Marco Antonio Reyes Calderon
Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2023
Partes del expediente
- Marco Antonio Reyes Calderon
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés al quejoso Marco Antonio Reyes Calderón, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Tijuana, le informaron que el referido quejoso fue trasladado al Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California. Notificación al quejoso. Atento a ello y en obvio de mayores dilaciones, se ordena indistintamente a los actuarios de la adscripción para que se constituyan en el centro penitenciario donde actualmente se encuentra interno el quejoso Marco Antonio Reyes Calderón y le notifiquen de manera personal el auto antes indicado. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 963/2022-IV. Análisis de la demanda de amparo. Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este impone la obligación de su examen, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, en el entendido de que la misma debe analizarse como un todo en cuanto a cada uno de sus apartados. Para mayor claridad es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, como se dijo, revisada como un todo, se obtiene que el quejoso reclama de las autoridades que señala como responsables el traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California. Quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser estudiado de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior pues en el caso a estudio, se estima que la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Reyes Calderón, es improcedente, al actualizarse respecto a los actos reclamados citados con antelación, la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del mismo. Como preámbulo se señala que el precepto y fracción citados, establecen lo siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente:[...]XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algu´n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligacio´n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentacio´n, cuando so´lo se aleguen violaciones directas a la Constitucio´n o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable sen~ala la fundamentacio´n y motivacio´n del acto reclamado, operara´ la excepcio´n al principio de definitividad contenida en el pa´rrafo anterior; [...]". Precisado lo anterior, es imperante dejar claro que el juicio de amparo es medio extraordinario de defensa; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretenden los agraviados pueden obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, de ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo; es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así, los elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1. El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; 3. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. 4. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Elementos todos los anteriores que se actualizan en la especie y se sostiene así por las razones que a continuación se expondrán: El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." Asimismo, es necesario establecer que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio, pues así lo establece el artículo 9 de la citada ley. Además, según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Además, del proceso legislativo se desprende la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Bajo esas premisas, por lo que ve a los actos reclamados que se hacen consistir en el traslado ejecutado en perjuicio del quejoso del Centro de Reinserción Social Tijuana, en el que actualmente se encuentra recluido, al Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, es necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), estableció como criterio jurídico que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento. Para justificar lo anterior, la Sala del alto tribunal aseveró que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa puede ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, razona la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación procede el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución; mientras que, si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Por tanto concluye la sala, que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. De ahí que, si el quejoso tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, es inconcuso que existen medios ordinarios que deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, si la petición del promovente radica en esencia en el traslado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social del Hongo, en Tecate, Baja California, por órdenes de las autoridades administrativas que precisa en su ocurso; entonces, se advierte que no se trata de un acto fuera de procedimiento y que, en caso de que suceda, existe la posibilidad que un Juez de Control especializado no califique de legal el traslado o, en el supuesto de que sí lo haga, en contra de éste se puede acudir al recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, no pasa inadvertido que el impetrante del amparo en el apartado de incidente de suspensión aduce que esta la solicita para no ser trasladado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social del Hongo, en Tecate, Baja California; sin embargo, el quejoso es omiso en precisar si a la fecha de la presentación de la demanda le había sido informado por alguna de las autoridades que señala como responsables de una inminente orden de traslado o bien si por algún diverso medio tuvo conocimiento de ello; por tanto, esta autoridad considera que tal afirmación en los términos expuestos, constituye un acto de realización incierta, lo cual hasta el momento hace imposible su análisis en esta vía constitucional. Entonces, se reitera, el quejoso acudió a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que han quedado precisados en la presente resolución; empero, no existe prueba alguna en autos que justifique que el impetrante del amaro siguió el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a agotar las instancias ahí contempladas, y con las cuales es posible lograr que la autoridad penitenciaria o judicial, en su caso, se pronuncien respecto de los actos que aquí reclama. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el traslado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social del Hongo, en Tecate, Baja California; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Reyes Calderón. Notificaciones al quejoso. Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "La Mesa", con sede en Tijuana, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo, con la copia correspondiente, se realicen personalmente al impetrante de amparo en dicho centro penitenciario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.11o.C.27 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la legislación en consulta, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan Carlos Rodríguez Jaramillo, dado que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizadas las copias simples que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente al quejoso.
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