Marco Antonio Sánchez Acosta
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marco Antonio Sánchez Acosta
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintidós. Acepta competencia declinada. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, residencia en Ciudad Obregón, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Sánchez Acosta, en contra de los actos reclamados al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil en Hermosillo, Sonora y otras autoridades, la cual se observa quedó registrada con el número estadístico 1331/2022, de su índice. En esa virtud, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por Marco Antonio Sánchez Acosta, mediante el cual viene dando cumplimiento al requerimiento hecho mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, y en atención a su contenido, se provee: 2. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda presentada por Marco Antonio Sánchez Acosta, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil en Hermosillo, Sonora y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal en razón de territorio para conocer de ésta. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En el caso que nos ocupa, se configura la segunda porción normativa analizada, toda vez que Marco Antonio Sánchez Acosta reclama lo siguiente: De los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, Juzgado Primero y Segundo Oral de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora, la falta de notificación en términos del artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a fines de que se le concediera el derecho a ofrecer contra garantía y levantar el orden de aseguramiento sobre sus cuentas bancarias y la orden de aseguramiento preventivo, inmovilización o bloqueo de su la cuenta bancaria, la cual se encuentra bajo el número de contrato 60536619694, CLABE 014767605366196942 con la institución Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, y De los actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, Juzgado Primero y Segundo Oral de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora y a la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, la ejecución de la orden citada en párrafo anterior, a fin de inmovilizar, congelar, asegurar o bloquear su cuenta bancaria. Luego, con motivo de la aplicación del referido artículo, de los anexos presentados por el quejoso en su demanda de amparo, se aprecia que la cuenta bancaria con número de contrato 60536619694, CLABE 014767605366196942, con la institución Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, fue registrada en Ciudad Obregón, Sonora. En esa tesitura, este juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio de la cuenta bancaria del quejoso sobre la que recaerá la orden de bloqueo, embargo o inmovilización determina el lugar de ejecución del acto reclamado y donde se produce sus consecuencias, por ser éste el lugar en el que se concretarían los efectos sobre la cuenta bancaria y, en consecuencia, los efectos de la orden se materializan en ese lugar. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 74/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." (Subrayado es propio) Asimismo, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACION, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." (Énfasis es propio) Robustece lo determinado, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 182, del Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal que sigue: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." En esas condiciones, con fundamento en los numerales 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo cuarto, fracción V, párrafo segundo, del acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de derechos y declina competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora en turno, con sede en Ciudad Obregón, a quien deberá remitirse el expediente en que se actúa vía acelerada, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado ordinal 48 de la referida legislación, si acepta o no la competencia planteada. 12. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 13. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 14. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Visto el escrito de demanda y anexo electrónico con el que se da cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Prevención de demanda. Por otro lado, del análisis integral del escrito de demanda se advierten diversas irregularidades, por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, conforme a lo dispuesto en la fracción I, artículo 108, en relación con la diversa fracción I, del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise si acude ante esta instancia constitucional por su propio derecho y/o en representación de la moral Es Blue Propane, sociedad anónima de capital variable, toda vez que realiza manifestaciones en calidad de persona física, sin embargo, de la narrativa de la demanda que se atiende, así como de los anexos adjuntos, se observa el instrumento notarial siete mil quinientos noventa y uno, volumen noventa y siete, emitido por la Notaría Pública diecinueve, con ejercicio y residencia en Navojoa, Sonora, en la cual, el aquí quejoso participó en la constitución de la citada moral. 3. Apercibimiento. Además, deberá presentar copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Apercibido que de no hacerlo en el plazo otorgado, con fundamento en el párrafo segundo, del numeral 114 de la Ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "Jorgell09", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Ahora bien, no se soslaya que la parte quejosa señaló domicilio, para efecto de recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaría de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda la parte quejosa, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Además, como lo solicita, se tienen por autorizadas a las personas que señala en último término en la demanda que se atiende, únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con la normativa de mérito. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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