Marco Antonio Saavedra Reyes
Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Saavedra Reyes
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por ****************, quien se ostenta apoderada legal del quejoso ****************, calidad que pretende acreditar con la copia certificada de la escritura pública número 54,209 (cincuenta y cuatro mil doscientos nueve), pasada ante la fe del Notario público número 19, con ejercicio en esta ciudad; sin embargo, debe decirse que dicha documental no resulta ser la idónea para representar al quejoso en esta instancia constitucional, dado que de la lectura de la misma, se advierte que se trata de un poder limitado, pues fue otorgado única y exclusivamente para la gestión del bien inmueble ubicado en calle *******************, de esta ciudad, más no para representar al quejoso en cualquier acto jurídico. Máxime si se toma en consideración que de la demanda de amparo no se advierte que el acto reclamado tenga relación con el inmueble por el cual se le otorgó la representación; motivo por el que, no se le tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta. En relatadas condiciones, se deja a su disposición la escritura pública que anexa, previo desglose y certificación que en su lugar se deje. Hágasele de su conocimiento que, para la entrega de dicho documento deberá generar una cita a través del sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, a efecto de poder ingresar al edificio en el que se encuentra este juzgado federal, ello de conformidad con el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al quejoso en proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase al quejoso que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presenta **********, contra actos del Juez Primero de Partido de Primera Instancia de Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 107/2018-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "(.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El precepto en cita establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, el quejoso en el apartado relativo a la autoridad responsable señaló: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA A LA SIGUIENTE: JUEZ PRIMERO DE PARTIDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO." Asimismo, dentro del primer concepto de violación, el promovente manifestó: "EL PROCEDIMIENTO EMITIDA POR LA JUEZ PRIMERO CIVIL DE PARTIDO DE SALVATIERRA ES ILEGAL Y VIOLATORIO DE LAS GARANTIAS." Bajo dicha guisa, se estima imprescindible que el quejoso, determine con toda claridad a qué autoridad desea señalar como responsable, si es al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Celaya, Guanajuato, o al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Salvatierra, Guanajuato, ello para llevar a cabo su debido llamamiento a juicio. B) La segunda irregularidad se centra en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en comento que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- El Resolutivo del Recurso de Revocación interpuesto por los ahora quejosos NOTIFICADO PERSONALMENTE AL APARTADO ELECTRONICO EN FECHA DE 29 DEAGOSTO DEL 2017 signado por esta parte en el proceso de origen, misma resolución que violenta la garantía de legalidad perteneciente al grupo de las denominadas de Seguridad Jurídica consignada en los preceptos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención del promovente del amparo, dado que aparentemente reclaman la resolución de un recurso de revocación interpuesto; sin embargo, no precisa en contra de qué interpuso dicho recurso, la fecha de la resolución, y el órgano jurisdiccional que la emitió; además, dentro de su concepto de violación hace referencia a la notificación de la resolución que pretende impugnar. Circunstancias que hacen que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, si es la resolución de un recurso de revocación, o bien, la notificación de ese recurso de revocación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión del acto que reclama, es necesario que el promovente del amparo señale si efectivamente lo que impugna es: La resolución del recurso de revocación que refiere; subsanando los datos omitidos, como lo son: en contra de qué interpuso dicho recurso, la fecha de la resolución, y el órgano jurisdiccional que la emitió. O bien, si lo que reclama es la notificación de ese recurso de revocación. Lo anterior, resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo el acto que se le imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. C) En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que el solicitante del amparo omitió cumplir con el requisito establecido anteriormente, dado que no expresó ningún hecho o antecedente del acto reclamado, puesto que únicamente se limitó a manifestar la protesta de decir verdad. Dichos datos resultan indispensables para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse estos no sería posible determinar la procedencia del mismo. Por tanto, resulta indispensable que el quejoso haga una narración suscita de los antecedentes que motivaron el acto reclamado. Asimismo, el quejoso deberá señalar bajo protesta de decir verdad, si el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, fue la fecha en la que se le notificó o tuvo conocimiento de la resolución reclamada, tal y como lo establece en el apartado relativo de actos reclamados que cita en su demanda de amparo. Lo anterior, tomando en consideración el contenido del artículo 261, fracción I, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." El cual, hace patente la penalización por afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal. De ahí que de acuerdo con el contenido de tal precepto el hoy quejoso se encuentre ceñido a manifestar "bajo protesta de decir verdad" la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de la resolución reclamada atribuido a la responsable, pues resulta relevante para conocer la verdad legal. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas lo procedente, conforme a los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con el 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Defina a qué autoridad es la que desea señalar como responsable, si es al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Celaya, Guanajuato, o es al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Salvatierra, Guanajuato. Aclare, cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, si es el citado en el inciso 1), o en el inciso 2), de la presente determinación. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se le notificó la resolución reclamada o tuvo conocimiento de la misma, así como narrara de manera, clara y precisa los antecedentes del acto reclamado. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase al quejoso manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, téngase al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, en virtud de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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