Marco Antonio Rivera García

Expediente 877/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
877/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio Rivera García
  • Marco Antonio Rivera García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Mediante sentencia emitida el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto el juez responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de tres de abril de dos mil dieciséis; y, Hecho lo anterior, con base en los lineamientos trazados en el fallo protector, prescinda de la consideración de que la conducta desplegada por el quejoso ***encuadra dentro del delito de desaparición de personas por particulares, y con plenitud de jurisdicción emita un nuevo auto en el que defina la situación jurídica del inculpado. Asimismo, tomando en consideración que al rendir su declaración ministerial, el quejoso reconoció su participación en los hechos que se le imputan, lo que constituye una manifestación incriminatoria que, atendiendo a lo narrado por el impetrante en su demanda de amparo, pudo derivar de un acto de tortura, se ordena al juez responsable realizar la investigación correspondiente, únicamente desde el punto de violación a los derechos humanos dentro de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a fin de corroborar si existió o no tal trasgresión para los fines probatorios al momento en que se dicte sentencia. Además, se ordena dar vista al Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, a efecto de que investigue la posible comisión de un delito con los hechos sobre tortura expuestos por el citado quejoso *** en su demanda de amparo, a fin de verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente, imparcial, independiente y meticulosa y, en esas condiciones, deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito." En satisfacción a lo anterior, se tuvo a la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitiendo copia certificada de la resolución de seis de enero del presente año. De dichas constancias, se advierte lo siguiente:  El citado Juez dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de tres de abril de dos mil dieciséis, respecto del quejoso Marco Antonio Rivera García.  Asimismo, en dicha resolución con base en los lineamientos trazados en el fallo protector, realizó un análisis y valoración de los elementos delito de desaparición de personas por particulares consistente en la privación de la libertad de una persona y determinó que no quedó plenamente acreditado el delito por lo que decretó la libertad por falta de elementos para procesar en favor del quejoso, circunstancia con la que quedó definida la situación jurídica del inculpado. Además ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para la investigación correspondiente de la posible violación a derechos humanos del quejoso, por ser la autoridad facultada para tal efecto en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A los documentos reseñados se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencía que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. De tal modo, ateniendo a que en párrafos anteriores declaró cumplida la ejecutoria del amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse por una parte negado y por otra concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Notifíquese, personalmente a las partes.

  2. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veinte de enero de dos mil diecisiete: "Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Mediante sentencia emitida el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto el juez responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión de tres de abril de dos mil dieciséis; y, Hecho lo anterior, con base en los lineamientos trazados en el fallo protector, prescinda de la consideración de que la conducta desplegada por el quejoso ***encuadra dentro del delito de desaparición de personas por particulares, y con plenitud de jurisdicción emita un nuevo auto en el que defina la situación jurídica del inculpado. Asimismo, tomando en consideración que al rendir su declaración ministerial, el quejoso reconoció su participación en los hechos que se le imputan, lo que constituye una manifestación incriminatoria que, atendiendo a lo narrado por el impetrante en su demanda de amparo, pudo derivar de un acto de tortura, se ordena al juez responsable realizar la investigación correspondiente, únicamente desde el punto de violación a los derechos humanos dentro de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a fin de corroborar si existió o no tal trasgresión para los fines probatorios al momento en que se dicte sentencia. Además, se ordena dar vista al Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, a efecto de que investigue la posible comisión de un delito con los hechos sobre tortura expuestos por el citado quejoso *** en su demanda de amparo, a fin de verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente, imparcial, independiente y meticulosa y, en esas condiciones, deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito." En satisfacción a lo anterior, se tuvo a la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, remitiendo copia certificada de la resolución de seis de enero del presente año. De dichas constancias, se advierte lo siguiente:  El citado Juez dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de tres de abril de dos mil dieciséis, respecto del quejoso Marco Antonio Rivera García.  Asimismo, en dicha resolución con base en los lineamientos trazados en el fallo protector, realizó un análisis y valoración de los elementos delito de desaparición de personas por particulares consistente en la privación de la libertad de una persona y determinó que no quedó plenamente acreditado el delito por lo que decretó la libertad por falta de elementos para procesar en favor del quejoso, circunstancia con la que quedó definida la situación jurídica del inculpado. Además ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado, para la investigación correspondiente de la posible violación a derechos humanos del quejoso, por ser la autoridad facultada para tal efecto en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A los documentos reseñados se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencía que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. De tal modo, ateniendo a que en párrafos anteriores declaró cumplida la ejecutoria del amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse por una parte negado y por otra concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. ".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro; a través del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en pasado proveído, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley reglamentaria de Amparo, con las constancias de que se trata y las diversas agregadas en proveído que antecede, dese vista a las partes, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; personalmente a las partes

  4. Principal

    En cumplimiento al auto de 22 de abril del 2016, y vista la razón actuarial de 12 de enero del año en curso, con fundamento en el artículo 27 fracción III, en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la resolución de 09 de enero de 2017, en los siguientes términos: "Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro; a través del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en pasado proveído, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley reglamentaria de Amparo, con las constancias de que se trata y las diversas agregadas en proveído que antecede, dese vista a las partes, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; personalmente a las partes."

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