Marco Antonio Ramirez Martinez
Expediente 1580/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marco Antonio Ramirez Martinez
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Colima, Colima, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con contenido de dicho acuerdo dese cuenta en los cuadernos incidentales. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.
- Incidental
Colima, Colima, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y tomando el suscrito en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de depuración, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, ante el (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, que autoriza y da fe, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1580/2016-III-EM, sin asistencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en tres de noviembre del año en curso. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, tomando en consideración la circunstancia con la que la Secretaria da cuenta, relativa a que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que se le formuló en proveído de tres de noviembre de dos mil dieciséis, para que dentro del término de tres días, ratificara el contenido el escrito con número de folio 32808, por tanto se hace efectivo el apercibimiento conminado en dicho proveído y se tiene por no presentado. Abierto el periodo de pruebas, con fundamento en lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite por parte de la quejosa la documental que anexó a su escrito inicial de demanda; medios de convicción que se tienen por desahogados dada su naturaleza; por lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos, los cuales no fueron formulados por las partes interesadas, en consecuencia, se cierra igualmente dicho periodo. En los términos que antecede, concluye la audiencia, quedan los autos para el dictado de la sentencia. Doy fe VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 1580/2016-III-EM, promovido por Marco Antonio Ramírez Martínez; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Marco Antonio Ramírez Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama, que atribuye a las autoridades responsables precisadas en el escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Admisión y trámite. En cinco de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 1580/2016-III-EM; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; otorgó al Ministerio Público Federal la intervención legal que le corresponde; asimismo se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta respectiva, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo previsto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado (materia de la litis). En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que de la integral lectura de la demanda de garantías, así como de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, se hacen consistir en: "La prohibición a la parte quejosa, para que pueda desempeñar un trabajo lícito. TERCERO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primero de los casos, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador; para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Corrobora tal aserto, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." CUARTO. Actos impugnados inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a la totalidad de autoridades señaladas como responsables, ya que al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados la parte quejosa. En virtud de lo anterior, se considera actualizada la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTICULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Del precepto legal trascrito se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. En consecuencia, al haber negado la existencia de los actos combatidos, corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar su existencia y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la consideración expuesta, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página setenta y siete, Tomo 80, Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En ese orden de ideas, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que el peticionario de garantías no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa sostenida por las autoridades responsables, en relación con la existencia de los que actos que de ellas se reclaman. Sin que pase inadvertido que el quejoso formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca delos hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 116 de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil, habida cuenta de que lo en ella afirmado es en su beneficio. Fundamenta la anterior conclusión, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página veintinueve, Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen". En atención a lo razonado, al no haber quedado demostrada la existencia del acto reclamado, en lo que atañe a las responsables señaladas; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, del título: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.", y la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. A las consideraciones precedentes sirve de apoyo la jurisprudencia 1028 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página setecientos ocho del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente, no pasa inadvertido para este Juzgador que las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron que resulta parcialmente cierto el acto reclamado por la parte quejosa, solo en cuanto a que se dedica a la venta de huaraches, empero, ello no forma parte de la Litis del presente juicio de amparo, debido a que tal y como lo informan las responsables para ejercer la actividad del comercio no cuenta con licencia municipal alguna que lo autorice a realizar tal actividad en la vía pública; sin embargo, en ningún momento se la ha realizado inspección o visita en el lugar que dice realiza su venta. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo número 1580/2016, promovido por Marco Antonio Ramírez Martínez. Notifíquese. Lo sentenció y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/Emmm
- Principal
Colima, Colima, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por las autoridades que lo suscriben, así como las constancias que anexa, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicitan, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se les tiene como delegados a los profesionistas que mencionan. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.
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