Marco Antonio Perez Zafra
Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Marco Antonio Perez Zafra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
III- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación que anteceden y el estado procesal de este asunto; asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico, lo cual hasta este momento no acontece, pues no obran de manera digital la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes de este asunto. En consecuencia, a efecto de estar en condiciones de archivar el expediente que nos ocupa, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo precisado en el párrafo que antecede, se ordena al actuario judicial que por terminación corresponda a la brevedad posible efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente a este asunto, a efecto de lograr la correcta integración del expediente electrónico de este expediente; ello, a efecto de colmar la identidad entre éste y el físico, que expresamente lo establece dicho dispositivo. Hecho lo anterior, y previa constatación de colmar las exigencias en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a archivar el presente expediente como asunto concluido, acatando las formalidades que establece el artículo 18, inciso b) del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Marco Antonio Pérez Zafra, respecto de los actos que reclamó al Congreso del Estado de Quintana Roo, Gobernador del Estado de Quintana Roo, Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas, todas con domicilio en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables
- Principal
III-Agréguese el oficio con anexos de cuenta signado por el procurador fiscal del Estado en representación de la Dirección General de Licencia de Bebidas Alcohólicas dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al apercibimiento realizado en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, remite las constancias que tienen relación con los actos que le reclama la parte quejosa. Por tanto, en relación a su contenido se tomará en cuenta al momento de emitir la sentencia constitucional correspondiente, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad Subprocurador Fiscal del Estado, en representación de la Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas, con sede en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto de aplicación que le reclama el quejoso Marco Antonio Pérez Zafra, consistente en el oficio número SEFIPLAN/DS/DGLBA/OD/0598/VIII/2021 de dos de agosto de dos mil veintiuno, con el que le negaron la expedición de una licencia de bebidas alcohólicas con giro de "venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado", tipo minisúper en la carretera "Cafetal-Mahahual, kilómetro 53 + 250, lote 1095 de la localidad de Mahahual, Quintana Roo"; sin embargo, fue omisa en adjuntar copias certificadas de las constancias que se encuentran relacionadas con el aludido acto reclamado. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponde en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, remita copias certificadas, legibles y completas de todas las constancias que tienen relación con el acto que le reclama el promovente Marco Antonio Pérez Zafra. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional, se fija como nueva fecha para su celebración, las once horas del veintiocho de enero de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.
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