Marco Antonio Rivera Mejia
Expediente 1115/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Marco Antonio Rivera Mejia
- Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración En el Estado de Nuevo León
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
SSan Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda en línea, sin firma electrónica, promovida por Ricky Velázquez, en representación de Dorian Janeth Pérez Benítez y Marco Antonio Rivera Mejía, contra actos de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León y otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1115/2022-VII-A. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente:(...) La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada", lo cual excluye toda posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es un requisito de procedibilidad en el juicio de amparo, en cuya ausencia no puede iniciarse. En relación con el citado principio, el artículo 6°, de la Ley de Amparo dispone:(...) Asimismo, el diverso numeral 15 establece, en lo que interesa, lo siguiente:(...) De conformidad con los transcritos preceptos, asiste legitimación para instar el juicio de amparo a la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien puede promover la demanda por sí mismo, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En lo que concierne al último supuesto -por conducto de cualquier persona- la Ley de Amparo estatuye que dicha legitimación tendrá lugar cuando se reclamen, entre otros, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, etcétera), siempre que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, es decir, que no pueda hacerlo por sí mismo por una causa ajena a su voluntad, lo que en todo caso debe advertirse de lo narrado en la demanda. En el particular, de la lectura íntegra del escrito inicial se advierte que Ricky Velázquez, solicita el amparo en favor de Dorian Janeth Pérez Benítez y Marco Antonio Rivera Mejía, en contra de los siguientes actos reclamados:(...) Como puede apreciarse, la demanda de amparo no es promovida por los directamente agraviados, sino por un tercero, quien aduce se encuentran privados de su libertad al haber sido detenidos por el personal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, quienes les detuvieron y llevaron a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad o a la Estación Migratoria de Guadalupe, Nuevo León. No obstante lo anterior, de lo narrado en el escrito inicial no se desprende por una parte, que los directamente quejosos se encuentren imposibilitados para promover la demanda por sí mismos, lo cual resulta necesario para que cualquier persona pueda promover en su nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo y este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de realizar su búsqueda a efecto de requerirle que manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida en su favor. En efecto, de lo narrado en los antecedentes de la demanda, lo cual quedó precisado con antelación, se desprende que si bien el promovente refiere que los directamente quejosos se encuentran privados de su libertad al estar alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí o en Guadalupe, Nuevo León, lo cierto es que en ninguna parte de la demanda se advierte que los directamente agraviados se encuentren imposibilitados para acudir directamente al amparo; es decir, para firmar la demanda. Ello, dado que su sola condición de personas alojadas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí o en la de Guadalupe, Nuevo León, no les impide en forma absoluta defender sus derechos ya sea por sí mismos, por conducto de su apoderado o bien, a través de su defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal -lo cual no acontece en el caso-, máxime que la detención de los quejosos en una oficina migratoria, si bien implica una restricción a su libertad, no supone en sí misma un aislamiento total de las demás personas. Asimismo, el hecho de que el promovente aduzca que los citados agraviados se encuentran privados de su libertad al estar alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí o en la de Guadalupe, Nuevo León, ello implica necesariamente que el ocursante ha mantenido comunicación con los promoventes del amparo y siendo así, nada impedía a los directamente afectados promover la demanda. Lo anterior, se robustece además con las manifestaciones formuladas en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, en el que se señaló que los citados agraviados les es permitido de manera esporádica realizar llamadas telefónicas. Es así, porque deviene inverosímil que sin tener aquéllos comunicación con el ahora promovente, éste directamente conozca plenamente la forma en que se efectuó el trámite de detención, es decir, la fecha, el lugar y las oficinas a las que pudieron haber sido trasladados. Máxime que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80, 197 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 804/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Monterrey, Nuevo León, promovido entre otros, por la diversa quejosa Dorian Janeth Pérez Benítez, contra actos de la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, de quienes también se reclamaron actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, mismo que se tiene como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1946 del libro 4, marzo de 2014, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. (...) Lo que corrobora que como se apuntó, la quejosa de mérito, no se encuentra incomunicada como se afirma en el escrito de demanda. Luego, en observancia al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, correspondía exclusivamente a Dorian Janeth Pérez Benítez y Marco Antonio Rivera Mejía, firmar la demanda al no presentar ningún impedimento para ello, habida cuenta que las diversas manifestaciones vertidas por el promovente así lo denotan, empero, contrario a dicho principio, el ocurso fue suscrito por un tercero, quien no justificó su calidad de apoderado o defensor y por ende, de representante legal de los quejosos, único facultado para promover en nombre de aquéllos. De ahí que Ricky Velázquez, carezca de legitimación para solicitar el amparo en nombre de Dorian Janeth Pérez Benítez y Marco Antonio Rivera Mejía. PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d1.9b 06/10/23 10:15:29 En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. En adición a lo anterior, al no estar imposibilitados para firmar su demanda y haber sido remitida sin evidencia criptográfica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, debe entonces tenerse en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, señaló que debe desecharse de plano la demanda cuando carece de firma electrónica del quejoso, consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia PIJ. 8/2019 (10a.) de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Cabe destacar la existencia del criterio jurisprudencial que define, específicamente, la consecuencia de que una demanda de amparo presentada en vía electrónica, carezca de firma electrónica, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, pues es inconcuso que si tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d1.9b 06/10/23 10:15:29 jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Es así, pues el artículo 217 de la Ley de Amparo, regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por ese Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por el Alto Tribunal, que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse que la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una obligación constitucional inexcusable de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar, de forma reforzada, la posibilidad de desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica carece de la firma electrónica, pues al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que esta sea obviada y sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Siendo enfáticos en que tal cuestión también resulta aplicable, sobre la base de que al tener conocimiento de todos y cada uno de los aspectos fácticos del trámite de detención migratoria de que han sido objeto los quejosos, resulta patente que no se encuentran incomunicados, pues como se anotó, estuvieron en aptitud de hacerlo saber al aquí promovente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel de Jesús Corona Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio, a través del usuario que se proporciona. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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