Marco Antonio Ramos Vega

Expediente 287/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
287/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Ramos Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Juez Séptimo Especializada en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, por ministerio de ley, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ****/2019/7M, que dejó sin efectos la orden de descuento derivada del embargo trabado sobre el treinta por ciento del excedente del salario que percibe la quejosa ****, pues quedó acreditado que corresponde a una pensión por jubilación y giró oficio al Jefe del Departamento de Asuntos Civiles, Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Puebla, para que cancele los descuentos ordenados por esa autoridad y devuelva a la quejosa las cantidades descontadas con los intereses generados, también giró oficio al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que ponga a disposición la cantidad que resulte de la devolución. Sin embargo, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para que, dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente proveído, remita copia certificada de la notificación a las partes del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ****/2019/7M, los acuses de recibo de los oficios que dice haber girado, con sello de recibido por las autoridades a quienes se dirigieron; en el entendido que, de haber recibido respuesta de su parte, deberá remitir las constancia de las mismas y del auto que haya recaído. En el entendido que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento hecho en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    ...Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, de su análisis, se tiene que, el acto reclamado consiste... Acto que aduce el promovente resulta violatorio del artículo 17 constitucional, pues vulnera su derecho a la impartición de justicia dentro de los términos establecidos en la ley. En la especie, en contra del especificado acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente a las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en "que afecten materialmente derechos", que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que, cuando un particular, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo... En la especie, como quedó precisado en líneas que anteceden, el quejoso ****, por propio derecho, combate la omisión de dictar el acuerdo de radicación por parte de la Junta Especial Número Siete de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, desde la fecha en que presentó su demanda, esto es, el nueve de febrero de dos mil veintiuno. Acto que reclamó, por estimar que ello configura un retardo en la impartición de justicia y que vulnera los derechos de la parte quejosa consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Pero, dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que puedan ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto. Es así, porque tal omisión únicamente posterga el acuerdo de radicación del juicio natural, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias -atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia- no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos en la legislación ordinaria, solamente trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esas trasgresiones no impidan el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Además, conforme a lo señalado por la propia parte quejosa en la demanda, no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento a que desde la fecha de presentación de la demanda el nueve de febrero de dos mil veintiuno, y la presentación de la demanda (cuatro de marzo de dos mil veintiuno), no evidencia una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio de la suscrita no se verifica dicha hipótesis (abierta dilación), por tratarse de un lapso de retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural, si se toma en cuenta que apenas han transcurrido veintitrés días naturales entre las fechas señaladas. Máxime que, conforme a lo expuesto en la ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, debe observarse que el legislador federal ya estableció en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento... De lo que se concluye que, los actos reclamados no traen como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implican una afectación directa y material a los derechos fundamentales del quejoso y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podrían dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, ante su notoria improcedencia. lII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda (firmada en la ciudad de Puebla), y por autorizados en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indicó en la misma, por ser la quejosa la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. IV. Habilitación de días y horas. A fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. Vl. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. VlI. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de ****, apoderado de la parte quejosa, visto su contenido, se le tiene informando que le fue notificado el oficio que adjunta por la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para dar seguimiento al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, quedando este órgano en espera del cumplimiento que dé la autoridad responsable al requerimiento que se le hizo en auto de cinco de marzo del actual.

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