimientos crónicos -********************-, constando en autos las tarjetas de suministro de los medicamentos que le fueron prescritos por el médico tratante y en las cuales obra la firma del quejoso por su recepción; entonces, deviene innegable que en el caso particular los efectos de dichos actos han cesado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional; es decir, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica del impetrante. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de las autoridades responsables de proporcionar los servicios médicos a la parte quejosa ante la sospecha fundada de padecer ********************, dados los síntomas que presentaba (******************** y ********************), y al haberse proporcionado dicha atención se pone de manifiesto la cesación de los efectos del acto reclamado. Abona a lo anterior, el hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso desde el dos de octubre de dos mil veinte ya no se encuentra en aislamiento, pues fue notificado personalmente de los proveídos de veintidós de septiembre y uno de octubre de dos mil veinte, tal y como se corrobora con la diligencia de notificación que obra a foja 128 de autos y con la diversa de ocho de septiembre del mencionado año, pues en esa data el actuario de la adscripción se encontró imposibilitado para notificarle al quejoso el proveído de tres anterior, debido a que en esa fecha el impetrante sí se encontraba en aislamiento al haber sido diagnosticado con el ******************** (f. 65). Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve que en la demanda de amparo la parte quejosa también señaló como acto reclamado el no ser trasladado de manera urgente a un hospital particular para ser atendido del virus ********************, dados los síntomas que presentaba (******************** y ********************); lo dicho, porque a lo largo de la presente determinación ha quedado demostrado que el Centro Penitenciario brindó la atención médica que requería el quejoso para contrarrestar los padecimientos que lo aquejaban, aislándolo de los otros pacientes para mantenerlo en observación, ordenando continuar con el tratamiento que ya le había sido prescrito el seis de septiembre de dos mil veinte y otorgándole los medicamentos que le fueron recetados por el médico galeno, sin que dicho experto considerara necesario trasladar al directo amparista a un nosocomio privado para tal fin, pues tuvo la capacidad hospitalaria y los medicamentos necesarios para tratar tanto los padecimientos recientes del quejoso -******************** y ********************- (derivados del positivo al virus ********************) y por los cuales se promovió la demanda que dio origen al presente juicio, como los crónicos que lo atañen -********************-. Así las cosas, es innegable que respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional por el impetrante se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Se asevera lo anterior, porque a través del juicio constitucional de ninguna manera puede valorarse si el tratamiento o diagnóstico efectuado por un médico general es o no el correcto o idóneo, ya que lo que a esta instancia corresponde se constriñe en verificar si la actuación de la autoridad responsable se ajustó a los estándares constitucionales e internacionales en materia de acceso a la salud de personas privadas de la libertad; de suerte, que todos aquellos aspectos relacionados con la prestación del servicio médico, deben ser dirimidos ante dependencias distintas a los órganos de control constitucional, como la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico). En efecto, no debe perderse de vista que los médicos gozan de autonomía en la decisión de tratamiento a aplicar a un paciente para combatir la o las enfermedades que padecen y que fueron previamente diagnosticadas; teniendo como única limitante la voluntad del paciente, quien una vez informado de su padecimiento y tratamiento, tiene la facultad de decidir si se somete al mismo o no lo hace; aspecto que ha sido ampliamente regulado en el Código Internacional de Ética Médica, y Manual de Ética Médica. Asimismo, debe tenerse presente que el médico de atención primaria o médico general es la persona a quien corresponde el chequeo inicial de un paciente; quien goza de plenas facultades para establecer el diagnóstico y tratamiento aplicable, con base en la auscultación, cuestionario al paciente, y resultados de los estudios practicados. Y sólo en los casos que dicho galeno general lo considere necesario (debido al reconocimiento de sus propias limitaciones en sus conocimientos científicos del área específica), puede remitirlo a cualquier profesional en diversas especialidades médicas. Aspectos que han sido determinados en el "Perfil por Competencias del Médico General Mexicano 2008". Lo anterior, explica que a través del juicio constitucional no es posible establecer si la actuación del médico general penitenciario fue la médica y éticamente correcta, es decir, no es ésta la instancia a quien corresponde determinar si el diagnóstico fue acertado o si el tratamiento prescrito fue el idóneo para contra-restar la enfermedad; ya que ello compete a instancias del ámbito médico-administrativo, a través de cuerpos colegiados de especialistas en las diferentes áreas de la medicina, así como en la ciencia de la ética médica, pueden establecer si existió indebido ejercicio de la medicina, o si el padecimiento del paciente necesariamente debía ser tratado por un médico especialista, por estar fuera de la competencia del médico general. Circunstancias que en modo alguno quien ahora resuelve puede dirimir. Ello es así, porque al juicio de amparo corresponde únicamente verificar si la autoridad penitenciaria responsable contribuyó al goce del derecho fundamental a la salud de una persona interna en un centro federal, permitiendo el acceso a los servicios médicos a través de la consulta por galeno penitenciario primario, y a las medicinas prescritas para combatir la enfermedad diagnosticada. Lo que en la especie, este tribunal consideró satisfecho, porque la responsable comprobó con pruebas idóneas, haber proporcionado atención médica y medicinas al interno quejoso, tan es así que ello provocó la cesación de los efectos de los actos reclamados. Así pues, pretender influir a través del juicio constitucional en el diagnóstico y tratamiento del quejoso, conllevaría violentar el libre ejercicio de la profesión médica, la que goza de autonomía legal y ética en la decisión y determinación de tales aspectos (diagnóstico y tratamiento); invadiendo de esta manera atribuciones legales y competenciales por razón de especialidad, y provocando la violación a un diverso derecho fundamental en agravio del médico penitenciario, relativo al derecho al trabajo en su vertiente de libertad prescriptiva. Acude en apoyo la tesis aislada 1a. XXII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 637, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2002564, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LIBERTAD PRESCRIPTIVA DEL MÉDICO. PARTE INTEGRADORA DEL DERECHO AL TRABAJO DE LOS MÉDICOS. La libertad prescriptiva de los médicos y del personal sanitario es entendida como un principio científico y ético que tiene la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud discrecionalidad en su actuar. Por tanto, la libertad prescriptiva del médico forma parte del derecho al trabajo establecido en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la libertad prescriptiva debe ejercerse en aras de obtener el beneficio del paciente y bajo ninguna circunstancia debe equipararse con la arbitrariedad, pues el actuar del personal médico debe fundamentarse en el estado actual de la ciencia médica y encaminarse en todo momento al beneficio del paciente, tomando en consideración las circunstancias de cada caso concreto." Finalmente, no pasan inadvertidos los alegatos expresados por el directo quejoso en las constancias de notificación de cuatro y veinticinco de noviembre de dos mil veinte (f. 195 y 222); sin embargo, no se realizará su análisis, ya que éstos no forman parte de la litis en el juicio de amparo. A ese respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de epígrafe: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". En razón de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 412/2020-II, promovido por********************, defensor particular y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del directo quejoso ********************, contra los actos y la autoridad indicados en el considerando segundo de esta determinación y por las razones asentadas en los considerandos tercero y cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, ante la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria de la sección de amparo que autoriza y da fe. Cifm. Carla Adriana Gallardo Rojas,

  3. Principal

    León, Guanajuato, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Se difiere la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se desprende que se encuentran señaladas las nueve horas con dos minutos de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que mediante circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo del veintiuno de diciembre actual y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy, y se fija como nueva fecha para su desahogo las diez horas con dos minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Chávez Navarrete, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3127/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa asistido de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión plano causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se resolvió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión plano, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano